Peor el remedio…
Doblegada la tenaz resistencia de Petróleos Mexicanos ante la contundencia del alerta roja colocado por instituciones internacionales sobre el peligro que representaba el gasoducto que corre de Venta de Carpio a San Juan Ixhuatepec, ahora resulta que el remedio salió peor que la enfermedad
Cerrado éste, el transporte de gas licuado de petróleo hacia las gaseras instaladas en la zona se realiza vía pipas dobles, conocidas como fulles, cuya capacidad de almacenamiento varía de entre 19 y 24 mil kilos.
A quién le importa si la ley le prohíbe circular a este tipo de vehículos en zonas urbanas.
Lo inaudito del caso es que parte del costo de los fletes lo absorbe Petróleos Mexicanos en graciosa concesión.
Se diría, pues, que la empresa pública desactivó una bomba… pero le abrió el camino a cientos de ellas, con la novedad de que en la zona conocida coloquialmente como San Juanico viven 250 mil personas, ya en asentamientos regulares como irregulares.
De hecho, en afán de evitarse responsabilidades en la posibilidad latente de un accidente, Lázaro Bello, el propietario de Vela Gas y Bello Gas, dos de las gaseras instaladas en el lugar, acaba de venderlas.
El resto, es decir, Gasomático, Gas y Servicio, Unigas, Vela Gas y Gas Metropolitano, las controlan dos empresarios aparentemente intocables: Tomás Zaragoza y Eduardo Ramírez.
De su poderío habla el que el gobierno haya soslayado durante 21 años una disposición que obligaba a reubicar a las distribuidoras hacia zonas despobladas.
Publicado en el Diario Oficial el 21 de noviembre de 1986, el “Acuerdo para la reubicación de plantas de almacenamiento de gas LP ubicadas dentro de poblaciones”, expedido por las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial y Salud, planteaba un plazo máximo de un año para la mudanza, bajo amenaza de clausura definitiva.
Más aún, en el periodo de transición se instalarían una serie de medidas de seguridad, entre ellas la reubicación de las zonas de carga y descarga y la instalación de sistemas de alerta temprana… que jamás se cumplieron.
El ordenamiento llegó en reacción ante la indignación popular provocada por aquella terrible explosión del 19 de noviembre de 1984 que provocó la muerte de 500 personas, miles de heridos y la destrucción del poblado de San Juan Ixhuatepec, incluidas casas e industrias.
El aniversario número 23 de la tragedia, por cierto, pasó de noche.
A quién le importa si el 11 de noviembre de 1996, 12 años después de la brutal explosión, se produciría otra, en este caso de tres tanques de combustible, con un saldo de 19 desaparecidos y decenas de heridos.
A quién le importa si en el Atlas Dinámico de Riesgos 2000-2003 del municipio de Tlanepantla de Baz, al que corresponde San Juanico, se señala en forma enfática lo que se califica de “grave peligro de origen químico” para la comunidad, ante las frecuentes fugas, derrames, incendios y explosiones. De hecho, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano planteaba una ruta de evacuación… de las gaseras.
Lo curioso del caso es que pareciera que el poderío del grupo encabezado por Tomás Zaragoza, que opera como tal bajo la razón social Tomza, es supranacional, dado que mantiene instalaciones en Honduras a contrapelo de un ordenamiento similar al que se volvió letra muerta en México.
Hete aquí que la firma instaló sus plantas en la zona turística de Omua, en cuyo entorno han llegado cientos de ciudadanos estadounidenses retirados, con la novedad de que los barcos que llevan el gas LP al lugar lo descargan en la playa, con el consiguiente riesgo de una explosión y los inevitables problemas de contaminación.
El caso es que a pesar de que la planta fue clausurada por las autoridades turística, sanitaria, ecológica y de protección civil, sus cuatro esferas repletas del combustible operan normalmente.
Y háganle como quieran.
Del tamaño de las protestas habla la intervención del embajador del país del norte para exigir respeto a la ley. De hecho, se habla ya de una nota de protesta de Washington. El problema es que en San Juanico no hay jubilados de allende el Bravo. ¿Nos esperamos a otra tragedia?
Balance general
Ubicada como la gran favorita, finalmente la cadena de tiendas Soriana ganó la pelea por su similar Gigante, lo que permitió una carambola de dos bandas: Entrar por la puerta grande a la capital del país, y de pasadita colocarse como la número dos en el mercado.
El perseguidor más cercano de Wal-Mart, pues.
Ahora que la empresa encabezada por Ángel Lozada se queda con los terrenos en que se ubican la mayoría de sus tiendas, arrendándolos a la cadena ganadora, cuya compra alcanza 199 tiendas en el país y siete más en Estados Unidos, concretamente en Los Ángeles, bajo el formato Gigante USA.
Más allá, Soriana adquiere los 12 centros de distribución que mantenía la cadena.
Gil al ataque
Firme el dedo en el renglón, la Telefónica de España le presentará la semana próxima a la Comisión Federal de Competencia un paquete adicional de pruebas en refuerzo de la solicitud que presentó contra Teléfonos de México y su filial Telcel para que se les declare firmas dominantes en sus respectivos mercados.
De acuerdo con el Título de Concesión con que opera la primera, la declaratoria exigiría que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la sometiera a una regulación especial.
El caso es que el primer intento de la dependencia en lucha contra los monopolios, hace siete años, lo derribó el poderoso aparato jurídico de Carlos Slim.
En aquel entonces se habló de hegemonía en cinco segmentos de mercado.
Como usted sabe, el presidente de la firma hispana para México y Centroamérica es el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien mantienen una añeja rivalidad con el magnate.
Golpe por golpe
La noticia es que la empresa de telefonía Iusacell está solicitando a la Comisión Federal de Telecomunicaciones la cancelación de la concesión con que opera la firma de capital estadounidense Nextel, alegando que hizo trampa para dejarla en falta.
Como usted sabe, el miércoles pasado venció el plazo otorgado por la propia Cofetel para que los teléfonos de Nextel fueran interconectados a las redes de algunas de las firmas de telefonía celular, entre ellas Iusacell.
El caso es que al no hacerlo ésta, la agraviada solicitó de inmediato que se le revocara la concesión por desacato.
Sin embargo, la explicación de Iusacell es que la firma se negó a firmar el contrato de interconexión presentado en tiempo y forma, alegando condiciones lesivas, por más que el machote es el mismo para todas las compañías de telefonía celular.
La guerra, pues, está golpe a golpe.
Otra vez Napo
De acuerdo con la versión del Grupo Industrial Minera México, el fracaso de la reunión de ayer en la Secretaría del Trabajo con la representación sindical, en afán de negociar el levantamiento de las huelgas que afectan a tres de las plantas de la firma, con énfasis en Minera de Cananea, se debió a la intransigencia de la contraparte, al condicionar la salida a la cancelación de los procesos penales contra su líder Napoleón Gómez Urrutia.
De acuerdo con el sindicato, empero, el problema fue que la empresa habló de haber solucionado los problemas de inseguridad en las plantas, cundo no se ha movido un dedo para modificar las condiciones en que trabajan.
El caso es que el asunto siguió en punto muerto.
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