El 20 de diciembre la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el dictamen de ley que regula el uso de la fuerza policial. El siguiente periodo de sesiones será aprobada EN PLENO, convirtiéndose en el primer instrumento de su tipo en el país. La noticia es de la mayor relevancia, la ausencia de normas claras en este delicado aspecto está detrás de incontables actuaciones policiales erróneas tanto por abuso como por subempleo de la fuerza. La ley dirá cómo, cuándo y con qué instrumentos usarla, protegiendo así a la policía misma y a todos los capitalinos. En México el uso de la más importante, delicada y peligrosa atribución de las corporaciones, el empleo de la fuerza y las armas, ha transitado sin reglas claras, al contrario de las democracias avanzadas donde han llegado incluso a la sobrerregulación, cual es el caso de Inglaterra. En nuestro medio en general ni se regula ni se capacita adecuadamente en estos temas. Como secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard informó que más del 90% de los policías bajo su cargo no habían recibido curso alguno de actualización, luego de su ingreso a la policía. En las calles de la ciudad trabajan policías que pueden llevar más de 25 años sin entrenamiento en uso de la fuerza.
La Comisión me invitó a un foro a opinar sobre esta ley, donde sugerí incluir un capítulo que regule las bases de un sistema de registro, control y revisión del uso de la fuerza. Me informan que el dictamen no recoge la idea. Hay tiempo para corregir el error y por ello insistiré. La ley ordena integrar un informe en cada conducta que implica fuerza, pero no obliga a la secretaría a crear un sistema que acumule la información a efectos de seguimiento, control, revisión y aprendizaje. La más avanzada literatura sobre función policial en democracia expone que la mejor práctica en el tema debe contener: a) políticas y reglas escritas en la corporación; b) reportes escritos en cada incidente que implica el uso de la fuerza y c) la revisión de cada reporte por parte de supervisores. El inicio de la formalización de una política destinada a controlar el uso de la fuerza sucedió en 1972 en la policía de Nueva York, cuando se crearon reglas restrictivas para el uso de las armas, más la obligación de crear siempre reportes ante su empleo, a ser revisados de manera automática. Las reglas de 1972 de la NYPD en tres años redujeron 30% la descarga de armas y permitieron que entre mediados de los 70 y finales de los 90 la disparidad en el uso de ellas contra personas de color y blancos bajara desde 8 a 1, hasta 3 a 1. Resultados de tal naturaleza son sólo posibles si la información en efecto fluye a través de políticas claras y sistemas de calidad. Si la Asamblea vota la ley sin el sistema referido no habrá mandato para el adecuado uso de los informes de actos de fuerza; de ser así, no habrá supervisión porque no habrá sistema de supervisión y estos informes irán a uno de los ya saturados archiveros de la secretaría.
Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC
