Punto muerto
A casi 100 días de estalladas tres huelgas en otras tantas plantas del Grupo Industrial Minera México, la mayor de las cuales, Minera de Cananea, representa la joya de la corona en materia de producción de cobre en el país, el escenario se mantiene en punto muerto
Se diría que las partes, a contrapelo de los llamados a la conciliación de la Secretaría del Trabajo, le apuestan todo al tiempo: rendición unilateral por hambre o asfixia por las pérdidas acumuladas.
De hecho, la empresa está lanzando un ultimátum, que vence esta tarde, para que los trabajadores soliciten su liquidación ante el “inminente” cierre de las factorías, tras anunciar la cancelación de millonarias inversiones previstas para el corto plazo.
En el camino se cruzan acusaciones de soberbia e intentos de chantaje, aderezadas con calificativos como “pueril arrogancia”.
El caso es que mientras el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana encabezado por Napoleón Gómez Urrutia acusa a la firma de no tener ningún interés de levantar las huelgas, ésta lo acusa a su vez de hacer planteamientos ajenos al marco laboral, “pervirtiendo el derecho de huelga”. “Yo ya cumplí”, dice el patrón. “Puras promesas”, dicen los trabajadores.
El caso es que en su exposición de motivos para excusarse de asistir a una reunión conciliatoria convocada por la Secretaría del Trabajo el lunes pasado, el Grupo Industrial Minera México señala que le ha otorgado -“como le consta a la dependencia”-, todos los puntos en demanda de los cuales se inició la suspensión total de labores.
De hecho, alude a la minuta de una reunión del 24 de agosto. “En vista de que la empresa ha accedido a todos los puntos del emplazamiento de huelga -dice letra por letra una misiva dirigida al titular de la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la Secretaría del Trabajo, Carlos Augusto Siqueiros Moncayo, y firmada por el director general corporativo de Recursos Humanos, Gabino Páez González-no puede haber razón laboral alguna para mantener el estado de suspensión total de labores.
“Si la huelga se mantiene -agrega el texto-, es por razones y objetivos no laborales o no relevantes al emplazamiento mencionado”.
Y dice más: “Por ello, la empresa no alcanza a entender cuál puede ser el propósito de las negociaciones con el sindicato, salvo ser requerida a otorgar beneficios o acciones indebidas desde el punto de vista de la ley laboral o el Contrato Colectivo de Trabajo, lo que es equivalente a una extorsión de la que la empresa se niega a ser víctima o a permitir la falsa esperanza de que las acciones de huelga reditúen recompensas indebidas”.
¡Pácatelas!
La carta está fechada el 1 de octubre y recibida por la Secretaría del Trabajo un día después, es decir, cuatro antes de la reunión.
Ahora que también del otro lado hace aire. En un comunicado a la opinión pública el sindicato acusa al Grupo Minera México de negarse a entregar cuotas sindicales retenidas a los trabajadores como forma de chantaje para doblegar a su representación.
Lo curioso del caso es que la dependencia no le hubiera avisado a los trabajadores de la cancelación unilateral de la cita por la parte patronal, con la novedad de que el plantón se extendió al secretario de Gobierno de Sonora, Roberto Rubial Astiazarán.
Y lo curioso, además, es que según el aserto del sindicato la oferta de la empresa plantea aumentos directos al tabulador del cuatro por ciento, más dos en prestaciones, “cuando no hemos dejado de conseguir más del 10 por ciento en cada revisión”.
Por lo pronto, como usted sabe, declaradas inexistentes las huelgas que afectan también a plantas instaladas en Taxco, Guerrero y Sombrerete, Zacatecas, por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el sindicato logró que un Tribunal Colegiado en Materia Laboral le concediera un amparo, con lo que se pudieron mantener los paros.
La resolución definitiva está en el aire. Ahora que el punto fino del asunto se inscribe en una declaración frontal de guerra entre el propio Gómez Urrutia y el presidente de la firma afectada, Germán Larrea Mota Velasco, en cuyo marco no hay reglas que impidan golpes bajos.
El primero culpa al segundo de sus desdichas, al promoverse el tinglado que dio lugar a su efímera destitución y a su posterior huída del país. El segundo culpa al primero de provocar pérdidas multimillonarias a la empresa.
Lucha sin tregua, pues.
El problema es que los trabajadores se quedaron a la mitad del ring.
Balance general
Aunque en el papel pudiera parecer una simple jugada de ajedrez para darle bursatilidad a su acción, lo cierto es que la intención de Ángel Lozada de vender su cadena de autoservicios Gigante no nació hace unos días.
Se fraguó hace tres años ante el empuje de Wal Mart. De hecho, la remodelación de sus tiendas estelares apuntaba a darle mayor valor agregado al entorno.
Digamos que al empresario le interesaron de pronto más sus negocios hoteleros, es decir la cadena de hoteles Intercontinental, y restaurantes de lujo, que el comercio.
La intención, sin embargo, es mantener los negocios alternos a las tiendas, es decir las papelerías Office Depot y los establecimientos de productos electrónicos Radio Shack, en paralelo a los restaurantes Tocks.
Por lo pronto, la oficialización del run run propició un alza inaudita de 24.56% en el precio de la acción de la cadena.
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A la callada, la fracción panista en el Senado de la República presentó la semana pasada una iniciativa de ley que plantea, abiertamente, la participación privada en áreas estratégicas de Petróleos Mexicanos (Pemex), concretamente en los capítulos de exploración y extracción.
De acuerdo a la óptica de la Secretaría de Energía, donde se elaboró el anteproyecto, la posibilidad no reclama una reforma constitucional, dado que la exclusividad sólo apunta a la producción.
Según la exposición de motivos el nuevo escenario permitiría aprovechar las “cuantiosos” yacimientos submarinos ubicados en el Golfo de México. La propuesta tiene ya la aceptación del presidente de la Comisión de Energía, el priísta Francisco Labastida.
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Unidos en lo esencial, seis líneas aéreas presentaron un recurso de nulidad contra una resolución unilateral del aeropuerto capitalino que incrementó casi en tres tantos las tarifas por el uso de transporte interno que conducen a los pasajeros hacia posiciones remotas. De 180 pesos por servicio, se elevó a 580.
El eje de la inconformidad apunta a que no se le consultó el cambio a la Secretaría de Hacienda, quien por ley fija las tarifas.
Aunque la reclamación la plantea la Cámara Nacional de Aerotransportes, la avalan en lo individual las líneas aéreas Aeroméxico, Mexicana, Aviacsa, Aerolitoral, Aeromar y Click.
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La Secretaría del Medio Ambiente le entregó a la cadena Wal Mart de México un reconocimiento por participar en el Programa Voluntario de Contabilidad y Reposte de Gases de Efecto Invernadero.
La intención de la firma es llegar a 2025 con un abasto al 100% de energía renovable; cero descarga de agua, y cero generación de desechos.
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Este viernes la Asociación Mundial Pro-Conciencia le entregará su tradicional medalla Pro-Conciencia al presidente del Grupo Coraza, Julio A. Millán.
El reconocimiento apunta a un “ejemplar desarrollo empresarial dedicado a la educación, preservación del medio ambiente y bienestar social de México”.
El organismo, encabezado por Beatriz Lobo de Ortiz, tiene como lema “fortalecer el espíritu a través del arte, la ciencia y la tecnología”.
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