¡En esta otra...!
Colocados hace unos días en el banquillo por la Comisión Federal de Competencia por supuesta colusión para fijar tarifas uniformes en agravio de la competencia, los notarios se defienden: Ofrecemos fe pública, no vendemos mercancías.
De entrada, pues, se descalifica la jurisdicción del organismo encabezado por Eduardo Pérez Motta, argumentando que su actividad no es la de un agente económico sujeto a la Ley Federal de Competencia Económica.
De hecho, se alega que tras una indagación realizada por la dependencia en la que se planteaba un supuesto desplazamiento indebido contra corredores públicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en febrero de 2002 que los notarios ejercen una función pública delegada por el Estado, que no empata con actos mercantiles o de comercio.
En abundancia, se señala que, a contrapelo de las afirmaciones con que sustenta la CFC su indagación de oficio, no existe un mercado de servicios de notariado público. Las tareas, pues, no están sujetas a la ley de la oferta y la demanda.
Más aún, sus tarifas las determina el Estado, vía el Congreso de la Unión o los Congresos locales. Y si le seguimos, el número de competidores lo determina el propio Estado con base en la necesidad. A nosotros que nos esculquen, pues.
La investigación abierta contra el gremio al que concurren desde políticos en retiro hasta prominentes abogados, pasando por académicos de medio tiempo, se sustenta en el supuesto ejercicio de una práctica monopólica absoluta que apunta a la colusión para unificar tarifas al margen o en agravio de las reglas de la competencia.
A la letra, la exposición de motivos habla de “una posible práctica monopólica absoluta consistente en contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competitivos entre sí, cuyo objeto o efecto sea fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados”.
El documento en que se le da entrada a la indagación señala, además, que se faculta a la Dirección General de Prácticas Monopólicas Absolutas y Restricciones al Intercambio Interestatal de la dependencia a realizar visitas in situ para tramitar, coordinar y supervisar el procedimiento, utilizando, en su caso, “las medidas de apremio correspondientes”.
El hecho es que el gremio asegura desconocer la causa exacta de la indagación y si ésta apunta contra los diversos Colegios de Notarios existentes en el país o contra cada uno de los profesionales en lo individual.
Como quiera que sea, confían, dicen, en que los supuestos infundios en que se apuntala la dependencia se ventilen en “una audiencia justa y equilibrada, estrictamente apegada a derecho, sin sesgos en la investigación”.
Por lo pronto, la defensa del gremio se sustenta en que la posibilidad de vender la fe pública al mejor postor “sería una fórmula para corromperla y minar la seguridad jurídica”.
Más aún, se aduce que en casos especiales, previa autorización del Congreso o de los Congresos locales, se han bajado drásticamente las tarifas para favorecer campañas o causas sociales.
Así, se aplican costos especiales para beneficio de los compradores de casas de interés social o medio, vía créditos del Infonavit o el Fovissste. Más aún, año con año, a petición de la Secretaría de Gobernación, se promueve en septiembre el “mes del testamento”, planteándose tarifas a la mitad de las habituales. De dos mil 250 pesos a mil 100.
Lo cierto es que tras su frentazo inicial para combatir lo que se ubica como monopolio de Estado, la Comisión Federal de Competencia cobró nuevos bríos gracias a las reformas aprobadas por el Congreso hace dos años… por más que una parte de ellas fue objetada por el ex presidente Vicente Fox, vía una Controversia Constitucional que aún no desahoga la Suprema Corte.
Digamos que la dependencia va por la revancha con nuevas facultades. Y lo cierto, por lo demás es que aunque en el papel los notarios públicos tienen frente a sí la competencia de los corredores públicos, las facultades de éstos están acotadas a sólo cinco capítulos.
Estamos hablando de constituirse como agentes mediadores para el intercambio de propuestas entre dos o más partes, por ejemplo un intercambio accionario; actuar como peritos valuadores para estimar, cuantificar y valorar bienes, servicios y cotizaciones a su consideración; actuar como asesores jurídicos en actos de comercio, árbitros frente a controversias, y fedatarios en hechos, actos, convenios y contratos de naturaleza mercantil, excepto venta de inmuebles.
El caso es que sus tarifas se sitúan, en actividades paralelas, a menos de la mitad de las de los notarios. La pelea, pues, está por iniciarse.
¡EN ESTA OTRA…! BALANCE GENERAL
Aunque en el papel hasta hay marcha con tersitud la negociación entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y su sindicato para la revisión contractual cuyo plazo para empatar posturas se vence el 15 de octubre, el día “D” llegará cuatro días antes.
Estamos hablando de la asamblea del pleno de delegados del organismo de representación laboral, que se efectuará en Mazatlán, Sinaloa.
Ahí se planteará el sí o el no tanto a la oferta del organismo tripartita frente al pliego petitorio colocado en la mesa por los trabajadores, como a la respuesta de éstos al que a su vez planteó la parte patronal.
De rechazarse lo negociado hasta hoy con la intermediación de la Secretaría del Trabajo, las partes entrarán a un estrecho callejón. Como usted sabe, el IMSS reclama la desaparición de 50 de las 152 cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, a las que considera improductivas, ofreciendo a cambio estímulos económicos para el cumplimiento de las que apuntan hacia el ángulo contrario.
El hilo, pues, está en lo más delgado.
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Finalmente será hasta enero próximo cuando el ex propietario de Radio Programas de México, Clemente Serna Alvear, asuma la mayoría del capital de la empresa editora del diario especializado “El Financiero”.
Presumiblemente, dada la relación de compadrazgo que los une, el magnate Carlos Slim Helú asumirá una parte pequeña del capital.
El paréntesis apunta a solventar los problemas laborales que enfrenta la firma editora tras el despido de la tercera parte de su personal sin apego a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo.
Serna, como usted sabe, fue propietario también de de la revista de negocios “Expansión”.
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Mientras analiza la posibilidad de que Mexicana de Aviación pudiera participar en la puja por Aeroméxico, la Comisión Federal de Competencia le dio luz verde a la oferta planteada por Banamex y familia que le acompaña, cuya cabeza es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Luis Barraza.
Dicho con todas las letras, ninguno de los integrantes del grupo enfrenta conflicto alguno de interés, o si lo prefiere carece de negocios análogos.
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En el ping pong que juegan el gobierno capitalino y el federal frente a la posibilidad de que el primero instaure un seguro de desempleo, el segundo, vía la Secretaría del Trabajo, aceptó el ofrecimiento de integrarse al Servicio Nacional de Empleo, aunque le señala algunas restricciones, aduciendo, por ejemplo, que la oferta de aportar dos pesos por cada uno que ponga en la mesa se limitará a las disposiciones del llamado recurso sustentable del gobierno federal.
Es decir sí… pero no.
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