Tienda de enfrente
En lo que constituye una virtual tienda de enfrente para la Procuraduría Federal del Consumidor, si bien la mira de la escopeta apunta hacia el lado externo del mostrador, está naciendo, a iniciativa ciudadana, una asociación civil con el sugestivo nombre de Al Consumidor.
Su objetivo es pugnar por reformas a la Ley de Protección al Consumidor para permitir la promoción de juicios colectivos frente a abusos de productores y abastecedores.
Estamos hablando, pues, de un frente común en casos en que el perjuicio alcanza a niveles completos de consumidores, por ejemplo en materia de contratación de servicios indispensables como telecomunicaciones, gas, luz, gasolina, televisión de paga y servicios de Internet.
Más al detalle, se habla de la posibilidad de defensa colectiva frente a cinco áreas específicas que integran el grueso de las quejas ante la propia Profeco: Energía eléctrica, telefonía fija, telefonía celular, televisión vía cable o satelital e Internet.
El blanco, pues, lo constituyen empresas monopólicas como Teléfonos de México, Televisa, Cablemás, la Comisión Federal de Electricidad, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y, naturalmente, Petróleos Mexicanos.
La exposición de motivos se resume en cinco palabras: No-más-historias de horror.
Estamos hablando, por ejemplo, de la colosal cuesta que implica el cancelar los contratos con alguna de esas empresas por deficiencia en el servicio, por cambio de domicilio, por insolvencia y demás etcéteras.
El acta constitutiva del organismo habla de que “los mayores contrapesos de la sociedad civil organizada, aunados a los aún escasos mecanismos e instrumentos legales y procesales eficaces para dar respuesta favorable a reclamaciones, hacen de México el paraíso de las prácticas comerciales abusivas, leoninas, usureras, todas ellas sistémicas y muy rentables para sus autores, y peor aún, muchos de ellas avaladas por la regulación y el regulador correspondiente, que tristemente se ha alejado del interés público”.
¡Pácatelas!
La intención, decíamos, es empujar modificaciones legales para permitir acciones colectivas que integren en una sola sentencia el interés de cientos o miles de consumidores afectados, en casos de indemnización por daños y perjuicios; de corrección de conductas o prevención de actos que pongan en peligro la seguridad, salud, economía, futuro y otros derechos fundamentales.
De acuerdo al artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor reformada en 1992, la instancia en custodia, es decir la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, está facultada para promover ante los tribunales competentes acciones de grupo en representación de los consumidores.
El problema es que la reforma, aplaudida en su momento hasta sangrar las palmas, no establece un procedimiento ágil para que los tribunales estén en posibilidad de oír, probar y resolver los casos presentados por la instancia.
Digamos que el nuevo escenario no previó el empatarse con los procedimientos procesales.
Del tamaño de la laguna habla el que en 15 años se hayan promovido sólo dos procedimientos: uno contra la línea aérea de bajo costo Air Madrid y otra contra Líneas Aéreas Azteca.
La primera, lo recordará usted, emprendió la graciosa huída del país al no empatar el negocio con sus pretensiones, y la segunda fue suspendida en sus operaciones por la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
En ambos casos cayó el telón cuando las empresas mantenían viva la escena, es decir el respetable público se quedó con su boleto pagado cuando se disponía apenas a entrar al teatro.
Y quién va a pelear en lo individual para obtener un reembolso, en un escenario en que sale más caro el caldo que las albóndigas, por más que la línea aérea ibérica dejó colgados boletos de viaje redondo a Madrid.
El caso es que muchos meses después el calvario se mantiene vivo ante la resistencia de los jueces a acatar el procedimiento común.
Y quién se acuerda ya del vía crucis de las defraudados por la empresa Publi XIII, que vendía automóviles baratos a cambio de colocarles publicidad en las portezuelas y hacer recorridos periódicos.
¿Y la suspensión temporal de actividades de Aerocalifornia? ¿Y la quiebra de Operadoras de Bolsa? ¿Y la salida del aire de Taesa?
La laguna, señala el organismo de reciente creación, ha sido un factor importante en la desigualdad económica, jurídica y social entre los poderosos proveedores y los inermes consumidores.
¿Ahora sí viene el lobo?
Balance general
Firme el dedo en el renglón, Teléfonos de México insiste en que la filial de telefonía fija de la Telefónica de España, Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas, viola las Leyes de Inversión Extranjera y Telecomunicaciones al acumular 100 por ciento de capital extranjero, a contrapelo de la prohibición de mayoría.
Como recordará usted, la Secretaría de Economía había avalado la buena conducta de la firma, señalando que estaba en consonancia con los ordenamientos al contar con un socio mexicano mayoritario.
Sin embargo, las pesquisas de Telmex señalan que éste es una subsidiaria de la Telefónica, lo que representa una simulación.
El eje del pleito, un round más en el marco de la añeja rivalidad centre el magnate Carlos Slim Helú y el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, hoy presidente de la Telefónica Española en México, es la negativa de la firma mexicana a interconectar a la compañía de la discordia.
El pleito, pues, sigue caliente.
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A la callada, el sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia le estalló una huelga hace dos semanas a la empresa de capital hindú Mittal Steel con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Como recordará usted, la firma le compró a los hermanos Villarreal la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, integrada a su grupo siderúrgico.
El caso es que el paro duró cuatro días, tras llegarse a un arreglo con el sindicato que le costó a la firma 10 millones de dólares.
Ahora que el punto fino fue la amenaza del grupo con sede central en el Reino Unido, de sacar su inversión del país.
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La posibilidad de vender a una cadena extranjera las tiendas Gigante rompe una tradición que se inició hace exactamente 45 años.
El primer eslabón de la cadena la forjó su creador, Ángel Lozada Gómez en 1962 en Mixcoac, en un escenario que lo cambiaría radicalmente la llegada del Circuito Interior.
El establecimiento, vivo aún, se planteó como el más grande de América Latina, de ahí la razón social Gigante.
Sin embargo, la ausencia de las grandes bolsas de utilidades desesperó a los socios originales del español nacido en Santander, quienes decidieron abandonar la nave, dejando solo al empresario.
Una década después se inauguraba la tienda número 15 en la capital del país, iniciándose una expansión que alcanzó Puebla, Querétaro, Celaya, Acapulco, Toluca…
La número 50 la inauguró en su momento el presidente Miguel De la Madrid.
La semillita se inició con una tienda de abarrotes instalada en Apan, Hidalgo, y denominada “La Comercial”, en paralelo a una distribuidora de cebada que tenía como sus principales clientes a las cervecerías Modelo y Cuauhtémoc.
Las vueltas que da la vida.
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