La STPS es la responsable de que las condiciones bajo las que los trabajadores desarrollan sus actividades estén dentro de los estándares de seguridad; sin embargo, sólo cuenta con 313 inspectores para vigilar a 815 mil empresas del país. (El Universal)
En México se registra medio millón de accidentes de trabajo cada año, contando los 150 mil que permanecen en la clandestinidad: IMSS.
Todos los días millones de personas salen de su casa a realizar una tarea y con ello ganar el sustento para su familia; aunque al mismo tiempo, sin saberlo, corren el riesgo de sufrir un accidente de trabajo sin contar con la protección social necesaria.
En México se registra medio millón de accidentes de trabajo cada año, contando los 150 mil que permanecen en la clandestinidad y no alcanzan un lugar en el registro oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De esa forma se explica que México viva una disminución “milagrosa” en la tasa de accidentes laborales de casi diez puntos de 1980 a la fecha, con 2.9 accidentes por cada cien trabajadores, cuando contradictoriamente países con mejores condiciones laborales, como Francia, Dinamarca, Canadá, entre otros, se mantienen aún por encima de los cuatro puntos porcentuales.
Así lo explica Víctor Hugo Borja Aburto, coordinador de Salud del Trabajo del IMSS: “Chile, que también tiene problemas de oscurantismo en su registro, tiene una tasa de accidentes de cinco por ciento al año; España está en 4.5 por ciento. Nosotros estamos en 2.9 por ciento, esto es porque más del 30 por ciento de los accidentes en México no se reporta”.
Entre esos casos, está el de Silvia Márquez, de 30 años y madre de Elías, de ocho.
Hasta el año pasado despachaba combustible en la gasolinera del kilómetro 17.5 de la autopista México-Puebla. El 16 de mayo de 2006, un camión de pasajeros, de los denominados chimecos, de la línea Santa María Aztahuacán, le cambió la vida: “Ese día me tocó despachar el diesel. Cuando entró el camión a alta velocidad, pensé que se iba a estacionar como los otros, pero cuando volteé ya lo tenía encima”.
“Al principio ni siquiera podía gritar, de la impresión quedé muda. Lo tenía encima, el conductor no quería moverlo, mi hermana —jefa de turno en ese momento— y los pasajeros lo obligaron y lo bajaron para que no se diera a la fuga. Cuando por fin retrocedió, vi toda mi carne y huesos en la defensa, parecía carne molida”.
Ese día Silvia perdió la pierna derecha. El dueño de la gasolinera se niega a asumir cualquier responsabilidad, mientras que el conductor y el dueño del autobús todavía le disputan el mejor precio en los juzgados.
Víctor Hugo Borja Aburto dice que la razón fundamental por la cual la mayoría de las empresas no informa los accidentes, es evitar que aumente su cuota de siniestralidad, la cual puede ir de 0.5 por ciento a 15 por ciento con variaciones anuales, hacia arriba o hacia abajo, de un punto porcentual sobre el valor total de su nómina.
Lo anterior quiere decir que si una empresa tiene una nómina mensual de cien mil pesos, puede alcanzar a pagar hasta 15 mil pesos mensuales si tiene una siniestralidad alta, lo cual le resulta inconveniente.
Hay cinco niveles de siniestralidad, el uno es el menos peligroso y aumenta el riesgo hasta el cinco. Actualmente 19 por ciento de las empresas (más de 150 mil) se ubican en este último.
Esto ha llevado a los patrones a desarrollar técnicas para ocultar los accidentes que suceden dentro de sus instalaciones. Las más comunes son tres: no reportarlos; abrir más de una razón social, una que sólo lleve el registro de empleados bajo riesgo de trabajo y así disminuir la proporción de nómina y la última, tener médicos y equipo quirúrgico para atender cualquier emergencia menor dentro de la empresa que no amerite hospitalización.
Aunque tanto el IMSS como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dependencia que detalla que en 2005 ocurrieron 302 mil 886 accidentes laborales, se encuentran al tanto, no pueden hacer mucho al respecto ya que no se incurre en ningún delito, sólo se trata de faltas administrativas.
Inspecciones
La STPS es la responsable de que las condiciones bajo las que los trabajadores desarrollan sus actividades estén dentro de los estándares de seguridad; sin embargo, es una tarea difícil de cubrir para los 313 inspectores (cien de ellos recientemente agregados) encargados de vigilar a 815 mil empresas. Por lo que en 2006, sólo siete mil 908 centros de trabajo fueron inspeccionados.
El abogado laboralista Néstor de Buen define al sistema de inspecciones de la STPS como deficiente: “No creo que sea efectivo, en primer lugar porque no hay tantos inspectores como empresas, por lo que no hay facilidades de una inspección permanente. En segundo lugar, por la corrupción, es más difícil que un inspector no manifieste ciertas irregularidades porque recibe una gratificación para hacerlo”.
La selección de empresas sujetas a inspección es aleatoria, sin embargo, se les notifica al menos 24 horas antes, lo que les permite prepararse y en un momento determinado, ocultar lo que afectará su evaluación.
Margarita Pulido, especialista en salud laboral e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explica que de esta forma las empresas previenen sus funciones y dejan de utilizar la maquinaria que no cuenta con las medidas de seguridad, solicitan a los empleados que utilicen todos los aditamentos necesarios y “hasta barren”.
La cultura en materia de salud laboral es deficiente, la califica Álvaro Castro Estrada, subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social: “Es todavía precaria, deficiente. No se puede aflojar el paso, hay que estar constantemente trabajando en ese sentido, divulgando las normas, revisándolas”.
El funcionario reconoce que las actuales multas por una mala seguridad en el trabajo (que pueden ir hasta 315 salarios mínimos), estipuladas en la Ley del Trabajo no le representan al patrón ningún efecto inhibitorio: “Lo ideal es que se cumpliera por convicción propia, pero no vivimos en un mundo ideal. Convendría buscar sanciones más fuertes porque la tabla de montos de multas ya quedó verdaderamente obsoleta”.
Castro Estrada recomienda aumentar hasta en 15 veces el tope sancionador, es decir, hasta cuatro mil 725 salarios mínimos.
