Ni tú ni yo
Finalmente hay una luz en lo profundo del túnel: doblegada la ortodoxia ante la presión de los industriales, la Secretaría de Economía abrió una suerte de trueque frente a la exigencia de desmantelar de golpe las cuotas compensatorias aplicadas a exportaciones chinas
El esquema plantea una revisión individual de las sanciones cuyo monto oscila entre mil, 800, 600, 450, 200 y 35% sobre el precio ad valorem de los productos introducidos al país, al comprobarse la existencia de prácticas desleales.
Digamos que cada una de las 17 ramas productivas afectadas confrontará la justeza de los castigos frente a su realidad actual, es decir, si persiste por un lado la práctica desleal, llámese subsidio o subvención, y por otro si es real la amenaza de desaparición del sector.
Bajo ese prisma, las cuotas podrían mantenerse intactas, reducirse… o desaparecer de plano, como lo plantea la Organización Mundial de Comercio, al cumplirse 10 años de la firma del Protocolo de Adhesión de China al organismo.
La paradoja del caso es que mientras unos pelean por que México plantee una salvaguardia, es decir, un paréntesis mientras se desvanece o atenúa la amenaza de daño, otros pugnan por que se cumpla a cabalidad el compromiso.
La disparidad, naturalmente, nace de la necesidad de algunas ramas productivas de materias primas o insumos semielaborados o elaborados baratos.
El Kramer contra Kramer, pues, está tocando a patadas la puerta, en un escenario en que, en tanto la pelea frontal la patrocina la Concamin, con su presidente, Ismael Plascencia, en calidad de paladín, la Canacintra nada de a muertito.
De hecho, en el jaloneo ha habido discusiones subidas de tono con el subsecretario de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, Carlos Arce.
Ahora que del otro lado de la mesa, además, está la poderosa Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, cuyos integrantes votan, lo adivinó usted, por el desmantelamiento total de las cuotas compensatorias, dada la posibilidad del gran negocio… por más que la mercancía no sea precisamente de primera calidad.
El punto que doblegó a la dependencia fue la amenaza de la propia cúpula industrial de promover por su cuenta y riesgo un pánel de solución de controversias ante la propia Organización Mundial de Comercio.
El reclamo tenía el aval del despacho SAI Comercio y Economía que encabeza el ex secretario de Comercio Jaime Serra Puche, cuya principal carta es haber sido el artífice para la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La exposición de motivos hablaba de una eventual pérdida de 850 mil empleos… en la primera etapa del golpe, dada la imposibilidad de competencia.
Las ramas más afectadas son textil, de la confección y calzado, todas ellas intensivas en mano de obra.
De acuerdo con las normas de la OMC, el 14 de diciembre es el día D, es decir la fecha fatídica para desmantelar los castigos, algunos de los cuales se impusieron desde tres o cuatro años antes de que se aceptara el ingreso de China al organismo.
El alegato habla de que México, a diferencia de países como Estados Unidos, no evalúa año con año la sanción para equilibrarla con el entorno, es decir, bajarla o subirla en relación con el desarrollo de la posibilidad de competencia.
Ahora que el cabildeo de los que pugnan por reducir pero no desmantelar las cuotas compensatorias o aranceles extraordinarios, se habla de una drástica caída en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, dado el bajo precio en que se cotizan las mercancías chinas.
En paralelo, la caída del empleo podría exacerbar las de suyo tensas condiciones sociales del país, además de reducir drásticamente las aportaciones obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social.
El jaloneo entrará en su punto álgido la semana próxima cuando entren a la revisión los castigos de mayor cuantía, en un escenario en que la Secretaría de Economía los califica abiertamente de exagerados.
Las patadas estarán a peso.
Balance general
La noticia es que detrás de la demanda colectiva por supuesto daño moral que está planteando el líder minero Napoleón Gómez Urrutia en contra del ex presidente Vicente Fox; el ex secretario del Trabajo Francisco Javier Salazar Sáenz y, entre media docena más, el presidente del Grupo Industrial Minera México, Germán Larrea Mota Velasco, está la pretención de una multimillonaria indemnización.
Estamos hablando de 70 millones de dólares, por más que la pretención original apuntaba a 85.
La exposición de motivos habla de una confabulación para promover el linchamiento del dirigente, que se agudizó tras levantar éste la voz frente a la tragedia de la mina Pasta de Conchos que le costó la vida a 65 trabajadores.
Las pruebas hablan de la supuesta falsificación de la firma de uno de los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato para avalar la destitución del dirigente, en paralelo a los amparos obtenidos contra ésta y contra las órdenes de aprehensión que pesaban en contra del hijo de Napoleón Gómez Sada. El escándalo, pues, será de antología.
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Aunque en el papel el Tribunal Colegiado, al que le devolvió la bolita la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras rechazarse un amparo a las plantas fabricantes de Coca-Cola en el país frente a una multa impuesta por la Comisión Federal de Competencia, resolverá en bloque si procede o no en definitiva ésta, lo cierto es que ya no están todos los que son.
Hete aquí que la principal fabricante de la marca, Fomento Económico Mexicano, FEMSA, a querer o no debió pagar los 10.5 millones de pesos que le correspondían del monto impuesto. Más aún, fueron dos los productores que debieron apoquinar con la sanción que alcanzaba, a montos iguales, a 11 de ellas.
La razón es simple: la defensa la emprendieron abogados distintos. En el caso de FEMSA y una planta establecida en Chihuahua, la posibilidad del amparo la frustró un error procesal al momento de exponer la demanda.
El alegato de los afectados es que la dependencia encabezada por Eduardo Pérez Motta se excedió en sus funciones al aplicar tabla rasa frente a denuncias que afectaban en lo individual a una de las empresas.
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En lo que representa un inédito en el país, la Unión Nacional de Productores de Cebada, integrada a la Confederación Nacional Campesina, logró pactar un esquema al que se denomina “agricultura por contrato”. El primer paso lo dio la agroempresa Impulsora Agrícola, que garantizó un precio por tonelada del producto de 2 mil 800 pesos, lo que representa un incremento de 12%.
El acuerdo garantiza mercado para una cosecha calculada en 650 mil toneladas para el ciclo primavera-verano 2007-2008. La superficie sembrada por 50 mil agricultores es de 336 mil hectáreas.
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Esta tarde en el Club de Industriales, bajo el patrocinio del Banco Santander, se realizará una singular subasta a beneficio de la Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil.
Estamos hablando de rematar dibujos realizados por personalidades en diversas disciplinas… incluida la de la banca.
Habrá, pues, trabajos realizados, entre otros, por el propio presidente de Santander y su director general en México, Francisco Luzón y Marcos Martínez.
En paralelo, habrá dibujos del presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Claudio X. González, y del presidente de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga Andrade.
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