Guerrilla empresarial
Ubicados finalmente lo que se califica como puntos negros de la reforma fiscal, poco a poco está creciendo la rebelión de las bases empresariales contra su dirigencia cupular, a la que se califica lo menos de “tibia y omisa”.
De entrada, hay voces que urgen al Consejo Coordinador Empresarial a expulsar de su seno a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, a quien acusan de negociar con el Congreso por su cuenta y sólo para su santo.
La versión que se maneja abiertamente es que las grandes cadenas pelearon bajo su pendón la posibilidad de deducir los inventarios… lo que provocó una carambola que desembocó en un descobijo para el resto.
Dicho con todas las letras, la pérdida de ingresos fiscales que representa la medida obligó a incrementar en un punto la tasa del Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), lo que explica su ascenso para el primer año a 16.5 por ciento.
Ahora que en el río revuelto, los tradicionalmente discretos despachos contables están sacando la cabeza para abogar por la causa… o la ajena.
Deloitte, por ejemplo, señala que ante la cancelación de la posibilidad de deducir prestaciones sociales, léase vales de despensa, aguinaldo, seguros de gastos médicos mayores, ayuda de renta, ayuda de transporte, los patrones incluirán su monto en el salario de trabajadores y empleados, los que necesariamente mermarán su ingreso al incrementarse los tributos.
La paradoja del caso es que gran parte de la ira apunta al Congreso, pese a que ésta ablandó la propuesta original de la Secretaría de Hacienda.
De entrada, por ejemplo, se abrió la posibilidad de deducción de sueldos y salarios, contribuciones sociales, es decir IMSS, Infonavit, SAR…; gastos generales, terrenos, intangibles, bienes adquiridos por sistema de autofacturación e importaciones temporales, lo que implica compra de insumos para producir artículos de importación.
Este último renglón, como usted sabe, salvó al país de un éxodo de maquiladoras, a quienes se ubicaba como las grandes damnificadas de la propuesta original.
Más allá, el nuevo escenario permite deducir, sí bien en forma limitada, las inversiones anteriores a la entrada en vigor del esquema y los donativos para causas relacionadas con la filantropía.
En este caso el monto susceptible de cargarse contra impuestos será el equivalente al 12 por ciento de las utilidades obtenidas por una empresa o un conglomerado… lo que en el papel permite la sobrevivencia de cientos de programas sociales privados.
Ahora que las instancias favorecidas deberán haber obtenido previamente autorización de la Secretaría de Hacienda.
Adicionalmente, se acepta, bajo el marco del IETU, deducir regalías de partes no relacionadas, digamos las obtenidas por inversiones bursátiles; el arrendamiento de bienes, o los quebrantos derivados de exportaciones.
Desde otro ángulo, se elimina la posibilidad de fincar responsabilidades penales a despachos contables que a juicio de la autoridad tributaria se presten a simulaciones.
Más aún, tampoco habrá cargos en automático contra accionistas y directivos, incluso asesores de una empresa, cuando ésta caiga en un escenario de defraudación o elusión fiscal.
Ahora que la rebelión de las bases empresariales se apuntala, paradójicamente, en lo que sí permite el IETU y no el Impuesto Sobre la Renta, en un escenario en que, como usted sabe, se hace el doble cálculo y se paga el resultante mayor.
El malestar apunta a que, a diferencia del primero, en el segundo sí se gravan los dividendos por inversiones en el extranjero, las ganancias de capital, los intereses por inversiones financieras o bursátiles y las regalías a partes relacionadas.
Más allá, el IETU permite deducciones al pagarse inversiones al 100 por ciento; terrenos al 100 por ciento, o inventarios a base de compra.
Al revés, el ISR sí permite deducciones que se prohíben bajo el IETU, en este caso el pago de intereses a terceros, los gastos de previsión social, las regalías a partes relacionadas, las depreciaciones y amortizaciones en activos fijos y el costo de enajenación de activos fijos, terrenos e intangibles.
Adicionalmente, bajo el marco del IETU no se permite la consolidación fiscal, es decir la posibilidad de integrar en uno pérdidas y ganancias de las filiales de un conglomerado.
Ahora que la IETU permite actualizar créditos fiscales contra el tributo del ejercicio o contra pagos provisionales en 10 ejercicios siguientes hasta agotarlo, o contra el ISR.
Lo curioso del caso es que cuando se planteó la propuesta del presidente Felipe Calderón la consigna hablaba de alinearse, dado que el escenario previsto era la factura a pagar por llegar éste al poder.
Se están saltando las trancas, pues.
Balance general
Aunque los nombres se guardan bajo siete llaves, ha trascendido que la Procuraduría General de la República mantiene desde la semana pasada bajo arraigo a tres ex funcionarios de la administración foxista, a quienes se les vincula con el caso del chino-mexicano Shen li Ye Gon.
Dos de ellos estuvieron vinculados a la vigilancia en las aduanas, y uno al sector salud, presumiblemente en la instancia que le concedió los permisos de importación de seudoefedrina al hombre que volvió famosa la frase “coopelas o cuello”.
Estamos hablando de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
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En los próximos días, horas quizá, la Cámara Nacional de la Industria Textil desatará un escándalo al acusar de negligencia a los más altos funcionarios de la Secretaría de Economía que encabeza Eduardo Sojo, solicitando, de plano, la renuncia de dos subsecretarios.
La exposición de motivos habla de pasividad frente a la inminente apertura de fronteras a los productos chinos que demandan las reglas de la Organización Mundial de Comercio.
El desmantelamiento de aranceles a los textiles del país de la muralla llegará el primer día del año próximo.
La ira la desató la respuesta de un alto funcionario al apremio: “No hay nada que hacer”.
De acuerdo al marco institucional del comercio internacional, el país podría solicitar una salvaguardia o cierre parcial de fronteras ante la amenaza de competencia desleal a la industria en su totalidad.
Más aún, las reglas previenen la posibilidad de un panel de solución de controversias en el que se reclamaría los subsidios y las subvenciones con que se apuntalan las exportaciones del país oriental.
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Aunque desde una ventanilla Cementos Mexicanos está desinvirtiendo en Estados Unidos ante la presión de la autoridad en materia de competencia, desde otra inició la construcción de un planta, ubicada ésta en Arizona.
La inversión será de 400 millones de dólares.
La factoría tendrá una capacidad de producción de 1.9 millones de toneladas cortas de cemento.
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Quien llegó ayer al país es Julián Roberts, presidente mundial de la firma financiera Skandia, filial de la firma inglesa Old Mutual.
Como usted sabe, la empresa inició operaciones hace cuatro años como operadora de fondos, alcanzando en la actualidad una cartera de 200 mil clientes.
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