¡Ahí viene el coco!
Aterrado ante la posibilidad de un eventual resurgimiento del fantasma de la Ley de Precios Competitivos que analiza el Senado ante la amenaza latente de una espiral inflacionaria, el Consejo Coordinador Empresarial está colocando collares de ajos a granel en las paredes
La previsión, con visos de exorcismo, surgió tras la exigencia de los autores de la iniciativa de reactivar su discusión en comisiones al impacto de la coyuntura.
Como recordará usted, la propuesta fue colocada en la mesa el 5 de diciembre del año pasado por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, como la primera de las que plantearía el “gobierno legítimo” encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
La exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Precios Competitivos, que consta de 18 artículos y tres transitorios, habla de evitar la exageración de precios de bienes y servicios y combatir los monopolios que originan tales aumentos.
Más al detalle, se busca establecer mecanismos que logren mantener un equilibrio en la determinación de precios en los mercados relevantes, con la finalidad de contribuir a las condiciones competitivas del mercado nacional, además de impedir una erupción irracional en los precios.
La ley, dice su primer artículo, será aplicable a todas las personas físicas y morales con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, aun cuando se dejan de lado los monopolios públicos consagrados en el artículo 28 de la Constitución.
De acuerdo con el esquema, habría una Comisión de Precios Competitivos que tendría la facultad de determinar los mercados relevantes y los agentes con poder sustancial, además de poder especificar precios “con orientación competitiva”, en el entendido que se considera exageración cuando éstos superen 10% la especificación.
El castigo para los infractores oscilará desde la solicitud de corrección de precios hasta el veto para obtener contratos públicos, pasando por la posibilidad de abrir la frontera a la importación de bienes alternativos, o la expropiación, revocación o suspensión de concesiones o licencias para los reincidentes para llegar, en el extremo, a la solicitud judicial de extinción de la sociedad.
La exposición de motivos señalaba que pese a la asimetría de los salarios, que en Estados Unidos son 10 veces mayores, existen precios en México para productos o servicios dos o tres veces mayores que en el país de las barras y las estrellas.
La catarata es inmensa: mientras aquí se le carga a los usuarios de tarjetas de crédito que realizan una compra de 2 mil pesos en una tienda de autoservicio una comisión equivalente a 3.7 dólares, allá se cobran 10 centavos de dólar sea cual fuere el monto.
Más allá, mientras en una mezcla de números con otros proveedores Telcel cobra 23.5 centavos de dólar por minuto de llamada celular, la empresa Verizon aplica allende el Bravo una tarifa de 5.7 centavos, es decir, 312.3% menos.
En la misma ruta, la renta mensual para el servicio de banda ancha en internet que cubre Telmex-Prodigy-Infinitum alcanza el equivalente a 54 dólares, en tanto en Estados Unidos Verizon Online cobra 15. La diferencia, pues, es de 312.3% menos.
En otro plano, Cementos Mexicanos cobra el equivalente a 165 dólares la tonelada de cemento en México, en tanto Cement Portland North American Export Company la vende en 51, es decir, 235% menos. Y mientras la gasolina Premium cuesta aquí 17.7% más que allá, la electricidad de alta tensión se cobra en México 36.9% más que en Estados Unidos.
El caso es que de entrada la ofensiva del CCE contra la posibilidad habla de que la propuesta de una Comisión de Precios Competitivos se opone a la existencia de la Comisión Federal de Competencia, lo que augura un conflicto de interés.
Más allá, el organismo cúpula de cúpulas critica el que se soslayen los monopolios de Estado, aludiéndose a una eventual contradicción frente a una frase del “presidente legítimo”, Andrés Manuel López Obrador: “Parece paradójico que quienes hablan de libre mercado sólo quieren la libre competencia en los bueyes del compadre, en los negocios ajenos”.
Adicionalmente, se plantea que instaurar una mecánica de fijación de precios es revivir un esquema que en el pasado ha derivado en fracasos, además de limitar la creación de nuevas empresas.
La iniciativa, dice la cúpula de cúpulas, podría contravenir algunos aspectos del estado de derecho, dado el alto grado de discrecionalidad previsto para sus garantes. El jaloneo, pues, estará de a peso.
Balance general
Por si le faltaran dolores de cabeza a la firma fabricante de juguetes Mattel, hete aquí que la acaba de demandar la representación de un fondo de pensiones que participa en su capital, por no informarle a tiempo del problema que se le venía encima al descubrirse que el terminado de sus productos tenía pintura con plomo.
La compañía reportó al tercer trimestre una caída en sus ganancias de 236.8 millones de dólares.
Como usted sabe, Mattel debió retirar de los anaqueles en todo el planeta 21 millones de sus productos, alcanzando, en el caso de México, 30 mil.
Para colmo, uno de sus artículos clave, la muñequita Barbie, registra un descenso en 4% en sus ventas.
La sorpresa para el grupo Minera México llegó, a la callada, hace uno días cuando el juez de la causa que le concedió un amparo al sindicato minero contra una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que declaraba ilegal una huelga en la mina San Martín del municipio de Sombrerete, Zacatecas, señaló que el paro podía mantenerse indefinidamente.
Éste, como usted sabe, lleva ya dos meses.
La esperanza de la firma encabezada por Germán Larrea Mota Velasco era que el togado abriera un compás ante la posibilidad de que un Tribunal Colegiado tumbe su resolución.
La mina, cuyo cierre ha anunciado la empresa a los cuatro vientos, produce cobre, plata y zinc.
En su defensa frente a las acusaciones planteadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor de no cuidar la higiene de los envases de sus productos que se reutilizan, el Grupo Modelo le entregó a la dependencia el miércoles pasado un paquete de pruebas de descargo.
Estamos hablando del rastreo del lote del que salieron los seis envases sucios denunciados por Gabriela Alcocer Camacho.
Más allá, el paquete incluyó reportes de las evaluaciones de calidad que según ello realiza cada seis meses la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Además, un informe que se realizó por vía externa en el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor sobre los grados de alcohol en las cervezas extraídas, presumiblemente, del lote de la discordia.
Las señales apuntan a una severa contracción en la construcción de vivienda, la actividad más dinámica en el último sexenio, ante el golpe que representará para las desarrolladoras la entrada en vigor de la reforma fiscal.
La tasa impositiva, que hasta hoy se ubicaba en un promedio de 6%, se elevará a 15, es decir crecerá 150%.
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