Sale de manera ilegal el 21.78% del volumen de arbolado de la Sierra
El Siglo de Duarango
SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO.- Los funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y Procuraduría Agraria son vasallos de los empresarios Pinos Altos, (Grupo Rincón); el dinero en estas dependencias federales mueve conciencias, condenan comuneros de Piélagos, municipio de Otáez.
Para Paulino Córdova Quiñones, titular de Profepa, todo marcha en orden, no hay tala inmoderada. Según este funcionario, la dependencia a su cargo tiene presencia permanente en los últimos siete años en Piélagos, curiosamente cuando más robo de madera se ha registrado, según investigaciones y dictamen de los agentes periciales de la Procuraduría General de Justicia.
Un juez de Distrito ordenó por primera vez –después de 20 años de denuncias, amparos y contra amparos- una investigación en el lugar de los hechos, a cuyo lugar fueron enviados los ingenieros agrónomos Antonio Corral Ramírez y César Dávila Sánchez, quienes revelaron que a los dirigentes de esa comunidad los funcionarios les autorizan la extracción de arbolado sin planeación ni control; además, descubrieron cortes superiores a los permitidos.
Como ejemplo de lo anterior, los peritos detectaron en los últimos seis años la extracción de 200 mil 635 metros cúbicos en rollo, de los cuales 43 mil 700 metros salieron de manera ilegal, lo que equivale al 21.78 por ciento, sin contar otros daños al ecosistema.
La recomendación de los peritos es la suspensión total de la extracción de arbolado de la comunidad forestal debido a los daños irreversibles al bosque por la tala inmoderada, lo cual fue publicado el 14 de abril en El Siglo de Durango, motivo que generó reacciones en los directivos de la comunidad y funcionarios como Paulino Córdova Quiñones.
Incluso, a los peritos se les amonestó severamente y hasta fueron amenazados con ser dados de baja de sus funciones; no obstante, estos profesionistas sostuvieron su dictamen a pesar de todo, aunque el Procurador de Justicia también los mantuvo en sus cargos.
Entre los empresarios involucrados en la compra de madera ilegal aparecen los nombres de Miguel Jáquez Reyes, alcalde con licencia de Santiago Papasquiaro, y su hermano Manuel.
Respecto de los funcionarios de Profepa, son sujetos que ni siquiera se bajan de la carretera para inspeccionar el estado que guardan las áreas de aprovechamiento maderable, son corruptos, nunca demuestran con hechos las superficies susceptibles de corte, todo lo ven desde el escritorio, añaden los comuneros afectados.
En cambio, el dictamen de los peritos consiste en diez puntos y un álbum fotográfico del estado que guarda la comunidad de Piélagos; en los trabajos fueron auxiliados por escala 1.50.000 editada por el INEGI, así como de dos posicionadores satelitales, es decir hay bases sólidas para sostener que existe tala y corrupción en las dependencias, a las cuales también deberían investigar, concluyen.
EXPULSIÓN
En Piélagos nadie debe protestar; de hacerlo, los directivos se toman la facultad de expulsar a quienes se revelan, caso concreto el 15 de abril en una asamblea despojaron de sus derechos comunales a 30 personas que con anterioridad habían sido suspendidas por dos años, en cuyo tiempo no recibieron utilidades, pues éstas se las quedaron los mismos jefes de grupo y la comisariada Angelina Corral Núñez.
Entre los expulsados aparecen los nombres de Miguel Corral Núñez, Rubén Mejorado, Joaquín García, Mercedes Paniagua y una lista de casi 30 personas que estaban suspendidas de sus derechos, supuestamente por conflictivos y denunciar las corruptelas.
María Angelina Corral Núñez, Arturo García Zurita y Socorro Paniagua, entre otros directivos, citaron a asamblea en Piélagos, y con menos de 50 asistentes –como lo acostumbran hacerlo- toman decisiones a su conveniencia; el resto de los 674 derechosos permanecen al margen de sus derechos en 16 mil hectáreas. Incluso, algunos ya no viven y otros se encuentran en Estados Unidos.
La lista de expulsados es de 130 a la fecha, lo cual beneficia a los directivos, ya que se reparten más utilidades.
ENEMIGOS PÚBLICOS
Óscar García Barrón, líder de la Liga de Comunidades Agrarias, señaló que el problema de Piélagos no es el único, ya que casi en todos los municipios hay problemas donde queda de manifiesto que los funcionarios de la Procuraduría Agraria, en lugar de asesorar a los productores, se convierten en sus principales enemigos.
Son funcionarios que violentan los procesos y el Departamento de Auxilio pasa a ser el de hostigamiento; es más, algunos comisariados surgen bajo los intereses de los funcionarios para hacer sus tropelías.
Exige a la Profepa tener más atención y evite problemas en las comunidades donde urge la paz social para producir, sin permitir la sobreexplotación.
Las minorías también tienen derecho a ser escuchadas y de asistirles la razón se deben respaldar contra quien sea, no importa si son o no poderosos, la CNC los respaldará hasta las últimas consecuencias, advirtió García Barrón.
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Hermetismo
Días después de la asamblea en Piélagos –15 de abril pasado-, los comuneros afectados como Miguel Corral Núñez pidieron a la Procuraduría Agraria una copia del acta, la cual les fue negada, pues les informaron que fueron expulsados 30 personas, sin derecho a utilidades por el aprovechamiento forestal de 16 mil hectáreas de arbolado.
Pidieron el apoyo de la CNC para obtener esa información, pero ni con un oficio de esa organización campesina les quisieron dar una copia; se justificaron en la Procuraduría Agraria al señalar que la comisariada María Angelina Corral no había entregado la copia a los funcionarios de esa dependencia federal que supuestamente hicieron acto de presencia en la asamblea citada.
Es una triquiñuela que emplea la Comisariada de Bienes Bomunales, basada en que tiene de plazo 90 días para entregar la copia de la asamblea, para ese entonces dejan sin defensa a los afectados; por lo tanto, Corral Núñez comentó que recurrirán de nuevo a un amparo ante un juez de Distrito para exigir esa copia y defenderse de acuerdo con la ley.
La principal molestia de los directivos de la comunidad es que los afectados hicieron pública su denuncia sobre el robo de madera por 43 mil 700 metros cúbicos, de acuerdo con la investigación de los peritos.
Esperan que el juez proceda de acuerdo con las pruebas presentadas y quede de precedente que la ley se aplica por igual a pobres y ricos, todo bajo el imperio del Derecho y la razón.
Aseveran que los daños en Piélagos son irreversibles; para poder regenerar los recursos naturales, se recomienda la suspensión total del aprovechamiento forestal hasta que las autoridades competentes realicen un análisis y estudio de manejo de manera responsable y atinada para poder determinar el tiempo necesario para otorgar un aprovechamiento sustentable, esto con base en los peritos.
Monto económico
Relación de daños y perjuicios por extracción de recursos maderables no autorizados en la comunidad de Piélagos, municipio de Otáez.
Concepto Importe ($)
43,700 M3 de madera en rollo 26’847,969.00
Costo de oportunidad por ingresos
no obtenidos 3’142,963.33
Honorarios contables 15,000.00
Honorarios legales 1’610,878.14
Costo total por daños y perjuicios 31’616,810.47
FUENTE: Investigación de El Siglo de Durango.
