Colocado en punto muerto el litigio entre la empresa fabricante de fertilizantes Fertinal y la compañía de seguros ING Comercial América al ampararse una y otra contra una sentencia judicial que modificó el monto de una indemnización en discordia, el gobierno michoacano plantea el punto final del asunto.
Estamos hablando de vender al capital extranjero la firma cuya razón social es Agroindustrias del Balsas, y quien surgió a la privatización fragmentada de la paraestatal Fertimex.
La estrategia aspira al triple play: aislar el problema entre la aseguradora de capital holandés y el socio mayoritario de la firma; reactivar la alicaída economía del puerto de Lázaro Cárdenas, tras la prolongada parálisis en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, y enfrentar la grave situación de escasez de fertilizantes fosfatados en el país.
Casi el paraíso.
El problema es que en la prisa por tenderle la alfombra al paso de nuevos dueños de la malograda compañía, se está cometiendo una grave injusticia al pretender cerrar el expediente de una demanda laboral promovida por trabajadores de confianza de la empresa, por la vía de la coacción.
El golpe afecta a 180 de los 238 empleados que se quedaron en el limbo hace seis años al obligarlos la empresa a firmar un convenio mediante el cual aceptaban una suspensión de labores de dos meses, a pretexto de un súbito encarecimiento de las materias primas que volvía incosteable la producción.
El caso es que Fertinal ya no reabrió sus puertas.
En el intermedio, como usted sabe, se atravesó la furia del huracán Juliette que destruyó las instalaciones de Roca Fosfórica Mexicana, la principal de sus filiales ubicada en la Paz, Baja California Sur.
A partir de entonces, septiembre de 2001, Fertinal se enfrascó en un pleito a muerte con ING Comercial América, tras negarse ésta a entregarle un anticipo de la indemnización reclamada al amparo de una póliza "contra todo riesgo", para mover escombros.
El expediente saltó de los juzgados de Baja California Sur a los de Morelos, Michoacán y la ciudad de México, con la novedad de que finalmente, en septiembre de 2005, se condenó a la aseguradora al pago de 275 millones de dólares entre daños inerciales e intereses correspondientes.
ING apeló el asunto ante un Tribunal Colegiado quien modificó la indemnización, para dejarle en 90 millones de billetes verdes… contra lo que se ampararon las dos partes.
En el camino, desatada la furia de los trabajadores sindicalizados con la toma de carreteras y casetas de peaje, el entonces secretario del Trabajo, Carlos Abascal, gestionó que se les indemnizara conforme a la ley con recursos del gobierno federal y el de Michoacán.
En el arreglo quedaron al margen los empleados de confianza, quienes debieron emprender una larga batalla que seis años después no encuentra el fin.
Aunque de entrada lograron una resolución que obligaba a la empresa a indemnizarlos en consonancia con la ley, hasta hoy ninguna autoridad laboral ha tenido a bien obligar a la parte patronal a acatar la sentencia radicada en el expediente 58/2001.
De hecho, ante evidencias de un presunto contubernio entre ésta, es decir Fabio Covarrubias Piffer, y los funcionarios de la Junta Especial Número 15 de Conciliación y Arbitraje, los afectados plantearon una querella contra la presidenta del órgano, Catalina Zavala Olivares y su auxiliar, María Magdalena Kabsch Vela, quienes hasta hace unas semanas fueron separadas de sus cargos.
Lo inaudito del asunto en que pese a la resolución adversa a la empresa, se permitió a ésta plantear por su parte dos querellas en el 2003 (expedientes 309 y 327), solicitando el fin de la relación laboral por problemas de solvencia… léase sin derecho a indemnización.
El hecho es que ante el apremio por limpiar la casa en espera de los nuevos dueños, se está ejerciendo presión contra los demandados para desistirse de la querella, bajo el señuelo de ser recontratados… en otro puesto y con otra empresa… digo si hay vacantes.
La oferta habla de pagarles un mes de salarios caídos… en un lapso de seis meses, sin compromiso de retribuirles las cuotas del Seguro Social que les retuvo la empresa y jamás enteró, y bajo la condición de presentarse solos, esto es sin abogados al calce, y bajo la sanción de un representante del gobierno michoacano.
Lo tomas o lo dejas.
Por lo pronto, de los 180 empleados en lucha, 130 los representa la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y 50 un despacho particular de abogados.
Los primeros pelean en Michoacán. Los segundos en la capital del país.
Vía crucis de seis años.
Balance general
La filtración a un diario especializado de Nueva York del plan de reestructuración que plantea Citigroup, el banco más poderoso del mundo, en cuyo marco se inscribe un recorte en la nómina equivalente al tres por ciento, es decir 15 mil trabajadores, provocó una inusual caída en el precio de las acciones de la intermediaria, ante el temor de los inversionistas de que los mil millones de dólares reclamados para indemnizaciones salgan de las utilidades.
El hecho es que la estrategia se aplicará globalmente, es decir alcanzará a las filiales del conglomerado financiero en todo el planeta.
En el caso de México, es decir el grupo financiero Banamex-Citigroup, se sabe ya que la poda alcanzará a tres mil empleados.
De hecho, las barbas de éstos se remojan desde hace un mes.
Por lo pronto, el anuncio oficial se realizará el 16 de abril, cuando el conglomerado anuncie sus resultaos al primer trimestre.
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La noticia es que el juez de la causa rechazó, bajo el argumento de ser "notoriamente improcedente", la solicitud de amparo que planteó el líder del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares, Elías Morales, contra la reconfiguración del padrón de éste que realizó la Secretaría del Trabajo.
De acuerdo al cálculo original de la dependencia realizado durante el sexenio anterior, eran 265 las delegaciones sindicales que integraban el órgano de representación laboral.
Sin embargo, el nuevo recuento habla de sólo 70.
Naturalmente, éste se realizó con la mira de trazar el escenario hacia una convención nacional en que se definiera quién es quién en el liderazgo, es decir si se ratifica a Morales; se opta por el regreso de Napoleón Gómez Urrutia, o llega un tercero a la pelea.
De acuerdo al juez, la dependencia tiene no sólo el derecho sino la obligación de actualizar el padrón cada tres meses.
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La promesa de las empresas cementeras instaladas en el país, es decir Cementos Mexicanos, Holcim Apasco, Lafargue, Cementos Cruz Azul, Cementos Chihuahua y Cementos Moctezuma, habla de invertir en ampliación de infraestructura este año entre 800 y mil millones de dólares, lo que implicaría más del doble de la apuesta de 430 millones sembrada el año pasado.
La expectativa habla de un crecimiento de tres por ciento del mercado ante el dinamismo en el sector de vivienda; el incremento en los programas de infraestructura del gobierno; el avance demográfico, y el potencial del crecimiento del consumo per cápita del país, para llegar a 90 kilos por año.
El compromiso se planteó en un seminario organizado por la Cámara Nacional del Cemento.
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