En contraste con el escandaloso despliegue con que se dio a conocer su aprehensión bajo cargos de defraudación fiscal equiparada, pasó prácticamente de noche la liberación por falta de méritos de Enrique Molina Basteris, hijo de Enrique Molina Sobrino, alguna vez el rey de la Pepsi Cola en México.
La razón se inscribe en que la familia no es monedita de oro en el gremio empresarial, cuyos integrantes pintan su raya de inmediato cuando se habla de ella.
La paradoja del caso es que el asunto, a querer o no, le pone el pie a la posibilidad de escenarios similares en que la autoridad fiscal involucra en procesos penales a los integrantes del Consejo de Administración de una empresa, por supuesta responsabilidad solidaria.
De entrada, el juez segundo de Distrito de Puebla que dictó el auto de libertad a favor del hijo del ex magnate, señaló a la letra que la solidaridad fiscal no puede llevar a la responsabilidad penal, “pues ni siquiera el Código punitivo Federal regula la solidaridad en iguales términos”.
Más allá, el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación acota la llamada “responsabilidad solidaria”, a que a uno o más integrantes de un Consejo de Administración conciten la realización del delito; lo cometan conjuntamente; se sirvan de otra persona para ejecutarlo, o auxilien al que lo comete.
Desde otro ángulo, el togado de la causa alude en su resolución a una sentencia del magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, Diógenes Cruz Figueroa, por la que se concedió un amparo, que a la letra señala que “fincar responsabilidad en un delito fiscal a una persona simplemente por ser miembro del Consejo de Administración es ir en contra del carácter individual de la responsabilidad penal, que no puede dar lugar a responsabilidades solidarias.
“Ello, dice además, equivaldría a perseguir la simple pertenencia activa o pasiva a una esfera de responsabilidad en la sociedad de una empresa”.
El caso es que Enrique Molina Basteris, como consta en actas, nunca participó en alguna reunión del Consejo de Administración del ingenio de Atencingo, donde se cometió el supuesto ilícito.
Este, como usted sabe, es uno de los nueve que integran el Grupo Azucarero Escorpión, al que tras su expropiación el gobierno pretende emplazar a un concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada, posibilidad que se mantiene en litigio.
Y el caso, más allá, es que en su momento la persecución involucró al hoy subsecretario de Comunicaciones y Transportes de la SCT, Manuel Rodríguez Arregui, quien era consejero independiente en el conglomerado azucarero, es decir no tenía un centavo en el capital.
Más aún, se involucró al secretario del Consejo de Administración, Jorge Gastélum Miranda, cuya tarea era estrictamente profesional, es decir tampoco tenía una acción en el consorcio.
Como recordará usted, la supuesta omisión en el entero de impuestos sobre productos de trabajo de los trabajadores de Atencingo durante los meses de mayo y diciembre de 1999 alcanzaba un monto de dos millones 706 mil 215 pesos… que según la firma representaban un monto inferior a los saldos a favor de ésta por devoluciones del Impuesto al Valor Agregado.
Digamos que Caze se cobró “a lo chino”.
De hecho, bajo ese razonamiento se dejó en libertad en su momento al director general del ingenio, en quien recaía originalmente la responsabilidad.
La prueba que avaló el auto de libertad fue justo el acta final de una inspección a Atencingo, emitida por visitadores del Servicio de Administración Tributaria y fechada el 25 de noviembre de 2003, en que se avalaba la existencia, entonces, de saldos a favor.
El monto total de éste durante los ejercicios de 1997, 98 y 99 alcanzaba 14 millones 579 mil 986 pesos, es decir casi cinco tantos del total omitido.
De hecho, en su “Manual para el Trámite de Asuntos de Defraudación Fiscal y Otros Delitos Fiscales”, la propia Secretaría de Hacienda reconoce que la omisión total o parcial en el pago de contribuciones no necesariamente conlleva un perjuicio al fisco federal cuando el contribuyente tiene saldos a favor de ejercicios anteriores”.
El asunto se vuelve más kafkiano si se remite al Oficio 330-SAT-21-R2032, por el que el Servicio de Administración Tributaria señala que el ingenio de Atencingo no tiene créditos generados durante el mes de diciembre de 1999.
Ahora que en el Oficio 330-SAT-21-R-3137, fechado el 27 de octubre de 2004, la Subadministración de Recaudación de la Administración Local de Grandes Contribuyentes en Puebla señala que el ingenio de Atencingo no tiene adeudo alguno de carácter fiscal.
La persecución contra el hijo del ex magnate azucarero, como en su momento lo fue contra el ex secretario del Consejo de Administración de Caze, pues, estaba fuera de lugar.
—Usted dispense…
¿Se trata de acabar a cuentagotas con los empresarios a los que se considera incómodos?
Balance general
Una pista para quienes pretenden ubicar las causas profundas del supuesto regaño que el presidente Felipe Calderón les endilgó el viernes de la semana pasada a un grupo de notables a quienes se ubicó como los “300 líderes del país”: Vayan al Forum de las Culturas de Monterrey.
El caso es que horas antes de su encuentro con el grupo, el Ejecutivo había inaugurado las dos exposiciones que constituyen el eje del evento, una que amalgama la cultura egipcia con la azteca (“De Isis a Quetzalcóatl”), y otra que plantea el escenario de las migraciones.
Esta última fue preparada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien desde un carrito eléctrico a manera de silla de ruedas, le fue explicando al titular del Ejecutivo lo que ubicó como “símbolos, más que objetos”.
El escenario hablaba de hambre, miseria, injusticia, maltrato, violencia, latigazos a la dignidad.
De pronto, al fragor del calentamiento global, se desprende un gran témpano de hielo en el Polo Norte, que empieza a flotar en la inmensidad del océano, dejando indemnes a media docena de osos polares que reflejan en su rostro la angustia del incierto.
El hecho es que una hora después de aquel escenario, el presidente Felipe Calderón se topó con una escena diametralmente opuesta: La Hacienda de los Morales. El gigantesco pliego para que los “300 líderes” plasmaran su autógrafo. El banquetazo.
Lo demás se explica sólo.
Aunque sin llegar a la espectacularidad, las señales apuntaban ayer a que el grupo de ex accionistas de Banamex y la propia intermediaria financiera revirarán la contraoferta planteada por Alberto y Moisés Saba por Aeroméxico, por simple amor propio, dicen, por más que ya no estarán todos los que son.
La diferencia frente a la cantidad ofrecida por los empresarios textileros será de tres por ciento, oficializándose en el filito del vencimiento de la vigencia de su postura.
La intención es simple: ganarle tiempo al tiempo, en un escenario en que si el toma y daca se prolonga más allá de la extinción del año, los jugadores estarán obligados a pagar impuestos, aún cuando la operación se cruce en el piso de remates de la Bolsa.
Quien está ganando pian pianito el liderazgo de entidades federativas en materia de atracción de inversiones externas es Guanajuato, cuyo recuento en lo que va del año alcanza 569 millones de dólares.
La ruta apunta a la creación de seis mil empleos.
Más allá, el capital nacional ha sembrado apuestas en la entidad gobernada por Juan Manuel Oliva Ramírez por dos mil millones de pesos, generándose 24 mil nuevas plazas laborales.
Entre las firmas que engordan la piñata están Calzado Emyco, Acros, Whirpool, Condumex, Helvex, Danone de México, Catalina Precisión Products, Papel, Cartón y Derivados…
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