Las fanfarrias sonarán en las próximas horas al encuentro de un rito sexenal que, pese al estruendo, llegará desangelado: la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, en cuya confección se soslayó al menos 60 por ciento de los sectores involucrados
La paradoja del caso es que el principal reclamo de quienes impugnan el documento derivado de la exigencia planteada por el artículo 26 de la Constitución no apunta sólo a la aridez democrática, sino a la certeza de que el gobierno está abandonando la prometida visión de largo plazo.
¿Se acuerda usted del diez, 20, 30 de que se habló a la integración del equipo de transición?
De acuerdo con la Ley Reglamentaria del texto de la Carta Magna, aunque se reclama que la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo no rebase el ámbito sexenal, se prevé que pueda contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo.
El éxito del despegue económico de España tras el fin de la dictadura franquista, por ejemplo, se sustenta en la visión de largo plazo, cuyas metas intermedias las certifica no sólo el Ministerio de Economía, sino las diferentes autonomías.
Actualmente, con una nación plenamente integrada al tú a tú con la Unión Europea, el país ibérico tiene planes sectoriales que caminan del año actual a 2013.
Francia, a su vez, cuenta con un Plan de Desarrollo de largo plazo en que se prevén cortes para determinar los avances, reprogramar acciones y perfeccionar objetivos. Digamos que el nuevo presidente conservador, Nicolás Sarkozy, no tiene frente a sí un plazo de seis meses para diseñar la ruta del país.
El horizonte, al margen de corrientes ideológicas en el poder, lo traza un Consejo Económico y Social al que concurre una representación democrática de todos los sectores.
La fórmula la manejan exitosamente naciones como Japón, Corea y Vietnam bajo un marco regional o sectorial. Ahora que el mejor ejemplo del sureste asiático lo constituye China, cuya planeación alcanza un ámbito de 50 años, con la exigencia de realizar cortes quinquenales en los que se reajusta el camino y se emprenden acciones calendarizadas.
De hecho, a partir del año pasado el Partido Comunista está aplicando el undécimo Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social, privilegiando, en este caso, el desarrollo regional.
Y si le seguimos, en América Latina existen también ejemplos exitosos en Brasil y Colombia. El país carioca, bajo la sanción de un Consejo Económico y Social que se intentó infructuosamente replicar en México, mantiene un horizonte hasta 2030, con cortes este año, 2015 y 2022.
A su vez, Colombia tiene un Plan de Desarrollo quinquenal, pero en forma paralela realiza un programa de visión prospectiva al que se conoce como Colombia 2019.
De acuerdo con la óptica de la prestigiada firma Consultores Internacionales, que encabeza Julio Millán, un ejercicio de planeación a largo plazo en nuestro país debería alcanzar un mínimo de cinco programas identificados en sectores específicos o regiones potenciales.
El primero sería energía, bajo la urgencia de emigrar de un paradigma petrolero hacia otro en el que concurran diferentes fuentes alternativas, ya sea solar, eólica, hidroeléctrica, minihidroeléctrica, además de aprovechar los litorales y corrientes marinas, la geotermia, la energía nuclear y algunos tipos de biomasas combinadas con la riqueza fósil que nos queda.
Más allá, se habla de convertir a México en el nodo logístico de América Latina, detonando obras de infraestructura que permitan enlazar a la totalidad del hemisferio como puerta de la Unión Europea, en un escenario en que actualmente cuesta más consolidar medio contenedor en una aduana nacional, que un recorrido entre Japón y China.
La baraja habla también de un gran impulso a la agroindustria y explotación marina, justo cuando las megatendencias internacionales apuntan a encarecer la producción de alimentos.
El reto sería no sólo generar éstos, sino bienes orgánicos cuya demanda es creciente. Así textiles, aditamientos y accesorios, aditivos industriales, medicamentos… previa identificación de regiones con vocaciones productivas específicas vinculadas a cadenas productivas.
La posibilidad habla también de identificar esferas de turismo temático y de constituir ciudades inteligentes para información y telecomunicaciones, que hospedarían a los grandes consorcios nacionales e internacionales.
¿Seguimos reinventando el país cada seis años?
Balance general
La sorpresa llegará en los próximos días cuando el presidente Felipe Calderón anuncie el nombramiento de dos de los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en sustitución de Eduardo Ruiz Vega y Gerardo González Abarca.
Como usted sabe, éstos quedaron en el aire al conceder un juez federal una suspensión definitiva al actual subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Rafael del Villar, y al director jurídico de la dependencia, Gonzalo Martínez Pous, contra la objeción del Senado tras su nombramiento presidencial en tales posiciones. La paradoja del caso es que éstos renunciarán a sus derechos para ocupar el cargo.
Ni Chana, ni Juana, pues.
La designación de los sustitutos será hecha pública una vez que la Suprema Corte de Justicia emita su resolución frente al recurso de inconstitucionalidad planteado contra la llamada Ley Televisa por un grupo plural de ex senadores.
Por lo pronto, se da como un hecho que se declare hoy invalidada la exigencia de sanción del Senado a los nombramientos de comisionados.
Ahora que entre el dicho y el hecho podría haber un obstáculo: que se ampararan a su vez Ruiz Vega y Martínez Pous, lo que colocaría en punto muerto la posibilidad de la Cofetel de tomar decisiones por falta de quórum.
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La noticia es que una de las posibilidades que se barajan para darle cuerpo a la reforma hacendaria en la antesala es la de revivir el viejo proyecto de gravar las herencias y legados, lo que según los técnicos implicaría una minita de oro.
La alternativa existía en el amanecer de la década de los 40, bajo la justificación de los estragos que la Segunda Guerra Mundial provocaba a la economía del país.
Sin embargo, fue derogada antes al terminar ésta ante la imposibilidad, por un lado, de fiscalizar su cumplimiento, y por otro, frente a los alegatos jurídicos de los afectados sobre duplicidad en los gravámenes.
La gran pregunta es cuál sería en este caso la exposición de motivos: ¿La guerra contra el narco?
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Quiérase que no, está en la puerta un nuevo choque entre la Comisión Federal de Competencia y Teléfonos de México. La manzana de la discordia, esta vez, es la pretención de la empresa de Carlos Slim de tomar el control de la compañía que administrará los datos del universo de usuarios de telefonía fija y móvil de todas las empresas que prestan el servicio.
De acuerdo con la percepción de sus competidores, la maniobra le daría a Telmex ventajas al momento de hacerse efectiva la portabilidad, es decir, el que un usuario pueda mantener su número pese a cambiar de compañía.
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