El presidente Felipe Calderón Hinojosa envió al Senado de la República una iniciativa de reformas constitucionales que modifican el sistema de justicia penal, crean el Sistema Nacional de Desarrollo Policial y regulan el arraigo.
Según el proyecto de reformas a nueve artículos de la Constitución que recibió ayer el Senado, también se proponen medidas cautelares para proteger el derecho de las víctimas y que los sentenciados en centros federales puedan purgar sus penas en instituciones de otro fuero.
En el documento, el presidente Calderón afirmó que el sistema de justicia penal en México es objeto recurrente de críticas, por lo que es urgente modernizarlo, ya que los niveles de inseguridad e impunidad se han incrementado en los últimos años.
Reconoció que es necesario revertir los índices de seguridad pública para que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones y acabar con el escepticismo que obstaculiza el desarrollo nacional.
La profesionalización de los servidores públicos y la depuración de los malos elementos que incurren en actos ilícitos es fundamental para el éxito de esta estrategia, además de que se busca acabar con los casos de policías que han obtenido sentencias favorables en su remoción y han sido reinstalados a pesar de su deficiente empeño.
Asimismo, se reforma el Artículo 16 constitucional para determinar que el arraigo no podrá exceder de 30 días, plazo que podrá duplicarse cuando se trate de delincuencia organizada.
Propone además aplicar prisión vitalicia a quienes secuestren mujeres, menores de edad o mayores de 60 años y cuando lesionen o asesinen a la víctima y los secuestradores sean o hayan sido integrantes de algún cuerpo de Seguridad Pública.
El Ejecutivo Federal propone reformas legales para otorgar plena autonomía técnico funcional a la Procuraduría General de la República (PGR).
En la propuesta que recibió la Cámara Alta se indica que con ello se pretende otorgar un balance equilibrado entre la independencia de criterio y funcionamiento eficaz del Ministerio Público federal.
Además la PGR podrá sustentar su autonomía de gestión frente al Poder Ejecutivo, pues se trata de una institución que responde al mandato de la Ley y no a decisiones de carácter político ni a los intereses inmediatos del momento, que trastocan la tarea técnica de procurar justicia.
La propuesta de reforma de los artículos 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 122 y 123 de la Constitución, que recibió ayer la Cámara de Senadores, fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.
