Pendiente la presentación por parte de Fertinal de una demanda alterna “por daños secuenciales”, tras doblar al grupo asegurador ING en un pleito de seis años por el pago de una póliza, el segundo round está ya en el ring… con nuevos actores
Hete aquí que en la sorpresa el diputado de Nueva Alianza, Manuel Cárdenas Fonseca, está exigiendo a las autoridades castigar desde el plano administrativo a la compañía de capital holandés, y desde otro ángulo, tomar las medidas pertinentes para evitar situaciones similares.
Las flechas apuntan concretamente a la Secretaría de Hacienda, y de la Función Pública, además de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Como usted sabe, en lo que constituyó la última instancia, el Primer Tribunal Colegiado de Distrito del Poder Judicial de la Federación condenó a ING al pago de mil 500 millones de pesos por concepto de pago de una póliza “todo riesgo a primer riesgo”, tras la destrucción de las instalaciones de la filial de la demandante Roca Fosfórica Mexicana, al embate de la furia del huracán Juliette.
El percance ocurrió en septiembre de 2001.
En el lapso la firma, ayuna de la materia prima para fabricar fertilizantes fosfatados, le alcanzó otro huracán: la quiebra, arrastrando siete mil fuentes de empleo, proveedores, ingresos por exportaciones y provocándose una grave crisis de abasto de un producto vital para el campo.
Y aunque la Condusef en su momento intervino en el asunto, agotada la posibilidad de avenencia emitió una resolución en exigencia de una indemnización de 43 millones de dólares, que si bien estaban muy lejos de los 13 que quería pagar ING, lo estaban aún más de los 112 que finalmente se pagaron.
Ahora que la vela en el entierro del diputado Cárdenas se la dio su condición de secretario de la Comisión de Hacienda, además, dice, de la afectación que el caso provocó en la confianza de la sociedad, “que es el valor fundamental a tutelar por el Estado”.
En su exhorto a la Condusef “para prevenir irregularidades futuras y corregir aquellas en que se haya incurrido”, el legislador recuerda que en la larga ruta por la justicia se ejercitó acción penal contra directivos de la aseguradora; se formularon denuncias por presunta falsificación de documentos y otros delitos, además de que un juez ordenó un embargo precautorio de la demandada.
Todo ello, señala a la letra la misiva, “suscitó la preocupación de los usuarios de servicios de la empresa involucrada y vino a mermar aún más la confianza general en el sector de las aseguradoras”.
Cárdenas Fonseca se lamenta que hasta hoy ninguna autoridad responsable de la vigilancia y el control del mercado financiero y de seguros “se ha preocupado siquiera de realizar acciones informativas, preventivas o de verificación frente a la evidencia de la mala práctica comercial de la aseguradora”.
El reclamante exige, por último, que la Comisión le informe sobre las medidas que, en ejercicio de sus facultades y cumplimiento de sus obligaciones, se hayan tomado para garantizar que ING se conduzca con apego a la ley con pleno respeto a los derechos de los usuarios de sus servicios, así como de lo que haya difundido para advertir de la falta de ética de los directivos de la misma.
¡Pácatelas!
En el caso de la misiva dirigida al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, se señala que al margen de los graves daños a Fertinal, la pérdida de un sinnúmero de empleos directos e indirectos y las afectaciones a productores agropecuarios, el caso “implica también una seria amenaza a uno de los valores fundamentales que regulan las relaciones de las empresas aseguradoras con el público”.
Más allá, se anota a la letra que “llama poderosamente la atención la excepcional situación de que disfruta ING en el país, donde a pesar de las públicas, claras y reiteradas muestras de su poca solvencia moral y comercial, se le ha venido otorgando un trato de verdadero privilegio por parte del gobierno federal, al grado que hoy es una de las principales aseguradoras del patrimonio público.
Finalmente, en el caso de la carta al secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, se señala abiertamente que durante la administración foxista el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, se vio envuelto en acusaciones de favorecer y beneficiar a ING.
Más aún, se anota que no hay información sobre el estado que guardan denuncias por eventuales irregularidades y faltas administrativas relacionadas con la asignación de contratos públicos a favor de ING.
El escándalo, pues, sigue vivo.
Balance general
La noticia es que en la agenda de la Secretaría de Economía está escrita la posibilidad de un Acuerdo de Libre Comercio con China. De hecho, ya está lista una misión de sondeo con las autoridades del país de la muralla.
La exposición de motivos habla de ordenar el flujo que llega del gigante asiático y, de pasadita, aprovechar la vía para incrementar nuestras importaciones.
Como usted sabe, el año pasado el déficit en la balanza comercial entre México y el continente asiático llegó a 62 mil millones de dólares.
En el caso concreto de China, al margen del contrabando, se facturaron mercancías por 34 mil millones de dólares, en tanto México le vendió apenas mil 134 millones.
De oficializarse la alternativa se desatará inevitablemente una catarata de inconformidades por parte de los empresarios, dado que el país aún no ha definido la estrategia para aprovechar los 12 acuerdos mercantiles firmados, que alcanzan a 45 países.
Pues ahora resulta que la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación que encabeza Francisco Villarreal no ha aceptado aún la oferta de Aeroméxico de “comprarle” cláusulas del contrato colectivo que garantizan prestaciones, a cambio de un pago único de 12 millones de dólares.
La pelea del órgano sindical se centra en firmar un convenio de productividad en el que se le colocaría un paréntesis de tres años a las cláusulas de la discordia, a cambio de reintegrarlas a la letra pasado el lapso.
Lo único que hemos aceptado, dice Villarreal, es que no hubiera incremento salarial en la revisión contractual.
Aunque se menciona insistentemente el nombre del ex presidente del ex banco Inverlat, Agustín F. Legorreta, entre los demandantes del Scotiabank por un supuesto incumplimiento de compromisos con ex accionistas de la intermediaria que pasó a la férula de los canadienses, la versión es incorrecta.
Aunque el apellido está en la lista, el reclamante es uno de sus hermanos.
Como usted sabe, la querella se ventila en las cortes de Nueva York.
Tres serán los conferencistas magistrales de la cumbre Endeavor de Directores 2007 a celebrarse el miércoles próximo en el Centro de Convenciones Banamex: el presidente del banco de inversión Protego, Pedro Aspe Armella; el de Casa Cuervo, Juan Bekman, y el de la promotora de vivienda Homex, Eustaquio de Nicolás. La intención es reunir a 300 directores de empresas en crecimiento.
El presidente de Endeavor México es Elías Cababié, de la empresa Gicsa.
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