Siete años después, al fin, hay una leve luz en el túnel de uno de los casos más escandalosos de corrupción en el país que involucran a un funcionario de primer nivel, a quien se acusó abiertamente de recibir sobornos por parte de una multinacional para la entrega de contratos.
Estamos hablando de Alfonso Caso Aguilar, ex director de Luz y Fuerza del Centro, a quien se le señaló como receptor de diversos envíos entregados a la usanza de la vieja escuela, es decir, en maletines negros, por parte de la firma francesa Alstom Internacional.
La compañía, un sexenio después, ha sido suspendida por la Secretaría de la Función Pública para participar en licitaciones públicas por un lapso de dos años, que se agotará el 28 de junio de 2009.
Lo curioso del caso es que la circular expedida por la dependencia encabezada por Germán Martínez, con vista a todas las instancias de la administración pública federal y las entidades federativas, además de la Procuraduría General de la República, no especifica la causa de la sanción.
El texto sólo señala a la letra que la prohibición para incluir a la firma en procedimientos de contratación de adquisiciones o arrendamientos y servicios, así como de obra pública, se da cuando éstos tengan el respaldo total o parcial de fondos federales.
Más allá, se advierte que deben respetarse los contratos pactados en la fase previa.
Lo cierto es que el llamado “caso Caso” se ha manejado en el más profundo sigilo. Ratificado en la posición que había tenido durante el sexenio zedillista al arribo del llamado Gobierno del cambio, de pronto, sin mayor explicación, Alfonso Caso Aguilar fue destituido del cargo. De hecho sólo duró algunas semanas.
Al paso del tiempo, sin embargo, se conocería a cuentagotas la causa: la empresa francesa, hoy propiedad de Areva T & D, le daba sobornos por diversos contratos otorgados por la paraestatal… en un escenario similar al que se habría mantenido desde la gestión del funcionario como director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
De acuerdo con documentos de la Procuraduría General de la República, convocados a declarar el ex director de Alstom en México, Bernardo Prieur y su asesor externo, Enrique Fernández Castelló, señalaron que desde la matriz de la firma se les ordenaba realizar los pagos en efectivo, entregándose en maletines.
Según ello la orden provenía de Pedro Solá, quien hasta el año pasado era representante de la multinacional en Asia.
Las dádivas a Caso Aguilar habrían alcanzado entre 1994 y 2000 un monto de 800 mil dólares, destinándose 400 mil más para Antonio García Rojas, ex subdirector de Luz y Fuerza del Centro.
Los datos constan en la averiguación previa 117/UEIDCSPCAJ/04 abierta por el delito de cohecho.
El hecho es que la firma multinacional se lavó las manos del asunto, aduciendo, vía su director jurídico mundial, Andrew Hibbert, que las transferencias realizadas desde cuentas en Suiza estaban destinadas a pagar trabajos de consultoría, y que si había un delito, éste sería con cargo a Prieur.
Más aún, se adujo que a éste y a su asesor se les habían congelado cuentas en Suiza por 12 millones 137 mil dólares y un millón 485 mil euros, alimentadas por depósitos que se realizaron entre 1994 y 2000.
Lo curioso del caso es que en 2004 la Procuraduría General de la República concluyó que en el asunto no había lavado de dinero ni delincuencia organizada, turnándose el expediente a la Unidad Especializada e Investigación de Delitos contra Servidores Públicos. Y a partir de ahí nadie sabe, nadie supo.
La rendijita, pues, se abrió hace unas semanas: ¿se castigó al fin a Alstom? ¿Se reabrirá completo el expediente? ¿Se procesará a Caso Aguilar? ¿Nos esperamos otros siete años?
Balance general
La noticia es que Mario Laborín se va del Gobierno. El supuesto superbanquero oficial, a quien se lo encomendaron dos chambas: la Dirección General de Nacional Financiera y la del Banco Nacional de Comercio Exterior, renunciará en los próximos días, según ello, para atender asuntos personales de negocios de Monterrey.
La pretensión del ex ejecutivo del grupo financiero BBVA-Bancomer desde finales del sexenio pasado había sido el tener su propio banco. De hecho, inició la integración de los socios y aún la promoción de éste… con recursos de Nacional Financiera.
La dimisión llega en medio de una catarata de solicitudes de aclaración a la Secretaría de Hacienda por parte de la Función Pública sobre diversas acciones del banco de desarrollo durante su gestión. Laborín es cuñado del gobernador de Sonora, Eduardo Bours.
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La noticia es que Transportación Marítima Mexicana de José Serrano Segovia está lanzando la primera operación de bursatilización a futuro de sus ingresos en la historia del país. Estamos hablando de emitir certificados bursátiles por un monto de tres mil millones de pesos a 20 años de plazo, respaldados por la facturación que realice en ese lapso la compañía.
Los papeles se pactarán a una tasa de rendimiento equivalente a la TIE (Tasa de Interés Interbancaria Estimada) más 2.25 puntos base, lo que los coloca en un escenario de gran atractivo, tras obtener la calidad crediticia, AA (mex9 de la calificadora Fitch Ratings.
Los recursos se emplearán en la compra de barcos que permitan ampliar la flota de la empresa. La bursatilización es parte de un programa de certificados bursátiles que podría en su momento incrementarse hasta un total de nueve mil millones de pesos en la medida en que se ensanche la coyuntura de crecimiento de la marina mercante mexicana.
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Le comentábamos hace unos días del apresurado desayuno convocado en Los Pinos con la plana mayor de los empresarios que se dedican a tareas filantrópicas, en cuya carambola se le empalmó la agenda al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, quien tenía un evento idéntico con el Consejo Coordinador Empresarial.
Bien, pues el evento se planeó a solicitud del ex presidente del Grupo Bimbo, Lorenzo Servitje, tras el desplante presidencial (“No es con acciones filantrópicas como se acabará la pobreza en México”), en respuesta a un reclamo empresarial contra la propuesta de reforma hacendaria que cancela la posibilidad de deducción de gastos en materia de ayuda social comunitaria.
El arranque del presidente Felipe Calderón se dio en un evento convocado por la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, organismo fundado, justo, por Servitje.
El caso es que éste fue uno de los principales aportantes a la campaña panista por la Presidencia de la República, además de pagar desplegados bajo la firma de la jerarquía católica para denostar las protestas de quienes exigían recontar los votos tras la elección.
Ahora que en la caravana estaban la mitad de los patrocinadores del panismo.
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Conocida por sus siglas, PCTU, la Productora y Comercializadora de Televisión acaba de renovar su consejo de administración, tras nombrar presidente honorario vitalicio a Alejandro Álvarez Guerrero, el gran pionero de la televisión por cable.
La planilla aprobada por unanimidad de la asamblea de socios la encabeza el hijo de éste, Javier Alejandro Álvarez Figueroa, quedándose como vicepresidente Ernesto Tinajero Flores y como tesorero Óscar Cota Castro.
Entre los consejeros están Carlos Álvarez Figueroa, Alejandro Puente Córdoba, Alberto Rico Zertuche y Héctor Vielme Valdivia.
El director general de la firma es Eugenio Dubernard González.
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Por unas brevísimas vacaciones de su autor, esta columna volverá a publicarse el próximo lunes 30 de julio.
barrancoalberto
@prodigy.net.mx
