La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) está integrada por los principales países desarrollados así como por algunas naciones emergentes, entre las que se encuentran Turquía y México. Ese organismo realiza periódicamente evaluaciones y da recomendaciones sobre las mejores prácticas económicas en sus países miembros.
En este contexto, la OCDE unió fuerzas, según nos dice Ángel Gurría, Secretario General de ese organismo, con especialistas del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para “producir, compartir y comparar datos, análisis y recomendaciones sobre un número de tópicos prioritarios de política pública en México”.
El resultado se plasmó en el documento “Getting it Right” : OECD Perspectives on Policy Challenges in México”, que se presentó al público durante los primeros meses de este año y del que tuvieron amplio conocimiento el Presidente Felipe Calderón y sus colaboradores.
El análisis es extenso y abarca prácticamente todas las áreas de interés económico y social en el país. Incluye, entre otros temas, la aplicación del estado de derecho, el fortalecimiento de las finanzas públicas, el aumento de la calidad de la educación y la flexibilización del funcionamiento del mercado de trabajo. También se abordan la política de competencia, la salud y la asistencia a la pobreza.
El documento concluye que la estrategia de reforma que México necesita debe abarcar todas las áreas de política pública, para las que hace recomendaciones específicas, con el objetivo de cerrar las brechas de productividad y crecimiento que lo separan de otros miembros de la OCDE.
Es interesante observar, sin embargo, que las primeras acciones del gobierno de Calderón, donde destacan la iniciativa de reforma tributaria y su propuesta de primer empleo, van en dirección contraria a las recomendaciones que se derivan de dicho estudio. Esto es un mal augurio para el diseño de las otras reformas cruciales que muchos esperan de su administración.
En lo que toca a la reforma tributaria, el estudio es muy claro en señalar la necesidad de eliminar los tratos preferentes en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y en ampliar la cobertura del Impuesto al Valor Agregado (IVA). De hecho, la parte más extensa del comentario sobre impuestos se dedica a mostrar las deficiencias del IVA en nuestro país, que es el de menor cobertura entre los países miembros de la OCDE y con las menores tasas impositivas en América Latina.
El análisis no contiene sugerencias para “inventar” tributos, sino para corregir substancialmente los actuales. Calderón, sin embargo, escogió el camino del menor esfuerzo, yéndose por la vía de lo “políticamente viable”, más que por la de lo económicamente efectivo.
Me sorprende, por tanto, el entusiasmo de muchos analistas y de los mercados financieros por la próxima aprobación de su iniciativa de reforma tributaria, que con el tiempo probará ser una mala idea, no sólo por las distorsiones que creará en la asignación de recursos, sino porque no logrará resolver el problema fiscal de nuestro país.
El ahora Impuesto a tasa Única (ITU) o como finalmente se llame, correrá la misma suerte que las diversas “reformas tributarias” de otras administraciones, porque al igual que ellas, le sacó la vuelta a la eliminación de tratos preferentes en el ISR y la generalización del IVA.
Pero las sugerencias de la OCDE en el tema tributario no fueron las únicas que desechó Calderón. En fechas recientes aparecieron en la prensa comentarios en relación con los pobres resultados de su programa de primer empleo, que con tanto bombo y platillo festinó durante la campaña y sus primeros días de gobierno. Aquí, como en el terreno fiscal, no hizo caso a las recomendaciones del estudio.
Los especialistas de la OCDE advierten que “los programas específicos que subsidian el empleo de los jóvenes no serían apropiados para México ya que la experiencia de la OCDE sugiere que son costosos y no muy efectivos: hay efectos sustitución, cuando se contrata a un grupo en particular en sustitución de otro, y hay casos donde las personas hubieran sido contratadas aún sin el subsidio.”
Estoy convencido de que el camino de lo “políticamente viable” no lleva a las transformaciones estructurales que México necesita, sino simplemente a cambios cosméticos que privilegian la forma en vez del fondo.
No comparto, por tanto, la perspectiva de quienes como John Welsh, analista de Lehman Brothers, ven el “éxito” de Calderón en que pueda aprobarse su reforma tributaria, como un buen augurio para la aprobación de “otras reformas más fáciles pero también importantes, incluyendo la reforma laboral…”.
Sobre este particular, por ejemplo, me parece miope considerar “más fáciles” que la reforma tributaria a las otras reformas, entre las que se encuentra la laboral, a menos que también se tenga en mente una versión sumamente diluida de ellas.
En relación con la reforma laboral, por ejemplo, no veo cómo Calderón, quien se preocupa por lo “políticamente viable”, se atreva a proponer “ajustes en el número del personal o de las horas trabajadas, facilitar la movilidad interna, recompensar a los trabajadores con base en mérito….., (y) reemplazar los pagos por indemnización por una forma más sistemática de apoyo por la pérdida del empleo”, como lo recomienda la OCDE.
Este organismo señala, de hecho, que los principales obstáculos para elevar la productividad en México, y por ende el ingreso, son los bajos niveles educativos, la ausencia de competencia en diversas industrias clave y la falta de flexibilidad en el mercado laboral. Estas son las reformas estructurales de las que mucho se habla y nada se hace, porque no son “políticamente viables”.
