Desarman la guillotina
- Mexicana no alcanza
- Telefónica sí puede
A la callada, el Congreso desechó de la propuesta de reforma fiscal planteada por el gobierno la posibilidad de institucionalizar la guillotina levantada por el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, contra los directivos de empresas acusadas de defraudación o elusión fiscal.
De acuerdo a la visión del ex funcionario, desde el presidente hasta el último de los integrantes del Consejo de Administración de una empresa son corresponsables de ilícitos de tal naturaleza. El problema es que la picota se manejó en forma selectiva, digamos al gusto de las pasiones, o si lo prefiere de los humores.
Bajo el marco huyeron en su momento del país los ex presidentes de la firma constructora Tribasa, David Peñaloza Sandoval; de Altos Hornos de México, Xavier Autrey, y del Consorcio Azucarero Escorpión, Enrique Molina Sobrino.
A los dos primeros se les capturó en España. El tercero, cinco años después, permanece prófugo.
De acuerdo a las versiones que se manejan, Gil Díaz habría dicho en su momento que mientras él viviera no regresaría Molina… a menos, claro, que le aguardara una celda al entonces también presidente de la principal embotelladora de Pepsi Cola en el país, Grupo Embotellador Mexicano.
El hecho es que en el caso AHMSA y en el de Caze se involucró en paralelo a algunos de los integrantes del Consejo de Administración, con la novedad de que en este último se apuntó también contra el secretario de éste, Jorge Gastélum.
Apresado en la ciudad de Hamburgo, el abogado cuyo papel se constreñía a la redacción de las actas, fue extraditado al país… donde se desvanecerían los cargos en su contra, al acreditarse que Caze sí había pagado los impuestos de la discordia, con recursos y actualizaciones al calce por extemporaneidad.
Gastélum fue eximido de toda culpa por el juez de la causa, lo que confirmaría a la letra meses después un Tribunal Colegiado.
La persecución incluyó también al hermano del presidente del principal emporio azucarero del país, Fernando Molina Sobrino, y a su hijo, Enrique Carlos Molina Bastieri, quien acaba de ser capturado a su regreso al país. De hecho, los agentes lo esperaban en la escalera del avión en que llegó a Cancún.
En la carambola, se emitió orden de aprehensión contra el hoy subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Manuel Rodríguez Arregui, en su calidad de consejero personal del presidente del grupo propietario de nueve ingenios, Enrique Molina Sobrino, además de consejero independiente del consorcio.
Sin embargo, días después de expedida ésta el propio secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, le extendería el “perdón más amplio”, lo que lo libró de pisar la cárcel.
La resolución fue avalada por la Procuraduría Fiscal.
Aparentemente en el asunto influyó la amistad personal del funcionario con el presidente del grupo financiero Banamex-Citicorp, Roberto Hernández, dado que la madre del hoy subsecretario era secretaria privada del poderoso banquero.
En las vueltas que da la vida, sin embargo, las versiones, desmentidas por la Procuraduría General de la República, hablaban de una nueva orden de aprehensión contra Rodríguez Arregui por falsedad en declaraciones a una autoridad judicial al momento de involucrársele.
La paradoja del asunto es que en su momento, consignado el expediente por la Procuraduría Fiscal de la Federación al Ministerio Público y éste a su vez a un juez, se deslindó de toda culpa a quien en ese entonces actuaba como director general del ingenio de Atencingo, es decir el segmento de Caze a donde apuntaba el presunto ilícito.
El monto de la supuesta defraudación era de dos millones 700 mil pesos, que correspondían a impuestos sobre productos de trabajo retenidos originalmente a los trabajadores.
El problema, decíamos, es que al parecer la Secretaría de Hacienda no acreditó en su momento el pago extemporáneo realizado en mayo de 1999 por el ingenio, multas, recargos y actualizaciones al calce, lo que derivó en el alud.
Los documentos, sellados por el Servicio de Administración Tributaria, fueron exhibidos en su momento por Gastélum.
Atencingo, hace ocho años tenía ventas anuales por 80 millones de dólares, ubicándose, junto a El Potrero, como la joya de la corona del Consorcio Azucarero Escorpión.
El intento de volver crónica la pesadilla, como señalábamos al principio, fue desmantelado por el Congreso de la propuesta de reforma fiscal enviada por la Secretaría de Hacienda. El penoso caso Caze. Balance general
De acuerdo a la ley, la Comisión Federal de Competencia tiene 35 días a partir de la semana pasada para aceptar o rechazar la posibilidad de que el grupo Posadas, dueño a su vez de Mexicana de Aviación, pidiera pelear por Aeroméxico.
El plazo vence el 19 de octubre, es decir agotado el espacio para que la aerolínea decida si acepta la oferta de Banamex y un grupo de inversionistas a los que representa el ex presidente de la Coparmex, José Luis Barraza, o la de la familia Saba.
Lo curioso del caso es que Posadas desmintió tener interés en Aeroméxico tras de que su propio presidente, Gastón Azcárraga Andrade, había entregado personalmente una solicitud de análisis de su oferta a la Comisión Federal de Competencia.
Aunque en el papel pareciera misión imposible que la Telefónica de España fuera autorizada para comprar a la firma de telefonía fija Axtel, en la práctica no existe ya ningún obstáculo legal, dada la reciente modificación a la Ley de Inversiones Extranjeras.
Como recordará usted, la empresa propiedad de Tomás Milmo se colocó como el más peligroso rival de Teléfonos de México tras adquirir a Avantel, cuya propiedad la compartían Banamex y la firma estadounidense que reemplazó a MCI.
La Telefónica sostiene una pelea a muerte con el magnate Carlos Slim para arrebatarle el liderato hemisférico en el ramo.
La versión corría ayer, alocada, en los corillos del salón principal del Club de Industriales entre los alrededor de 400 participantes en uno de sus eventos: en cuestión de días, horas quizá, sale Jesús Reyes Heroles de la dirección general de Petróleos Mexicanos.
La paradoja del caso es que la figura central de la comida, ajena totalmente a lo que se filtraba en ese momento, era el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub… a quien se le ubica como el más firme sucesor de confirmarse la remoción o renuncia.
A la callada, los bancos y las empresas hipotecarias crearon un nuevo organismo empresarial: la Asociación Hipotecaria Mexicana, cuyo objeto será promover el mercado e impulsar la adopción de mejores prácticas en materia de financiamiento.
Se trata, lo adivinó usted, de autovacunarse contra un posible contagio de los excesos cometidos en Estados Unidos que abrieron la puerta a la llamada “crisis de hipotecas” que ha obligado a inyectarle a los mercados financieros más de 28 mil millones de dólares.
Quien acumuló esta semana tres trofeos más en su vitrina fue la cadena de autoservicio Wal Mart que encabeza Eduardo Solórzano.
El más reciente se lo otorgó el miércoles la prestigiada consultora en recursos humanos para líderes de América Latina, en un recuento que alcanzó a 500 empresas. Más allá, la Liga Estadounidense de Profesionales de la Comunicación le otorgó al consorcio mercantil el “Gold Award” por su informe corporativo correspondiente a 2006.
En el certamen participaron dos mil 534 empresas de 27 países, 37 de las cuales pertenecen al sector autoservicios.
Wal Mart alcanzó el segundo escalón, al obtener 95 de un máximo de 100 puntos.
Finalmente, el Centro Mexicano para la Filantropía que encabeza Manuel Arango reconoció la tarea social que realiza la firma a favor de las etnias mazahuas y tarahumaras, con su proyecto “Nutrir también es un arte”.
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