A contrapelo del escándalo desatado, los funcionarios de la SCT en pos de un amparo contra la objeción del Senado a su nombramiento como comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones no levantarán el procedimiento de la mesa. De hecho, la consigna es tope en lo que tope
El asunto, por lo pronto, llegará a su recta final el próximo martes, cuando el juez de la causa desahogue la audiencia constitucional obligada, cerrado el periodo de pruebas, lo que lo colocará en opción de dictar sentencia.
De otorgarse el amparo a los hoy subsecretario de Comunicaciones y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, Rafael Del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous, podría darse el caso que el togado ordenara reponer el procedimiento con afán de transparentarlo, es decir, que los legisladores señalen expresamente las causas de la objeción? o les pongan ahora sí palomita.
Naturalmente, la sentencia dejaría en el limbo el nombramiento de los comisionados con los que se sustituyó a los objetados, es decir, Eduardo Ruiz Vega y Gerardo Francisco González Abarca? quienes se ampararían de inmediato.
En el hipotético ping-pong la última palabra la tendrá necesariamente el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien analiza justo dos casos análogos: la exigencia de ley de que el Congreso tenga capacidad de veto frente al nombramiento por parte del Ejecutivo de los integrantes del pleno de la Comisión Federal de Competencia y del director general de la agencia de noticias Notimex.
De hecho, como usted sabe, en ambos casos el procurador general de la República, en su calidad de abogado de la nación, presentó sendas controversias constitucionales.
El punto central, el meollo, el eje del asunto radica en lo que se califica como invasión de poderes, es decir, injerencia indebida del Legislativo en atribuciones propias del Ejecutivo sin haberse realizado una modificación previa a la Constitución.
De acuerdo con ésta, los únicos casos en que el Senado o bien la Comisión Permanente del Congreso pueden ratificar u objetar nombramientos realizados por el Ejecutivo es en materia del servicio diplomático y en algunos cargos de la Secretaría de Hacienda.
Ahora que del otro lado de la moneda, el sustento en que apuntala el Congreso su derecho de veto estriba en la calidad de autónomo que se confirió a los organismos, así a la Cofetel como a la Comisión Federal de Competencia y a Notimex.
Por lo pronto, de acuerdo con los plazos previstos por el máximo tribunal de justicia del país, está ya en la antesala la discusión sobre el proyecto de resolución que elaboró la ministra Olga Sánchez Cordero respecto de la constitucionalidad de la nueva Ley Federal de Competencia Económica.
De prevalecer la tesis de ésta, se declararía contrario a la Constitución el ordenamiento, lo que obligaría al Congreso a discutir los ajustes obligados.
Y como uno de los puntos impugnados es justo si el Legislativo puede objetar el nombramiento de los comisionados de la Comisión Federal de Competencia, la carambola alcanzaría a la Cofetel y, naturalmente, Notimex.
Ahora que el embrollo que coloca a Kramer contra Kramer, por más que el amparo de los funcionarios de la SCT no apunta a quienes los sustituyeron, sino a la objeción del Senado, llegó ante el temor del gobierno foxista de quitarle un pétalo a las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ley Federal de Radio y Televisión conocidas como ?Ley Televisa?.
Digamos que en lugar de impugnar ésta, más específicamente el último párrafo del artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, vía una controversia constitucional, dejó correr el procedimiento, al punto de aceptar propuestas del Legislativo para sustituir a los objetados, que en realidad fueron tres: Rafael Del Villar, Gonzalo Martínez Pous y Julio Di Bella Roldán, ratificado, por cierto, como director general del Canal Once.
Lo curioso del caso es que ahora sea el propio jurídico de la Presidencia de la República el que está alentando a los funcionarios de la SCT a no rajarse.
Y lo curioso del caso, por lo demás, es que la demanda penal interpuesta en su calidad de terceros perjudicados por los comisionados de la Cofetel, Eduardo Ruiz Vega y Gerardo Francisco González Abarca, contra éstos ya habían sido rechazada en diciembre del año pasado al considerarla el Ministerio Público ?notoriamente improcedente?.
La querella, como usted sabe, apunta hacia tres presuntos delitos: usurpación de funciones bajo el supuesto de que se ostentan como comisionados de la Cofetel; duplicidad de funciones, y falsedad de datos para tramitar el juicio de amparo.
El desenlace de la telenovela, pues, está a la vuelta e la esquina.
Balance general
Fiel al reclamo que ordena pagar favor con favor, Televisa está a punto de colocar en su nómina a Porfirio Sánchez, el principal asesor del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
El ex funcionario estará a las órdenes de Alfonso De Angoitia. Durante el sexenio pasado el súper asesor fue el responsable de impulsar la campaña para promover el uso masivo de tarjetas de crédito, para lo cual la dependencia canalizó formidables subsidios, la mayoría de los cuales no cumplió las mínimas reglas de transparencia.
De hecho, son millones los que están en la oscuridad.
Como usted sabe, una de las vías para promover el hábito del dinero de plástico, que según la óptica de la dependencia permite una fiscalización más efectiva de los causantes, fue el programa de sorteos para tarjetahabientes conocido como Boletazo. Los regalos salieron en su mayoría de la Secretaría de Hacienda.
El programa, como usted sabe, lo transmite Televisa.
Quien se colocó en alerta permanente tras la decisión del gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez de nacionalizar empresas de telefonía y electricidad ubicadas como estratégicas, es Cementos Mexicanos.
La empresa que encabeza Lorenzo Zambrano es propietaria de 75 por ciento de la principal cementera de la nación sudamericana. De hecho, en los días subsecuentes a la medida, las acciones de Cemex Venezuela se desplomaron en su precio.
Para la tercera productora mundial de cemento el país sudamericano representa ingresos por mil 200 millones de dólares al año, equivalentes a cinco por ciento de su consolidado mundial, con la novedad de que parte de la producción se exporta a Estados Unidos.
La noticia es que la Comisión Federal de Competencia presentó una apelación contra la decisión de un juez que invalidó la declaración de dominancia en cinco mercados que había emitido ésta contra Teléfonos de México.
La resolución, como recordará usted, se hizo pública en 1998, en la cresta de la ola que presionaba para atenuar la hegemonía de la firma vía hacer efectivas las medidas de contención previstas en el Título de Concesión con que opera.
Textualmente se ubicaba el dominio de Telmex en telefonía básica local, larga distancia nacional e internacional, acceso de red y transporte interurbano.
El recurso se planteó la semana pasada.
Incontenible en su expansión, el grupo Alsea abrió 17 tiendas más en diciembre pasado, para alcanzar un global de 86 a lo largo y ancho del hemisferio americano.
La lista habla de 10 Starbucks, con mucho la franquicia más dinámica; tres Burger King, dos en México y uno en Chile; un Domino?s Pizza, un Popeye?s y dos Chili?s.
El promedio de crecimiento anual de estos establecimientos de comida rápida es de 23%.
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