Chivo expiatorio
A la callada, en medio de rumores de una gran purga a nivel de gabinete, el gobierno registró su primera baja de funcionarios de alto nivel vinculados estrechamente a la causa. Se fue el subsecretario de Promoción de la Secretaría del Trabajo, Javier Prieto de la Fuente.
El hecho tiene la mayor relevancia dado que el ex presidente de la Concamín y ex funcionario de Cementos Mexicanos había sido incrustado como alfil de la causa empresarial por el poderoso grupo Monterrey.
De hecho, se le ubicaba como el gallo de los grandes consorcios de Nuevo León para pelear la gubernatura de la entidad federativa bajo los colores panistas.
Lo cierto es que aunque la remoción del también ex jefe de asesores de Carlos María Abascal Carranza en su época de Secretario de Gobernación se vincula a un choque de personalidades con el titular de la dependencia, Javier Lozano Alarcón, el eje del asunto es el fracaso del Programa de Primer Empleo impulsado por el presidente Felipe Calderón.
La tarea de allegarle clientela recaía, justo, en el ex funcionario… con la novedad de que ocho meses después del arranque no llegan a tres mil 500 las solicitudes de incorporación al programa. Ahora que éste fue diseñado con tantos asegunes que ni el mismísimo Og Mandino pudo haberlo vendido.
De hecho, el propio Lozano Alarcón lo descalificaría al día siguiente de su puesta en escena.
Y es que, de acuerdo a las reglas diseñadas, para que se active el subsidio a favor del patrón que abra una plaza de primer empleo, es decir para que el gobierno pague las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, se reclaman nueve meses de vigencia de ésta, por más que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo un trabajador conquista su planta a los tres meses de haber ocupado la silla.
Digamos que la prebenda empezaría a correr al mes número diez del primer empleo… y se agotaría en el 21.
Dicho con todas las letras, lo que en el papel se apuntaba como fórmula mágica para la llegada a la escena de “al menos” 650 mil nuevos empleos, se vuelve fiasco a la lectura de la letra chiquita.
Ahora que el presupuesto planteado por el gobierno para apuntalar el programa durante este año es de tres mil millones de pesos, es decir la oferta estará vigente hasta agotar existencias.
El caso es que para tener boleto de entrada se requiere que las firmas solicitantes estén al corriente de sus obligaciones fiscales y del pago de sus aportaciones al propio Instituto Mexicano del Seguro Social.
Naturalmente, el mecanismo implica la realización de una consulta previa al Servicio de Administración Tributaria, con el consiguiente riesgo de haber declarado en falso.
Ahora que el regalito, pese a la ruidosa propaganda que habla de un gobierno que asume la totalidad de las responsabilidades en materia de seguridad social, no alcanzara al 100 por ciento en todos los casos.
De acuerdo al esquema planteado, el pago de la factura será del total cuando la percepción del trabajador beneficiario sea inferior a 10 salarios mínimos. A partir de ahí el mecanismo actúa en forma inversamente proporcional.
Los empleos con pago entre 10 y 14 salarios mínimos recibirán un subsidio equivalente al 60 por ciento de la cuota obrero-patronal; los de 15 a 19 el 20, y los de más del 20 sólo el 10.
De entrada, pues, se excluye o al menos se atenúa el beneficio para las empresas con más de 50 trabajadores que aportan el 70% de los ingresos del Seguro Social, dejándole la cancha a las 700 mil micro, pequeñas y medianas, tradicionalmente incapaces de ensanchar la nómina.
La gran apuesta, en tal caso, apunta al incierto de la incorporación a la formalidad de algunos de los dos millones 19 mil giros que operan con menos de cinco trabajadores.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el país existen tres millones de empresas, de las cuales sólo 815 mil están inscritas al Seguro Social.
El problema, lo adivinó usted, es lograr el milagro de convencerlas para enfrentar el riesgo de salir a la luz sin explicar de dónde vienen, desde cuándo están y por qué no habían protegido a sus trabajadores, a soslayo de la ley.
Como lee usted, pues, en lugar de incentivos se colocaron obstáculos.
Bajo ese marco, más que un inepto Prieto De la Fuente resultó chivo expiatorio.
Balance general
Le comentábamos a usted hace unos días de la publicación en el Diario Oficial de una resolución de la Secretaría de la Función Pública por la que se inhabilita por dos años para participar en licitaciones públicas a la firma francesa Alstom, a consecuencia de presuntos sobornos otorgados hace siete años a funcionarios de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Bien, pues la noticia es que la empresa se había amparado contra la acción, tras haber sido exonerada por la Procuraduría General de la República de los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
El expediente por presunto cohecho se había turnado a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra Servidores Públicos.
La definitividad del acto reclamado la resolverá en las próximas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El caso es que la compañía que en nuestro país encabeza Cintia Angulo amenaza que de no respetarse el amparo abandonará México, lo que sería de graves consecuencias, dado que parte de su capital pertenece al gobierno de Francia y dado que en los últimos meses se han ido otras empresa galas, empezando por Electricité de France y Gas de France.
Por lo pronto, bajo su nueva administración la compañía ha obtenido dos contratos en el país, uno para rehabilitar la planta nuclear de Laguna Verde, y otro para construir carros del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ninguno de los cuales sería afectado en caso de proceder el castigo administrativo promovido por la Función Pública.
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En lo que representa la reaparición en el país de empresas de capital coreano, tras el desastre para Petróleos Mexicanos que significó la contratación de firmas del país oriental para reconfigurar y modernizar la refinería de Cadereyta, la semana pasada la compañía Daewoo Shipbuilding Company firmó un jugoso contrato… con la paraestatal, por supuesto.
La empresa construirá una plataforma semisumergible de perforación de diseño GVA 7500, sexta generación, que adquirió Industrial Perforadora de Campeche, que encabeza Ramiro Garza Cantú.
La colosal embarcación, con una eslora de 110 metros y capacidad de carga de nueve mil toneladas, permitirá a la empresa pública perforar en profundidades marinas hasta hoy inaccesibles.
La plataforma llegará al país en el 2010.
El financiamiento correrá a cargo del grupo financiero BBVA/ Bancomer y del banco estadounidense West L. B.
Al evento acudió el presidente de la firma coreana, S.T. Wam.
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Del total de ingresos obtenidos por la telefónica Española durante el primer semestre del año, el 34.6 por ciento se originó en su división de América Latina, cuya clientela llega ya a 90.6 millones, con un crecimiento anual de 57.2 por ciento en Perú; 49 en México y 36.8 en Argentina.
En el caso de nuestro país, la filial de la firma, Telefónica Móviles, alcanzó 1.2 millones de nuevos suscriptores, triplicando los captados en el mismo lapso del 2005.
La firma invirtió en el Hemisferio durante el lapso mil 100 millones de euros.
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