Choque de trenes
En un inaudito que hará historia, el Instituto Mexicano del Seguro Social está colocando ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje su propio pliego petitorio de cara a la revisión contractual con su sindicato… aunque sin opción, en este caso, de ir a la huelga
Entregado la noche del martes a título de respuesta al de los trabajadores, el documento plantea el reverso de la medalla, es decir, la urgencia de modificar o de plano desaparecer cláusulas que a juicio del organismo atentan contra su sobrevivencia.
De entrada, naturalmente, se descalifican abiertamente las peticiones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, al acusarlas de “pretender agravar la de por sí precaria condición de la institución, atentando contra la fuente de trabajo de sus propios agremiados”.
Los siguientes párrafos son más que explícitos: “Más aún, resulta preocupante constatar que el pliego presentado por el SNTSS atenta contra la fuente de trabajo de sus propios agremiados al proponer una revisión contractual valuada en alrededor de 27 mil millones de pesos adicionales. El Instituto no puede ni debe comprometer semejante monto, porque sería actuar en perjuicio de sus derechohabientes y también de sus propios trabajadores.
“La administración del Instituto no puede quedarse estática ante el círculo vicioso de negociaciones contractuales en las que sólo las demandas del SNTSS son discutidas, dejando al derechohabiente, al futuro de la institución y a la fuente de trabajo, en el mejor de los casos, en segundo término”.
El choque de trenes, como lee usted, está a la vista.
La exposición de motivos del documento pinta un cuadro con perfil de desastre, en el que al lado del déficit financiero del organismo tripartita y el alto costo de su operación institucional gravita sobre su espalda lo que califica de “oneroso” contrato colectivo, en cuyo epicentro se ubica el régimen de jubilaciones y pensiones.
De pronto, incluso, se habla de algunas cláusulas “que imponen costos y restricciones irracionales al Instituto, entorpecen la capacidad de conducción de la administración, inhiben la transparencia y rendición de cuentas y ponen en riesgo la suficiencia financiera de la institución y, con ello, la estabilidad de la fuente laboral”.
Las cifras son de escándalo: de 1966 a la fecha las jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Seguro Social han representado un costo acumulado de 242 mil 390 millones de pesos, de los cuales los trabajadores sólo han aportado 12 por ciento, es decir, 29 mil 186 millones.
En el esquema colateral de aportaciones solidarias el organismo ha aportado a su vez 56 mil 121 millones de pesos, equivalentes a 23 por ciento. Los 157 mil 87 millones restantes han sido financiados por el IMSS-Patrón, en un escenario de obligaciones inscritas sólo en el contrato colectivo, distrayendo recursos de operación, es decir a favor de los derechohabientes.
De no haberse desviado el monto, éste habría permitido construir 260 hospitales tipo con 37 mil 490 camas, es decir, más del doble de las 30 mil censables con que ahora cuenta… o en su caso se habría financiado durante ocho años la compra de todos los medicamentos o instrumental médico.
El caso es que de mantenerse intacta la ruta, el IMSS alcanzaría en sólo diez años un pasivo laboral por el inaudito de un billón 129 mil 985 millones de pesos… de los cuales el organismo estaría obligado a cubrir como patrón 194 mil 362 millones, cantidad que permitiría crear 323 hospitales tipo con 46 mil 646 camas.
Actualmente el organismo cuenta sólo con 0.83 camas por cada mil derechohabientes, la quinta parte de lo que mantienen en promedio los países integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
En los últimos 20 años la instancia de seguridad social ha perdido 1.02 camas por cada mil derechohabientes, sin que nada permita suponer que se ha tocado fondo.
Desde otro ángulo, las unidades de medicina familiar con que cuenta el Instituto presentan una antigüedad promedio de 27 años; los hospitales de segundo nivel de 30, y los de tercero de 28.
De no destinarse los 194 mil millones de pesos a que está obligado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a cubrir frente al colosal faltante de reservas, estaría, pues, no sólo en la posibilidad de más que duplicar el número de camas, sino en opción de renovar buena parte de su infraestructura.
“Es indudable -señala letra por letra el texto- que el deterioro en la infraestructura genera entre nuestros médicos y enfermeras una sensación de frustración al no poder atender la demanda que cotidianamente enfrentan”.
El insólito texto, a título de contrapliego de prestaciones, señala que revertir ese desgaste es responsabilidad compartida de la administración del organismo, de sus trabajadores y de los componentes de la estructura tripartita.
Vuelta de tortilla.
Las fichas, pues, están en la mesa: jaque al peón.
Balance general
Abierta la cloaca, a querer o no, por el escándalo del chino naturalizado mexicano Shenli Ye Gon, el gobierno prepara lo que se califica como golpe mortal a la mafia que durante década ha mantenido directa o indirectamente en un puño a las aduanas. En la mira están no sólo altos funcionarios actuales y ex funcionarios, sino agentes aduanales privados.
La presión, naturalmente, viene de los Estados Unidos, tras los interrogatorios a que ha sido sometido el hombre de la famosa frase: “copelas o cuello”.
El escándalo, dos o tres consignaciones al calce, estallaría tras los primeros días de septiembre, justo cuando haya sido aprobada la propuesta de reforma fiscal con el voto de priístas y panistas.
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Lanzadas las fanfarrias al vuelo para celebrar los 70 años de la Comisión Federal de Electricidad con anuncios de que existen existencias para dar y prestar, ahora resulta que le está saliendo el tiro por la culata a la paraestatal.
Si no hay crisis de suministro, dicen los empresarios, a qué rayos mantener tarifas diferenciadas para las llamadas horas pico.
Lo que en principio se planteaba como exigencia está tomando visos de insurrección.
Por lo pronto, el presidente del Comité Coordinador Empresarial de Veracruz, Andrés Becerra López, le está dando un ultimátum de 30 días a la empresa pública para equilibrar sus tarifas o enfrentar una eventual huelga de pagos.
Según su aserto, en la entidad federativa se aplican las tarifas más altas del país.
El organismo presume de aglutinar a 25 mil empresas.
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Será hasta el 13 de noviembre próximo cuando una Corte de Estados Unidos determine el monto de la indemnización que deberá pagar la empresa Asarco, filial del Grupo Industrial Minera México de Germán Larrea Mota Velasco, por los supuestos daños en materia ambiental que se le imputan.
La sanción se dividió en dos partes: una por los daños producidos en la producción de asbesto, y otra por los ambientales en lo general.
La cifra se calcula conservadoramente en 260 millones de dólares.
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Aunque durante julio pasado hubo un sábado menos, no deja de ser sintomático el que las cadenas asociadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reporten una caída de 0.6 por ciento en sus ventas a establecimientos iguales.
Ahora que si se toman en cuenta también las aperturas, en los últimos 12 meses se registró un crecimiento promedio de 7.5, en un escenario en que el incremento real de las ventas de autoservicios fue de 6.6 por ciento y de las tiendas departamentales de 3.7, en tanto las especializadas elevaron su registro en 13.7.
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