El próximo martes cumplirá 39 años el secretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna, que no obstante haber vivido la mitad de esa breve existencia en ambientes policiacos conduce erráticamente la oficina que junto con el Ejército federal forma el eje de la principal operación mediática, política y administrativa del Gobierno de siete meses de edad.
Apenas salido de la carrera de ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma Metropolitana -cuyo plan de estudios no incluye, que se sepa, siquiera nociones de actuación policial- García Luna ingresó a los 21 años al Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Esa dependencia de la Secretaría de Gobernación encabezada entonces por Fernando Gutiérrez Barrios, estrenaba nombre y director, un economista cercano a Salinas, Fernando del Villar. Cuatro años antes la suma de sus escándalos y el exceso de sus abusos habían conducido a la supresión de la Dirección Federal de Seguridad, que sería reemplazada por el nuevo centro.
A base de diplomados y cursos breves, que sirven para engrosar el currículum pero no necesariamente para aumentar o consolidar los conocimientos, García Luna ascendió en la jerarquía del Cisen y en 1999, al ser creada la Policía Federal Preventiva, fue designado coordinador general de Inteligencia para la prevención, bajo el mando del vicealmirante Wilfrido Robledo. Ambos fueron formalmente acusados por delitos surgidos de irregularidades administrativas, lo cual no obstó para que García Luna -que sería exonerado de esos señalamientos formulados por la Secretaría que ahora encabeza y la de la Contraloría- fuera llamado por el procurador general Rafael Macedo de la Concha a ser director general de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal. Al año siguiente, noviembre de 2001, se convirtió en director general de la Agencia Federal de Investigación, que sustituyó a la antigua corporación llamada por el público en general perjudicial, en vista de sus defectos.
La gestión de García Luna no eliminó esos defectos, que todo lo más fueron ocultados, o tal se pretendió, en profusas campañas publicitarias que equiparaban a la nueva oficina con las corporaciones extranjeras más citadas, como la FBI y Scotland Yard. Seguramente para mantener la ficción de ese cambio, en diciembre de 2005 personal bajo las órdenes de García Luna, con conocimiento y anuencia suyos, montó el rescate de una persona secuestrada sólo para efectos de su difusión televisiva. Seguramente encandilado por esa aparente eficacia, en noviembre siguiente el presidente electo Felipe Calderón le extendió el nombramiento que ahora ejerce.
No lo hace bien. Su aparatosa decisión de la semana pasada, de remover a cientos de jefes de la Policía Federal Preventiva y de la AFI (que no depende de él) y de sustituirlos por personal procedente de las viejas y vulneradas corporaciones federales, pronto ha evidenciado sus errores. Un “Grupo de mandos medios operativos, segregados y removidos ilegalmente”, se dirá que respirando por la herida pero con datos que revelan información cierta, denunció en un documento -cuya síntesis fue publicada por Reforma el 29 de junio- que muchos de los mandos nuevos carecen de “los requisitos de antigüedad, grado, experiencia y conocimientos” necesarios y que fueron improvisados en cursos impartidos a la ligera. Algunos de los designados reprobaron el taller impartido y aun así recibieron nombramientos. Los mandos resentidos dicen que por haber comprado las plazas correspondientes. Las del Estado de México y Veracruz, añaden, cuestan veinte mil dólares.
Señalan también que la selección de participantes en esos cursos no se hizo mediante convocatoria abierta a todo el personal, sino de modo arbitrario, “bajo los parámetros de influencias, relaciones y costos económicos”. El taller del que emergieron como nuevos responsables habría incluido 11 materias y 56 horas de clase. Alta Dirección y Toma de Decisiones, así como Narcotráfico y Combate al narcomenudeo se impartieron en seis horas cada uno; un poco menos, cuatro horas, se dedicaron a adiestrarlos en Manejo de medios; pero sólo dos a Manejo lícito de la fuerza y sólo una a Identificación de drogas.
Circula otro documento que evidencia el riesgo de haber devuelto a posiciones de mando a agentes y jefes procedentes del pasado. En mayo y junio de 2000, meses después de que la Policía federal de caminos había sido inserta en la Federal preventiva, se practicó una “evaluación al personal de seguridad regional”, como se llamó la función encargada a los miembros de la antigua y temida PFC. Noventa por ciento de los 323 elementos evaluados fueron declarados “no aptos” para continuar en sus funciones, no obstante lo cual no causaron baja. Seguramente fueron sometidos a eficaces tratamientos correccionales porque, a pesar de haber admitido solicitar dinero a sus subalternos, manejar en su provecho información confidencial o haber alterado partes de reportes de accidentes, por corrupción, no sólo se quedaron sino que al menos de esos diez declarados “no aptos” ahora forman parte de la nueva elite que dirige a la Policía Federal.
Digamos por último que Francisco Javier Garza Palacios, que hasta mediados de mayo dirigía la seguridad regional, no fue despedido con otros jefes como se anunció entonces, como reacción a la impasibilidad que exhibieron ante el asalto a Caborca, sino que ahora representará en Colombia a la Secretaría encabezada por su amigo García Luna.
