Puro churro
Planteado como la fórmula mágica para promover al menos la creación de 650 mil plazas, el Programa para la Generación de Primer Empleo integrado a las promesas de campaña del presidente Felipe Calderón, naufraga en un mar de indiferencia de tirios y troyanos
Cuatro meses después de su puesta en escena sólo se han inscrito a la alternativa que plantea subsidiar las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, menos de mil 500 empresas.
La razón se explica tantito en el desgano con que se lanzó el programa; tantito por la falta de promoción de parte de las autoridades responsables; tantito por la frialdad con que recibió la noticia el sector privado, y tantito por el espeso laberinto para llegar a la meta.
De entrada, el beneficio no es automático ni universal.
Para tener derecho a él se reclama que las firmas solicitantes estén al corriente de sus obligaciones fiscales y del pago de sus aportaciones al Seguro Social… lo que las coloca en gran riesgo de caer en perjuicio a la hora de confrontar el dicho con el hecho.
Más allá, el respaldo para la alternativa que en teoría rompería el círculo vicioso que exige experiencia mínima a los solicitantes de un primer empleo, es de tres mil millones de pesos, es decir la oferta estaría viva hasta agotar existencias.
Ahora que la vigencia del subsidio alcanza 12 meses… por más que se exija a las empresas receptoras de la prebenda mantener vigente la plaza creada durante un mínimo de 21, digo si se quiere cosechar lo sembrado.
Y es que, de aceptarse la solicitud de una compañía que se enviaría vía Internet a través del portal del IMSS “Desde su empresa”, correrá un lapso de nueve meses antes de que se haga efectivo el subsidio, es decir mientras llega la hora del pacto la firma beneficiada deberá pagar la cuota obrero-patronal… y olvidarse de ella hasta la llegada del mes 21.
Dicho con todas las letras, la apuesta rendirá sus frutos a plenitud si la contratante mantiene ocupada la plaza durante el lapso. Ahora que la prebenda, pese a la ruidosa propaganda de lanzamiento que hablaba de un gobierno que asume la totalidad de las responsabilidades en materia de seguridad social, no alcanzará al 100 por ciento en todos los casos.
De acuerdo al esquema planteado, el pago de la factura será total cuando la percepción del trabajador beneficiado sea inferior a 10 salarios mínimos. A partir de ahí el esquema actúa en forma inversamente proporcional.
Los empleos con pago de entre 10 y 14 salarios mínimos recibirán un subsidio equivalente al 60 por ciento de la cuota obrero-patronal; los de 15 a 19, el 20, y los de más del 20, sólo el 10. De entrada, pues, se excluye o al menos se atenúa el beneficio para las empresas con más de 50 trabajadores que aportan el 70% de los ingresos del Seguro Social, dejándose la cancha a las 700 mil micro, pequeñas y medianas, tradicionalmente incapaces de ensanchar la nómina.
La gran apuesta, en tal caso, apuntará al incierto de la incorporación a la formalidad de algunos de los dos millones 185 mil giros que operan con menos de cinco trabajadores.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el país existen tres millones de empresas, de las cuales sólo 815 mil están inscritas en el Seguro Social. El caso es que hasta hoy no se ha logrado el milagro de convencerlas de salir a la luz sin explicar de dónde vienen, desde cuándo están y en tal caso por qué no habían protegido a los trabajadores a soslayo de lo previsto en la ley.
Lo inaudito del caso es que a contrapelo de los asegunes con que se planteó el programa en la urgencia de colocarlo en el ruedo antes de los primeros 100 días del nuevo gobierno, la propaganda hablaba de “incentivar la creación de empleos permanentes y bien remunerados en la economía formal”.
Más aún, se anotaba que el beneficio para las empresas era doble, por un lado al disminuirse el costo derivado de realizar nuevas contrataciones, y por otro brindándoles mayores incentivos que amplíen su capacidad productiva.
La promoción, vía un tríptico colocado en los mostradores del IMSS, hablaba de “contribuir a generar un desarrollo más ordenado y equitativo, beneficiando a las empresas, los trabajadores y el país en su conjunto”. ¿Falló el cálculo de los instrumentadores de la medida? ¿Falló la expectativa sobre reactivación económica del país? ¿Falló la estrategia? Por lo pronto, los números convocan a la lástima. Puro churro.
Balance general
Las señales indican que los dados están cargados a favor de Mexicana de Aviación en el conflicto colectivo de naturaleza económica que enfrenta con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, cuyo objetivo sería anular cláusulas del contrato colectivo de trabajo que según la línea aérea atentan contra su sobrevivencia.
Formalizada, la noche del martes, la integración del cuerpo de peritos que analizará las razones de una y otra partes en conflicto para emitir su resolución, existe plena certeza de que la empresa propiedad del grupo Posadas de Gastón Azcárraga Andrade se llevó de calle el primer round.
Los designados por la Junta Federal de Arbitraje llevan la fama en el nombre.
Estamos hablando de Rogelio Gazca Neri, ex director general de Aerovías de México, quien promovió la quiebra de la firma en afán de cancelar el contrato colectivo, y quien en su carácter de consultor para la privatización de Mexicana planteaba la liquidación total de los trabajadores para liberar de compromisos al nuevo dueño.
Más allá, se designó a Fernando Antillán Valenzuela, ex director general de Aeronáutica Civil, a quien difícilmente se le identificaría como parcial hacia la causa de los trabajadores. El tercero en la lista es Leopoldo Eguialis Burillo, ex director de un banco de inversión, a quien se le ubica sin pruebas como pariente lejano del dueño de Mexicana.
Lo curioso del caso es que aún cuando la ley aceptaba la posibilidad de tres peritos auxiliares por cada una de las partes, a solicitud de Mexicana se aceptaron sólo dos.
Más aún, se desechó, por supuesta ausencia de vela en el entierro, la presencia de representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. En el primer caso, se soslayó olímpicamente lo previsto en el artículo 245 de la Ley Federal del Trabajo.
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Curioso que el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares a cuya dirigencia regresó Napoleón Gómez Urrutia, dé por finiquitadas las cuentas sobre los 55 millones de dólares que debieron prorratearse entre los trabajadores de Mexicana de Cobre y Minera de Cananea del grupo industrial Minera México, con un puñado de cifras gruesas.
Según ello los trabajadores que demostraron derechos recibieron 23 millones, en tanto el gobierno congeló cuentas por otros 14 tras las denuncias de malos manejos recibidas, y el Scotiabank-Inverlat, banco que actuó como fiduciario de los recursos, recibió como honorarios 1.5.
El resto, dice a la letra el sindicato, sigue en las cuentas de éste, “o se ha utilizado en gastos propios, ante la falta de recursos ocasionada por la intromisión e ilegal dirigencia de Elías Morales”.
El caso es que hace unos meses se hablaba de pagos de honorarios de abogados para obligar al grupo Minera México a soltar los recursos comprometidos a la privatización en las firmas, por siete millones 500 mil dólares.
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Quien cocina un anuncio espectacular para la semana próxima es el grupo Modelo que encabeza Carlos Fernández.
Estamos hablando del lanzamiento de un nuevo producto que a decir de la empresa combina la posibilidad de generar valor económico y social al mismo tiempo. albertobach@yahoo.com.mx
barrancoalberto@prodigy.net.mx
