El senador del PRD, René Arce, recibe la propuesta sobre Reforma del Estado de Beatriz Paredes, Dirigente Nacional del PRI. A su lado la diputada Silvia Oliva, durante la tercera reunión ordinaria de la Comisión de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión. (El Universal)
Dirigentes y representantes de los ocho partidos con registro presentaron sus propuesta de Reforma del Estado a la Comisión Ejecutiva de Negociaciones y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión.
Durante la tercera sesión de ese organismo, efectuada en el patio central del Senado de la República, los dirigentes de los partidos propusieron la reelección consecutiva de legisladores federales y presidente municipales.
Asimismo la reducción del tiempo en las campañas electorales y mejorar la fiscalización de los recursos públicos destinados a los partidos políticos.
La presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes Rangel, propuso modernizar el presidencialismo mexicano a partir de la adecuación de esa figura a la nueva realidad social y plural del régimen político.
Dijo que esto implicaría actualizar su rendición de cuentas ante el Congreso, así como el permiso automático para ausentarse del país en periodos no mayores de siete días.
Además planteó la creación de la figura de jefe de Gabinete, el cual tendría que ser ratificado por el Poder Legislativo, así como reformar al Congreso para eliminar la lista de senadores de representación proporcional, a fin de que ese órgano legislativo recupere su vocación federalista.
Paredes Rangel se pronunció también por un registro nacional ciudadano y convertir a la credencial de elector en una cédula de identidad que permitiría ahorros sustantivos al erario.
La dirigente priista ennumeró también una serie de propuestas en materia electoral como la regulación de las precampañas, la reducción de las campañas, reglas claras para la nulidad de las elecciones, a fin de que “desaparezca la causal abstracta”, y la creación del Tribunal Nacional de Elecciones.
Los dirigentes nacionales de Nueva Alianza, Tomás Ruiz y de Convergencia, Luis Maldonado Venegas, coincidieron en la necesidad de crear el cargo de jefe de Gabinete y se pronunciaron en favor de la reducción de los tiempos y costos de las campañas electorales.
En su oportunidad, el secretario general del PAN, José Espina, propuso el perfeccionamiento de un sistema de Gobierno presidencial republicano funcional y equilibrado, lo que dijo, implicaría forzosamente el mejoramiento de las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) añadió que esa situación implicaría correspondencia en las facultades y responsabilidades de ambos, y garantizar relaciones de cooperación, colaboración y construcción de bienes públicos.
Sostuvo que la democracia mexicana requiere reglas y procedimientos que se sustenten en un sistema de partidos políticos fuerte, representativo y dinámico, conformado por organizaciones responsables y cercanas a los ciudadanos, que facilite el diálogo para construir acuerdos y los consensos necesarios para el país.
Indicó que la reforma del Estado debe procurar la consolidación y fortalecimiento del sistema federal, como decisión fundamental del pueblo mexicano, al tiempo de considerar la evolución política del país.
Espina von Roehrich se pronunció por la democratización y la nueva distribución, así como la descentralización del poder público que permita la autonomía responsable de los gobierno locales y la redefinición de competencia de los tres órdenes de Gobierno.
El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leonel Cota Montaño, definió su propuesta como la transformación profunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y mencionó que en el documento se hacen 300 planteamientos que involucran 87 artículos de la carta magna.
Cota Montaño dijo que su partido pugna por la renovación del pacto federal que dé potestad y facultades a los gobiernos estatales y municipales, un sistema electoral más confiable, eficaz y barato y terminar con el viejo régimen político para dar paso a un poder público con mayores equilibrios y contrapesos.
En su oportunidad, el dirigente del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, coincidió con el perredista en la necesidad de construir un Tribunal constitucional con mayor autoridad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvería cuestiones de constitucionalidad y legalidad sólo en materia de juicios de amparo.
