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EMPRESA

alberto barranco

Adelantan el Grito

- Enemigo a vencer

- Volaris vuela alto

Esta mañana, a la vera de la reunión habitual del pleno del Consejo Coordinador Empresarial, habrá un adelanto del Grito, con sombrerazos y estallidos al calce. Sólo que en lugar de mueras a los gachupines, la ira se volverá al IETU… y de pasadita al Congreso.

Ahora que habrá quien hable de colgar en las paredes las cabezas de los dirigentes de las cúpulas privadas, que a su juicio no hicieron con rigor las tareas de cabildeo… o de plano se arrugaron.

Lo curioso del caso es que nadie dijo nada cuando se señaló ante la propia asamblea de la cúpula que la reforma fiscal, con IETU (Impuesto Empresarial de Tasa Única) al calce, era la factura que había que pagar por la llegada al poder del presidente Felipe Calderón.

Más aún, tampoco se objetó el que en el documento planteado al Ejecutivo por el propio CCE, bajo el título de Agenda de Competitividad para 2007, se planteara como meta mínima de recaudación adicional el equivalente a tres puntos del Producto Interno Bruto.

Estamos hablando, justo, de lo que pedía la iniciativa de la Secretaría de Hacienda.

Textualmente el documento señalaba que “el debate público plantea el dilema de si el incremento en los ingresos fiscales puede darse ampliando la base de contribuyentes, mediante el combate a la informalidad, o bien si se requiere un cambio en la estructura de los impuestos que extraiga más recursos de los contribuyentes actuales”.

El gobierno, pues, optó por este último camino. Y si le seguimos, tampoco hubo gritos cuando el empresario Lorenzo Servitje señaló que a fin de cuentas las empresas debían reconocer que el dinero que se entrega al gobierno no alcanza.

“Nos tenemos que avenir a ello”, señaló a la letra el ex presidente de Bimbo.

Adicionalmente, algunos dirigentes empresariales señalaban por lo bajo que el problema de sus colegas es que no les gusta pagar impuestos, por más que soterradamente se filtraban lo mismo loas que diatribas contra la propuesta.

La paradoja del asunto es que en una patética reacción tardía el propio Consejo Coordinador Empresarial envió un comunicado en el que lanza la carga de ira al Congreso… por más que éste modificó a favor de los empresarios la propuesta planteada por el gobierno… que en su momento se aplaudió.

Textualmente, el documento habla de que se le impone a las empresas “una sobrecarga impositiva” que “constituye un obstáculo a la competitividad nacional, sobre todo si consideramos que las principales economías del mundo han disminuido la tasa de impuestos como una medida para aumentar la recaudación y fomentar el crecimiento y la generación de empleos”.

Ubicado como el blanco de la furia, el IETU se había planteado originalmente bajo una tasa de 16 por ciento en su primer año de vigencia, para llegar al 19 al tercero. Más aún, la propuesta original de la Secretaría de Hacienda rechazaba la posibilidad de deducción de los gastos de nómina y de seguridad social.

Bajo el esquema aprobado por los legisladores no sólo se avala la posibilidad, sino se reduce la tasa a un máximo de 17.5 por ciento.

Más allá, aunque se incrementa el tributo para las gasolinas y el diesel, se aceptó la sugerencia empresarial de valorar la gradualidad en su aplicación, “de tal suerte que pueda ser asimilado por el sector productivo y se reduzca su incidencia en los índices inflacionarios”.

Y si le seguimos, aunque se incrementó de 20 a 25 mil pesos mensuales el monto de depósitos en efectivo a partir del cual se cobrará un impuesto de dos por ciento, redimible contra otros tributos, se aceptó la sugerencia de los banqueros de abrir un plazo de transición de seis meses para instrumentar la medida.

Más allá, pareciera razonable que en el caso de la prohibición para deducir donativos o gastos en materia de responsabilidad social que había planteado la Secretaría de Hacienda, se abra una ventana para permitir cargar al fisco erogaciones en proporción a las utilidades de las empresas.

La premisa es simple: Nadie regala lo que no tiene.

Ahora que desde un ángulo más, a contrapelo de la intención de la Secretaría de Hacienda de acabarlo de un plumazo, se mantiene el régimen de consolidación fiscal aún cuando se acota a que se permita sólo la deducción de las pérdidas que provengan de la enajenación de otros títulos de valor, únicamente contra las utilidades que por el mismo concepto obtenga la controladora.

Los legisladores, pues, a querer o no, cedieron a la presión de las cúpulas empresariales.

¿Muera el Congreso? ¿Mueran los líderes charros del sector privado? ¿Muera el entreguismo?

Balance general

Colocada en la mesa, finalmente, la oferta de Banamex y un grupo de empresarios al calce por Aeroméxico, la empresa aérea extenderá por 10 días hábiles el plazo para recibir nuevas propuestas.

El paréntesis se cierra el 26 del mes que corre.

La novedad, más allá de los 151 millones de dólares ofrecidos, 51 más de los planteados por la familia Saba, es el compromiso de capitalizar la aerolínea con 240 millones de dólares adicionales.

Ahora que el peso mayor lo tienen los apellidos de los integrantes del grupo, cuya liquidez está a la vista.

Los Aramburuzabala, María Asunción a la cabeza, tienen en cartera los recursos que les pagó Televisa al finiquitar su participación en la sociedad. Los hermanos Canales Clariond cuentan con los recursos derivados de la venta de su empresa siderúrgica IMSA (Industrias Monterrey), en tanto Valentín Díez Morodo liquidó también su participación en la Cervecería Modelo.

Y si le seguimos, detrás de Ricardo Martín Bringas está la cadena de tiendas Soriana; de Francisco Beckman la empresa fabricante de tequila Casa Cuervo; de Henry Bremond Pellat, su participación en la cadena Liverpool y Fábricas de Francia; de Antonio Cosío Pando, la Casa Pando; de Agustín Franco Macías, el grupo Infra…

El trabuco a vencer, sin duda.

A contrapelo de los malos augurios que hablaban de flor de un día ante una oferta insostenible de tarifas, hete aquí que al menos tres líneas aéreas de bajo costo están en ruta para alcanzar el equilibrio.

Estamos hablando de Interjet, de Miguel Alemán Velasco; Viva, propiedad de una firma inglesa y el empresario Roberto Alcántara, y Volaris, que encabeza Pedro Aspe Armella.

Esta última ha invertido 110 millones de dólares, manteniendo existencias en caja por 70… por más que está por recibir cuatro aviones nuevos más.

El negocio, pues, va viento en popa.

A contrapelo de las acusaciones de negligencia que se le hacen, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) sí detectó en su momento la presencia de pintura con plomo que rebasaba los niveles permitidos en los juguetes de la marca Mattel, por lo que ordenó su retiro inmediato tanto en los centros de distribución como en los puntos de venta.

Más aún, el organismo encabezado por Juan Antonio García Villa está en fase de análisis de modelos sobre los que aún no hay alerta en los diversos países en que se ha prohibido su distribución.

De acuerdo a la norma, todos los juguetes que se fabrican en el país o ingresen a él, a la par de otros productos que regula la Secretaría de Salud, están obligados a presentar un Aviso Sanitario de Importación y un Certificado de Venta del país de origen ante la dependencia.

Aunque la justificación habla de un viernes menos, pareciera raquítico el incremento de sólo 0.9 por ciento que reporta en sus ventas de agosto pasado la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio.

El acumulado de enero a agosto alcanza 420 mil 300 millones de pesos.

Desglosadas, las ventas de los autoservicios crecieron 1.1 por ciento, en tanto las de las tiendas departamentales lo hicieron en 1.0.

albertobach@yahoo.com.mx

barrancoalberto@prodigy.net.mx

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