Comes y te quedas
En lo que constituye la resurrección de sus banderas tradicionales, el PRI está planteando en el Senado de la República una iniciativa que pretende garantizar uno de los postulados torales de la Constitución: el derecho a la alimentación de la clase trabajadora.
Bajo el sugestivo título de Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, la propuesta plantea darle la vuelta a la reforma fiscal que, en el marco del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), canceló la posibilidad de deducción de prestaciones en la materia.
De la oportunidad del anteproyecto habla la insólita adhesión de un grupo de legisladores perredistas en acto reflejo a su lectura.
La exposición de motivos señala que el derecho humano a la alimentación se establece en numerosos instrumentos internacionales que México ha signado, lo que coloca al país en obligación de respetarlo, protegerlo y hacerlo efectivo.
Desde el plano práctico la iniciativa hace referencia a estudios de la Organización Internacional del Trabajo que demuestran que una nutrición deficiente está estrechamente ligada al ausentismo, a las enfermedades y aún a los accidentes laborales, además de reducir hasta un 20 por ciento la productividad.
De hecho, el propio organismo documenta una serie de beneficios obtenidos por países que han adoptado el esquema… bajo prerrogativa de deducción fiscal.
En América Latina el caso más significativo es el de Brasil, quien mantiene desde hace tres décadas un Programa de Alimentación para los Trabajadores.
Y aunque en nuestro país el escenario se abrió desde hace un lapso similar, vía el otorgamiento de vales de comida, instalación de comedores y entrega de despensas, no existe ninguna disposición legislativa que permita la permanencia y continuidad de los programas.
Peor aún, como decíamos, la reforma fiscal aprobada por el Congreso le cortó las alas a la posibilidad, por más que el 30 por ciento de los ingresos familiares se destina a la compra de comida, alcanzando en las familias pobres hasta el 40.
Textualmente, la iniciativa promovida por los senadores María de los Ángeles Moreno, Carlos Aceves del Olmo, José Eduardo Calzada Rovirosa, Ricardo Pacheco Rodríguez, Heladio Ramírez López y Fernando Eutimio Bernés, habla de “contribuir a mejorar el estado nutricional de la fuerza laboral, así como a prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud ocupacional”.
La alternativa apunta hacia todos los trabajadores del país, es decir no discrimina si laboran en el ámbito público o privado… por más que no tendrá carácter obligatorio, o si lo prefiere el esquema será voluntario.
Ahora que la legislación abre una ruta para que los sindicatos negocien con las empresas en el marco de los contratos colectivos de trabajo, en el entendido de que la ley concede beneficios fiscales a quienes adopten la modalidad.
Naturalmente, la propuesta plantea una serie de candados para impedir simulaciones, entre ellos la obligación de entregar un control documental del beneficio, además de los comprobantes fiscales correspondientes.
La alternativa plantea varias posibilidades. Desde las comidas proporcionadas en comedores, restaurantes u otros establecimientos de consumo de alimentos contratados por el patrón, hasta integrar un sistema administrado por terceros para el uso de vales impresos o electrónicos pasando, desde luego, por la entrega de despensas, ya sea en directo o vía vales.
Ahora que la iniciativa plantea no otorgar trato diferencial a los trabajadores en función del tamaño o la capacidad de las empresas, bajo el entendido de que la ayuda alimentaria que se otorga al trabajador a través de comidas no se considera ingreso del trabajador, por lo que no estará sujeta a gravámen alguno.
En el caso de las despensas se considerará un ingreso exento cuando su costo se ubique en el equivalente a un salario mínimo general elevado al año.
La evaluación del ordenamiento la realizará una comisión integrada por representantes del gobierno federal, patrones y trabajadores.
El caso es que a su sola lectura antes de turnarla a comisiones, se adhirieron a la iniciativa los senadores del Frente Amplio Progresista, Antonio Mejía Haro, María López Valdés, Claudia Corichi, Lázaro Mazón Alonso, Melquíades Morales, José Luis García Salvidea, Dante Delgado, Minerva Hernández, María Rojo, Yeidckol Polanvsky, Salomón Jara y Gabino Cué.
Vuelta en u del Congreso.
Balance general
Ayer se venció, finalmente, el plazo fijado por la Organización Mundial de Comercio para que China pudiera recurrir al organismo multinacional para impugnar la justeza de las cuotas compensatorias por prácticas desleales de comercio aplicadas a sus productos, sin que México haya terminado la revisión de éstas, por más que el proceso se inició en agosto pasado.
Sin embargo, de acuerdo a la Secretaría de Economía, no habrá afectación inmediata para las 16 ramas productivas involucradas, originalmente 17, incluida la química cuya revisión concluyó satisfactoriamente.
Ahora que colocada la fecha como día D, ayer se realizó una insólita marcha de fabricantes de zapatos en la ciudad de León, Guanajuato, en protesta por lo que ubican como pasividad de la dependencia.
Treinta mil patrones y trabajadores unidos en la causa común de la sobrevivencia.
Doble cachucha
A quien se le apareció el diablo fue al presidente de la empresa Arrendadora Ocean Mexicana, Antonio Juan Marcos Issa, tras de que la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia de hechos por supuesto contubernio con Petróleos Mexicanos para inflar el precio de renta de sus buques.
El asunto toma un perfil más dramático si se considera que Marcos Issa era coordinador de Proyectos de Petróleos Mexicanos en la época en que se favoreció a su empresa.
Funcionario, pues, con doble cachucha.
De acuerdo a la presunción del órgano de vigilancia de la Cámara de Diputados, el daño patrimonial a la paraestatal podría ascender a cinco millones 23 mil 540… dólares.
El presunto ilícito se cometió en el 2005.
Salto mortal
Será hasta el amanecer del año próximo cuando el ex subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Fernando Sánchez Ugarte, complete el doble salto mortal que lo colocará en las filas privadas, concretamente como director general de Transportación Marítima Mexicana.
El alguna vez presidente de la Comisión Federal de Competencia y otra cónsul de México en los Estados Unidos, sustituye a Javier Segovia Serrano, quien renunció al cargo hace algunas semanas.
Su salida llegó en paralelo a 17 funcionarios más de la empresa transportista que encabeza José Serrano Segovia.
Ganó TV Azteca
¿Se acuerda usted de aquel pleitazo entre Televisión Azteca y su ex conductor de programas, Alan Tacher, por incumplimiento de contrato de éste y supuesto plagio de un esquema de reality show?
Bien, pues la noticia es que el juez quinto de lo Civil en el Distrito Federal le dio la razón a la televisora.
El litigio involucró también al productor Georgio Aresu.
Golpiza, pues, a la piratería.
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