Antes de entrar a la cárcel se dedicaban a trabajos temporales y al salir de ella siguen en la misma línea o peor porque muchos enfrentan actos de discriminación por ser ex convictos, a lo cual se suma su escasa capacitación laboral.
El Artículo 112 del Reglamento de los centros de reclusión del Distrito Federal dice: “El trabajo y la capacitación para el mismo en los Centros de Reclusión, son elementos del tratamiento para la readaptación social del interno, sin los cuales no podrá determinarse plenamente ésta”.
Pero al quedar en libertad, los ex internos se encuentran con que casi no hay oportunidades laborales para ellos, ya sea por haber estado presos, por no tener capacitación laboral o por carecer de un aval moral, indican asociaciones civiles, investigadores del sistema penitenciario y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, (CIDE), indica en el texto “Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional”, que crece la población carcelaria que trabajaba desde niños y adolescentes.
“Es un rasgo de que tuvieron que trabajar y esa situación les restó posibilidades educativas”, según datos de la Dirección de Ejecución de Sanciones, y agrega que 98% de los internos son de escasos recursos. De acuerdo con la Dirección de Prevención y Readaptación Social del DF, antes de ser encarcelados se desempeñaban en trabajos informales.
Al salir no hay seguimiento de las labores que realizan, aunque según la subdirectora de Fundación Familia Alternativa, Nayeli Luna Buendia —asociación que ayuda a personas que salen de prisión y no tienen a dónde ir— la mayoría se emplea en negocios propios, comercio informal y trabajos temporales como ayudantes.
La escasa formación laboral que se les da en los penales poco ayuda a cambiar la realidad de esas personas y lo peor es que varios ni siquiera se sienten como una persona con derechos, por lo cual no hay quejas que refieran actos de discriminación laboral, da a conocer Víctor Morales Noble, director de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Aunque es violatorio y ya ni siquiera se dan como documento oficial, hay quienes temen a que se les pidan constancias de antecedentes no penales.
La subdirectora de Fundación Familia Alternativa, Luna Buendía menciona que es difícil que alguien quiera emplear a personas que han estado presas.
Para algunos que provienen de familias criminógenas la situación es peor, “porque ya los están esperando para que continúen en el negocio”, explica conforme a la experiencia de la fundación.
Consultada al respecto, la investigadora Elena Azaola refiere que los ex presos han pagado a la sociedad lo que debían y sin embargo les quitan oportunidades de reinsertarse en la sociedad.
Víctor Morales considera que la problemática está enfocada a la falta de preparación de los que están privados de su libertad legalmente, porque aunque la norma contempla la readaptación a través del trabajo, no se cumple.
Las cifras de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social indican que de los aproximadamente 33 mil 500 internos que hay en la Ciudad de México, unos 16 mil trabajan y 17 mil no.
No obstante, los 28 socios industriales que hay en los penales del DF, sólo hay oportunidad para unos pocos, y únicamente la empresa Vicky Form ofrece empleo a los liberados, indica el representante de Derechos Humanos.
“Y el resto de la población no recibe capacitación para desarrollarse en empresas, sino que se les enseña a trabajar las artesanías o hacen comisiones de la misma institución, lo cual no los prepara para competir en el mercado laboral”.
