EMPRESA
Alberto Barranco
Otra vez Pemex
Congelada varios meses en comisiones legislativas, en los próximos días entrará a la zona caliente una iniciativa de ley que plantea, a pretexto de la anhelada autonomía de gestión a Petróleos Mexicanos, abrir el camino hacia la privatización de la paraestatal
En una primera fase, el escenario plantea permitir alianzas estratégicas con el capital privado nacional y extranjero para desarrollar actividades ajenas a la condición de monopolio de Estado de la empresa pública, consagrado en el artículo 28 de la Constitución.
Estamos hablando de petroquímica, investigación, desarrollo y comercialización de crudo y petrolíferos.
La iniciativa la presentó el diputado Raúl Cervantes Andrade de la fracción priísta, el 26 de abril del año pasado. La exposición de motivos plantea la urgencia de perfeccionar el modelo actual de la industria, “a fin de convertirlo en un eslabón esencial de las cadenas productivas y en un verdadero motor de desarrollo económico y regional”. El alegato habla de los recortes presupuestales de las últimas décadas, que han impactado la política energética en perjuicio de su expansión y modernización, “conforme a los requerimientos del siglo XXI”.
Más allá, se aduce que Pemex es objeto de una política fiscal confiscatoria que ha empeorado la situación de sus cuatro filiales, provocando en una caída dramática de reservas de hidrocarburos y en una falta de mantenimiento y conservación de la estructura, “lo que ha derivado en siniestros de graves consecuencias para el medio ambiente”.
Naturalmente, el texto habla de lo que se califica como “grave” declinación de Cantarell, el yacimiento estelar de la paraestatal.
La propuesta concreta —copiada casi a la letra de la planteada en la anterior legislatura por el ex senador y ex priísta Genaro Borrego Estrada— habla de otorgarle un nuevo mandato a Pemex para operar con base en criterios empresariales. Despojarla, pues, de la camisa de fuerza, que plantea la rígida normatividad, vía su conversión en empresa de Estado, como las que funcionan en Canadá y la mayoría de países europeos.
Adicionalmente, habría un mandato para garantizar una oferta suficiente de energéticos destinados al consumo nacional, “con estándares de calidad internacional que no afecten la competitividad de las empresas mexicanas, ni la economía de las familias”.
Casi el paraíso.
El problema es el cómo, dado que las entrelíneas plantean un escenario en que las alianzas se manejarían bajo el formato de contratos de riesgo, es decir compartir utilidades en consonancia con el handicap.
El caso es que la experiencia internacional plantea la tajada de león para los inversionistas privados, dejándole al Estado entre un 15 y 18 por ciento, lo que derrumbaría la recaudación del fisco. Y el problemas, más allá, es que la posibilidad de abrir la petroquímica “El Fénix” bajo un escenario de capital mixto se estrelló ante la pretención de los socios privados de que se les garantizara el suministro de materia prima a precios fijos.
Ahora que la coyuntura en que se iniciará la discusión entre las fracciones no pareciera la más adecuada, dado el reciente fracaso de la paraestatal para otorgar un contrato de mantenimiento de gasoductos para un tramo, conocido como “paquete cuatro”, de 5 mil 306 kilómetros.
Pese a la cuantía del anzuelo –3 mil 500 millones de dólares -a cubrirse en 10 años de vida del pacto-, 11 de las 12 empresas que adquirieron las bases de licitación se excusaron por escrito de plantear propuestas.
La carta de disculpa subrayaba la palabra: incertidumbre: No hay, pues, certeza jurídica.
Y conste que la paraestatal preparó con seis meses de anticipación las bases de la licitación pública.
Por lo demás, la papa caliente se lanza justo cuando se resquebraja la alianza entre panistas y priístas por los dimes y diretes en torno al presunto enriquecimiento inexplicable del ex presidente Vicente Fox y sus hijastros de apellido Bribiesca Sahagún… quienes convirtieron, justo, a Pemex en eje de su botín.
Privatización enmascarada.
Balance general
De acuerdo con la Secretaría de Economía, quien tiene la razón en el último capítulo del añejo pleito entre el magnate Carlos Slim y el presidente de la filial en México de la Telefónica Española, Francisco Gil Díaz, es este último, dado que la firma objeto de la discordia, Grupo Telecomunicaciones Mexicanas, sí está en regla con lo dispuesto en la Ley de Inversiones Extranjeras.
Dicho con todas las letras, el control lo tienen mexicanas… en la magia de la posibilidad de la inversión neutra, es decir el colocarse las acciones adquiridas por extranjeros en un fideicomiso.
De acuerdo con Teléfonos de México, la firma a la que le niega la interconexión tiene 97% de inversión extranjera indirecta, y 89.6 bajo el control de su subsidiaria española, Telefónica Móviles.
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Pues ahora resulta que la exigencia de revisar las cuotas compensatorias que se aplican a productos chinos por prácticas desleales de comercio está dividiendo a los industriales.
Mientras unos pugnan por detener el procedimiento previsto para agotarse el 14 de diciembre, dada la persistencia de las prácticas que dieron origen al castigo, otros urgen el fin del procedimiento para beneficiarse con materias primas, insumos y productos semiterminados baratos. La rebatiña coloca de espaldas a la pared a la Concamín y Canacintra.
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Paradójicamente, quien se llevó las palmas en la mesa redonda con los coordinadores parlamentarios del Senado que se abrió en el marco de la Convención Nacional del Mercado de Valores, fue el perredista Carlos Navarrete.
El legislador arrancó el aplauso cuando planteó una lucha frontal contra los monopolios, incluídos los que representan las empresas públicas y los sindicatos.
Ahora que la medalla de plata fue para el prísta Manlio Fabio Beltrones, y algunos silbidos para el panista Santiago Creel al que se le calificó, en el mejor de los casos, de tibio.
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Conminado el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social a sentarse por enésima vez en la mesa de negociación para ventilar ajustes al Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los activos, están saliendo algunos trapitos al sol de la administración.
Se habla, por ejemplo, de nepotismo en la Secretaría General de la instancia tripartita, tradicionalmente ubicada como bastión de la Confederación de Trabajadores Mexicanos.
Hete aquí que los cargos de mayor relevancia en la instancia los ocupan los hermanos María Berta, José y Luciano Guerrero Cázares. La primera es secretaria privada del Secretario General, Juan Moisés Calleja; el segundo Coordinador de Evaluación y Control de Procesos, y el tercero subjefe de Asesoría Médica y Social.
Los tres, dicen, mantienen cercado al titular.
Adicionalmente, en el área trabajan los hermanos Javier y Gloria Santa Velasco Herrera, además de Emmanuel Pío, Carlos Alberto y María Eugenia Álvarez Huerta, el primero en Comisiones del Consejo Técnico, y los demás en la Coordinación de Asuntos Internacionales de la propia Secretaría General.
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Mientras la autoridad determina si le cae la guillotina por haber importado mercancía con exceso de plomo en su pintura procedentes de China, la empresa Mattel está colocando en el mercado nuevas líneas de juguetes electrónicos, entre ellos la Píxel Chix o Barbie Gris, que plantea una innovadora plataforma.
La compañía, pese a la pesadilla en que se ubicó al tener que retirar millones de piezas en todo el mundo y al cerrarle sus puertas Brasil, acaba de adquirir a la firma Radice, ubicada como líder mundial en juegos de mano interactivos y electrónicos. La operación fue por 236 millones de dólares.
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