Atrapado a dos fuegos: la exigencia de los productores nacionales de leche para privilegiarlos como proveedores y la presión social para mantener intacta la función que le da sustento, el Gobierno panista planea emprender la graciosa huida de Liconsa
La empresa pública Liconsa, cuyas siglas compactan su razón social: Leche Industrializada Conasupo, último eslabón del programa de subsistencias populares que instrumentaron los gobiernos priístas, está enventa.
De hecho, sin diseñarse aún el esquema privatizador o si lo prefiere sin colocarse el letrero de ?Se vende?, ya apareció un interesado: el llamado Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche que encabeza Álvaro González Muñoz.
La oferta de la asociación civil que presume de un padrón de 20 mil productores parece irresistible: mantener la oferta de leche al alcance de los segmentos sociales más desprotegidos del país? sin necesidad de los subsidios que le otorga el gobierno a la paraestatal.
No más manifestaciones ante la residencia oficial de Los Pinos en la ira popular por los incrementos de precio. No más presiones al Congreso para incrementar las partidas a la empresa pública. No más señalamientos de insensibilidad social a los gobiernos derechistas, ni rescates vía subsidio de los de izquierda.
Casi el paraíso
El problema es que la oferta de Liconsa no es sólo de leche, sino de nutrientes que le ofrecen un inmejorable valor agregado al producto. Y el problema es que frente a la oferta en la mesa surgirán media docena más de empresas productoras gigantes que están muy lejos de tener vocación de hermanas de la caridad.
Por lo pronto, la Secretaría de Desarrollo Social, a contrapelo del trato presupuestal privilegiado que le otorgó la Cámara de Diputados, está secando financieramente a la paraestatal, en un escenario en que se habla de agotarse en junio los recursos de operación. De hecho, Liconsa ha suspendido prácticamente su actividad primaria, es decir la industrialización de los sueros que importa del exterior para elaborar el producto.
El pretexto es la grave escasez de leche en polvo para exportación en Estados Unidos, lo que ha provocado un disparo inaudito en el precio, al punto de desaparecer la brecha entre éste y el costo de la leche fresca producida en el país.
De hecho, el diferencial se había venido reduciendo en los últimos años: si en 2004 éste era de 82 centavos (3.50 frente a 2.68), en 2005 se estrechó a 43 (3.64 contra 3.21), para alcanzar 42 entre abril y septiembre del año pasado (3.72 versus 3.30).
En la coyuntura, pues, los productores locales gritan a los cuatro vientos que mantener el esquema de privilegiar la compra al exterior de leche hidratada sería tanto como traición a la patria.
El caso es que Estados Unidos no es el único proveedor disponible en el planeta. Y el caso es que aún con las 90 mil 155 toneladas de leche en polvo que compró el año pasado del exterior, sería injusto decir que Liconsa provocó la grave crisis de los productores, cuyos inventarios superan con mucho a la demanda.
De hecho, en el propio 2006 la multinacional de capital suizo Nestlé adquirió 24 mil 994 toneladas de leche hidratada, en tanto Lala compró ocho mil 23; Chilchota 6 mil 277, y Sigma Alimentos 2 mil 320. Para no ir lejos, en el periodo 2001-2005 la producción nacional de leche de vaca creció sólo 4.2%, en tanto las importaciones lo hicieron 26.8 por ciento.
Y si le rascamos más adentro, Lala adquiere año con año 50 millones de toneladas de leche ultrapasteurizada y 200 toneladas mensuales de mantequilla procedentes de Uruguay, en paralelo a queso de mala calidad fabricado en Chile y preparaciones alimenticias de otros países que se comercializan como fórmulas lácteas bajo las marcas Mileche y Nutrileche. Más aún, se da el caso que los empaques de éstas se fabrican en Argentina. Y para qué le seguimos con otras empresas.
Incapaz, pues, el gobierno de instrumentar un programa de ordenamiento del sector, ahora quiere exhibir la cabeza de Liconsa en calidad de chivo expiatorio. El problema es que el muertito no es una paraestatal más, sino uno de los programas sociales de mayor sustento para el equilibrio del país.
Se vende Liconsa.
Balance general
La noticia es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le devolverá a los particulares las carreteras de cuota incautadas tras el fracaso del programa impulsado por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Las concesiones se colocarán en subasta pública en los próximos meses, sin claridad aún sobre si se vetaría la posibilidad de que los propios ex operadores regresen al negocio.
Como recordará usted, tras el boom de construcción de carreteras privadas de cuota por un global de 8 mil kilómetros en el Gobierno salinista, resultó que la recuperación no empataba con el monto de las inversiones, obligándose el gobierno a extender una y otra vez el plazo de las concesiones. Finalmente, el esquema estalló en medio de una abultada cartera de préstamos bancarios, lo que obligó al gobierno zedillista a un polémico rescate.
Las inversiones se amortizaron vía la expedición de Bonos Carreteros por un global de 65 mil millones de pesos. Ahora que la operación reversa será gradual, iniciándose con un global de 4 mil kilómetros.
La justificación habla de incapacidad del gobierno frente a los altos costos de mantenimiento? por más que las carreteras se entregarán arregladitas y en la boca.
Lo cierto es que los nueve foros realizados en 2004 por la Concamin, según ello para ?ambientar? el trámite legislativo de cara a la propuesta de reformas a la Ley del IMSS en afán de cancelar la posibilidad de que éste siguiera desviando recursos de operación para cubrir boquetes en materia de pensiones y jubilaciones de los trabajadores del organismo, eran innecesarios.
Las propuestas apuntaron en su mayoría a plantear escenarios de flexibilidad del instituto frente a la morosidad u omisión de las empresas aportantes.
Se diría, pues, que se trató simple y llanamente de taparle el ojo al macho para justificar los donativos por 8 millones 500 mil pesos entregados a la cúpula industrial por el IMSS.
El subsidio disfrazado se convirtió en la manzana de la discordia frente a las sospechas de desfalco por parte de los directivos salientes del organismo encabezados por León Halkin.
Ahora que la gran pregunta es si al IMSS le sobra dinero para regalarlo en eventos inútiles.
Oficializado, finalmente, el nombramiento del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, como presidente de la filial en México de la Telefónica de España que opera bajo la razón social Movistar, éste entrará en funciones el primer día de marzo próximo. Lo curioso del caso es que se había filtrado insistentemente que el cargo alcanzaría jurisdicción hacia Centroamérica, lo que al parecer rechazó Gil Díaz por su imposibilidad de viajar por problemas familiares.
QBE, la compañía de seguros más grande de Australia, acaba de engullirse a la firma Cumbre Seguros, vía el pago de 26 millones de dólares.
La empresa mexicana se dedica a cubrir el nicho de pólizas para propiedades comerciales de pequeñas y medianas empresas. El año pasado su facturación alcanzó 58 millones de dólares.
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