Hora cero
Aprobado ayer por una mayoría de priístas y perredistas el dictamen de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados en que se responsabiliza al Grupo Industrial Minera México de la explosión en la mina Pasta de Conchos, la hora cero para la firma extractiva está a la vista Ahora que la carambola, a querer o no, alcanzará a ex funcionarios de la Secretaría del Trabajo y de Economía, bajo cargos de negligencia, complicidad y encubrimiento en la tragedia que le costó la vida a 65 trabajadores.
Por lo pronto, en forma simultánea al fin de la indagación legislativa, la Secretaría del Trabajo inició un procedimiento para validar o invalidar un peritaje en que apuntaló la firma encabezada por Germán Larrea Mota Velasco la suspensión de los trabajos de rescate de los 63 cuerpos que permanecen sepultados… y de pasadita el cierre definitivo de la mina de carbón.
Realizado por una firma de Estados Unidos contratada por la empresa, el estudio concluye que las condiciones físicas de los túneles ponen en grave riesgo la vida de los rescatistas.
El documento habla de dos vías de riesgo: la existencia en el ambiente de gas grisú, y la inundación del tiro con aguas contaminadas por bacilos de tuberculosis… enfermedad, naturalmente, provocada por las condiciones laborales. La presunción, empero, es que se pretenden ocultar pruebas sobre los graves índices de inseguridad en la mina. Por ejemplo, el uso de lámparas ajenas a la norma, que en cualquier momento podrían provocar una explosión.
De hecho, en sus conclusiones el estudio realizado por diputados de todas las fracciones ubica al accidente como “un suceso provocado por la negligencia y omisión”. Concretamente se habla de que la excesiva concentración de gas metano que provocó la explosión se debió a que el Grupo Industrial Minera México no concluyó las obras de mampostería de algunos cañones; no irrigó en forma permanente los túneles para evitar la dispersión de polvo de carbón; no cuidó la ventilación; no aisló las líneas de conducción de alto voltaje en el tiro ni les dio el mantenimiento debido.
Más allá, la mina no contaba con un sistema de comunicación interior.
El asunto es que, detectados algunos de los puntos, seis meses antes del accidente de febrero del año pasado por inspectores de la Secretaría del Trabajo, nunca se dio seguimiento al reporte como era su obligación.
De hecho, el dictamen, que se someterá al pleno de la Cámara de Diputados habla de que éstos “cometieron negligencias y omisión grave y culposa al ignorar el incumplimiento por parte de los dueños de la mina de las medidas de seguridad”. El caso es que, ante la presión de la opinión pública y de organismos no gubernamentales, la dependencia encabezada por Javier Lozano Alarcón abrió el martes pasado un Foro Consultivo y Científico que elaborará un dictamen sobre la viabilidad de las tareas de rescate, al margen del exhibido por la empresa. El estudio al que concurren expertos nacionales y extranjeros, bajo la coordinación del Instituto Tecnológico de Virginia, incluye trabajos de investigación externa e in situ, cuyos resultados serán a su vez evaluados por un consejo consultivo.
La tarea, según la dependencia, concluirá en julio próximo.
Ahora que, desde otro ángulo, se prevee que a finales del mes que corre el Servicio Geológico Mexicano entregará un informe preliminar sobre su investigación de las causas de la trágica explosión. Por lo pronto, el percance está aflorando algo más que bacilos de tuberculosis: la existencia de una empresa outsourcing conocida como Central de Hulla, que subcontrataba a los trabajadores al margen de prestaciones mínimas, como su inscripción al Seguro Social.
Ahora que los trabajadores que contrataba directamente la empresa no tenían mejor suerte, dado que se registraban al organismo de seguridad social con sueldos inferiores al real, lo que derivó en una pensión raquítica para las viudas, digo, cuando se logró validar los registros. Y si le seguimos, de acuerdo con el dictamen legislativo, es falso que se haya indemnizado a los deudos de los mineros muertos.
Desde otro ángulo, el documento acusa de omisión a la Secretaría de Economía al soslayar el cumplimiento por parte del Grupo Industrial Minera México del artículo 22, fracción cuarta, de la Ley Minera en materia de seguridad.
En calidad de mientras, los legisladores plantean la cancelación de todas las concesiones extractivas de la empresa… a reserva de fijar las responsabilidades correspondientes.
El jaque alcanza al Grupo Industrial Minera México cuando pensaba haberla librado tras cerrarse el expediente penal contra sus funcionarios en Coahuila, y tras el supuesto fin de la historia con el cierre de la mina. La gran pregunta es si se atreverían las autoridades a las últimas consecuencias.
Balance general
La noticia es que el punto final del caso Fertinal-ING no se agota con el pago de la indemnización de 130 millones de dólares a que obligó a pagar a la aseguradora, en instancia definitiva, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el Distrito Federal.
La firma fabricante de fertilizantes seguirá la pelea en los tribunales nacionales e internacionales, alegando parcialidad en favor de la multinacional de capital holandés.
El segundo capítulo es por daños secuenciales. Dicho con todas las letras, la negligencia de seis años de la aseguradora en cubrir la póliza contratada “contra todo riesgo” provocó en cascada la quiebra de la firma con sede central en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
De hecho, el pleito se inició cuando ING, antes Seguros Comercial-América, se negó a entregar un anticipo de 10 millones de dólares para remoción de escombros, tras la destrucción de las instalaciones de la filial de la empresa en Baja California Sur, conocida como Roca Fosfórica Mexicana. El percance lo provocó, en septiembre de 2001, el huracán Juliette. Lo cierto es que la sentencia de tercera instancia habla de un pago de 93 millones de dólares por la destrucción total de la mina, y de 37 más por concepto de intereses moratorios.
_______________
En los próximos días, horas quizá, el pleno de la Comisión Federal de Competencia analizará la solicitud colocada en la mesa por Televisa para autorizar la concentración de su filial Cablevisión con la firma análoga Cablemás. La intención, lo adivinó usted, es integrar una empresa más fuerte para enfrentar la posibilidad de ofrecer servicio de telefonía e Internet aprovechando la infraestructura de las firmas cableras.
El asunto cobra relevancia dadas las condiciones previas que había fijado la dependencia, entre ellas modificar la composición del Consejo de Administración de la televisora.
Más aún, se había dicho que en paralelo se resolvería la salida frente a los obstáculos detectados por la propia CFC para acceder a la convergencia plena, entre ellos la garantía de interconexión por parte de Telmex y la exigencia de portabilidad, es decir, conservar los números pese a cambiar el cliente de proveedor.
_______________
A la callada, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, acudió a una suerte de comparecencia ante el pleno del Consejo Coordinador Empresarial para hablar de la guerra contra el narco. Lo curioso del caso es que el funcionario en alguna forma escurrió el bulto, al plantear que 95% de los delitos que se cometen en el país son del ámbito local, y sólo el resto competen al fuero federal. De hecho, se habló de que la actividad de distribución al menudeo ha permeado el núcleo familiar, con la novedad de que madres de familia son las que empaquetan la mercancía.
Más aún, algunas de ellas participan activamente en secuestros. Ahora que el combate a los grandes capos estuvo excluido de la charla.
albertobach@yahoo.com.mx
barrancoalberto@prodigy.net.mx
