Según sus proyecciones, el IMSS alcanzó un escenario de quiebra técnica el último día del año pasado, al registrar un saldo negativo en su patrimonio de 79 mil 808 mdp
Más aún, el renglón que tradicionalmente marca excedentes de ingresos alcanzó al mismo lapso un saldo negativo de 85 mil 907 millones, 17 mil 800 más que en 2005.
El panorama hacia el año próximo y el siguiente no es menos apremiante, dado que se registrará un déficit de operación de 11 mil 380 y 15 mil 462 millones, ante la exigencia de crear reservas superiores a 20 mil millones de pesos.
Estamos hablando de 21 mil 22 millones para el 2008 y 22 mil 74 para el 2009.
Y si le seguimos, la proyección actuarial recogida en su Informe sobre la Situación Financiera y Riesgos 2006-2007, plantea pérdidas para este año, 2008 y 2009, en los seguros de Enfermedades y Maternidad, Guardería y Prestaciones Sociales, además del de Salud para la Familia.
De hecho, el primer SOS que se lanza al Ejecutivo es que se omita la exigencia de crear reservas para evitar la disminución del techo de gasto disponible, en un horizonte en que su monto es idéntico al susceptible de disponerse.
Más aún, se le solicita al gobierno una aportación extraordinaria de 46 mil 366 millones de pesos anuales durante los próximos tres años.
Ahora que para equilibrar medianamente el barco frente a las aguas turbulentas, el documento entregado al Ejecutivo y al Congreso plantea un incremento de 40.3 por ciento en las contribuciones gubernamentales para el Seguro de Enfermedades y Maternidad; de ¡402.5! para el de Gastos Médicos de Pensionados, y de ¡500! para el del Seguro de Salud para la Familia.
En todos los casos el equilibrio se alcanzaría en ¡43 años!
De hecho, en el segundo renglón, de mantenerse intacto el escenario, dada la transición de la epidemiología hacia enfermedades crónico-degenerativas como cánceres, insuficiencia renal, hipertensión arterial y sida, se estima que en 50 años exista un descomunal desequilibrio de dos billones 594 mil 770 millones de pesos… en un escenario optimista.
Por lo pronto, se proyectan tres medidas de emergencia: Incrementar la recaudación de las cuotas obrero-patronales a una tasa anual promedio de tres por ciento; implementar mejoras administrativas para reducir cuatro por ciento el costo de los medicamentos, y reducir los días subsidiados para trabajadores del Seguro Social al nivel promedio de los trabajadores de empresas afiliadas.
Esto último, naturalmente, implicaría una batalla frontal contra el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en la revisión contractual prevista para octubre, con la novedad de que se reclama además la revisión del “Convenio Adicional para las Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores de Nuevo Ingreso” firmado en 2005, al que se considera insuficiente.
Si bien en principio se abrió la puerta para la contratación de 22 mil 103 trabajadores, la coyuntura no da para más, dada la exigencia de Ley de no distraer recursos de operación para financiar reservas laborales.
De hecho, una de las propuestas que se barajan ante la carencia de personal médico, además de exigirse acuerdos de productividad y jornadas extraordinarias los fines de semana, es la contratación de servicios con terceros.
Desde otro ángulo, la emergencia plantea la cancelación del Seguro de Salud para la Familia, es decir el que contratan voluntariamente quienes trabajan por su cuenta, y la posibilidad de modificar la ley para equilibrar los superávit de algunas ramas con los déficit de otras.
Adicionalmente, se plantea de plano que el Gobierno federal refuerce el Seguro de Enfermedades y Maternidad con una aportación extraordinaria equivalente al 50 por ciento del costo de padecimientos que representan un alto impacto financiero.
Más allá, se propone que se incremente la cuota que otorga el gobierno para el ramo de gastos Médicos de Pensionados del equivalente al 0.75 por ciento del salario base de cotización al monto que aporta en el Seguro de Enfermedades y Maternidad para cada asegurado.
Por lo pronto, el diagnóstico señala a la letra que “de mantenerse la trayectoria financiera actual, a partir del 2008 los recursos del Instituto no serían suficientes para hacer frente a las obligaciones que se tienen con los derechohabientes y reservar recursos por un monto similar al estipulado para el 2007”.
Así de grave.
Zona de desastre.
Balance general
Contra viento y marea ayer el presidente Felipe Calderón puso en marcha el Fideicomiso ProMéxico, con el que se marca el principio del desmantelamiento del Banco Nacional de Comercio Exterior, al que se le despojó de las tareas de promoción, incluidos sus recursos humanos, materiales y técnicos.
El organismo es calca del que funciona en Chile con el nombre, lo adivinó usted, de ProChile.
Lo inaudito del asunto es que el Ejecutivo soslayó el trámite legislativo, es decir la exigencia de modificar la Ley Orgánica del banco de desarrollo.
Más aún, en un desplegado el Sindicato Único y Democrático de Trabajadores del Bancomext calificó el acto como un despojo, recriminando al gobierno su cerrazón al diálogo.
El texto recrimina la inexistencia de mecanismos de valuación del órgano, al preguntarse sobre qué base podrán los ciudadanos evaluar el éxito o fracaso de las acciones de Proméxico, la rentabilidad social de los recursos invertidos y la eficacia de los funcionarios responsables.
Resulta paradójico, sino ominoso, dice, que la creación de ProMéxico se justifique con los mismos argumentos esgrimidos en 1985 para incorporar al Bancomext las funciones del desaparecido Instituto Mexicano de Comercio Exterior.
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Congruente con el objetivo de las últimas administraciones del Fondo Nacional para Promoción del Turismo (Fonatur) de desmantelar el patrimonio nacional, en su época como titular de éste el ex gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, le vendió la última reserva en Cancún, conocida como “Puerto Cancún”, al empresario Alfredo Miguel.
La promesa de éste era constituir una infraestructura que permitiera el desarrollo óptimo de la propiedad… con la novedad de que sin haberse colocado una sola piedra le vendió el terreno al estadounidense naturalizado mexicano Michael Eugene Kelly.
El caso es que el primero huyó del país acusado de fraude contra Petróleos Mexicanos, en tanto el segundo está siendo procesado por el mismo delito en su país natural.
Lo curioso del caso es que su defensa la asumió el despacho Aguilar Zínzer y Gómez Mont, este ultimo hermano del titular actual de Fonatur.
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Curioso, digo por endilgarle un calificativo, que por una parte la cúpula empresarial filtre documentos en que se califica de atentatorio contra la inversión, lesivo para los trabajadores y gravoso para las empresas al CETU (Contribución Empresarial a Tasa Única), es decir el nuevo tributo propuesto en la Reforma Integral de la Hacienda Pública, y por otro se le elogie.
De acuerdo a un documento oficial del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el tributo es una contribución mínima general; no afecta a los contribuyentes cautivos; es más simple; favorece la inversión y la productividad; promueve la creación de empleos y plantea una base amplia.
¿En qué quedamos por fin?
lbertobach@yahoo.com.mx
barrancoalberto@prodigy.net.mx
