Abogados de inmigración aseguran que los indocumentados que son familiares cercanos de miembros de las Fuerzas Armadas en EU no reciben consideraciones especiales y que las autoridades federales les dan el mismo trato que a otras personas. (AP)
Unos 35 mil militares poseedores de la tarjeta verde, que los acredita como inmigrantes
legales aunque sin ciudadanía, prestan servicio en las Fuerzas Armadas de EU
Yaderlin Jiménez era una inmigrante indocumentada en riesgo de deportación. Su marido, ciudadano estadounidense y soldado, no podía ayudarla, pues había desaparecido tras un ataque insurgente en Irak.
La desaparición de Alex Jiménez en mayo llamó la atención de la prensa nacional. El mes pasado Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interna, pidió que los funcionarios de inmigración detuvieran los procedimientos para deportar a la esposa del soldado del Ejército y la mujer se convirtió en residente legal.
Pero la situación de los Jiménez en Massachusetts dio nombre y rostro a la angustia de un número creciente de familias de militares en condiciones similares, que no reciben el mismo tipo de atención.
“Cada base tiene problemas de inmigración”, dijo Margaret Stock, reservista del Ejército y abogada, quien imparte clases en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point. “El Gobierno por el que pelean es el mismo Gobierno que trata de deportar a sus familias”.
Las historias de estas familias muestran el alto costo de vivir en el punto donde convergen dos de los asuntos más controversiales en Estados Unidos: las políticas de inmigración y la guerra en Irak.
“Si yo estoy dispuesto a morir por Estados Unidos, ¿por qué no se me permite estar con mi familia?”, preguntó Eduardo González, cabo segundo de la Armada, cuya esposa llegó ilegalmente al país, procedente de Guatemala, cuando tenía 5 años. Actualmente, la mujer enfrenta un proceso de deportación.
Quienes exigen un control más estricto de la inmigración consideran que dar la residencia a familiares de soldados sólo crearía un incentivo para que los inmigrantes se unieran a las fuerzas armadas para legalizar a los parientes indocumentados. Tampoco están a favor de soluciones dirigidas a casos individuales como el de Yaderlin Jiménez.
“A menos que se restablezca el orden en general, uno no puede ir despejando desórdenes como éste y pensando que logra algo”, dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro para Estudios de Inmigración, con sede en Washington. “Esto es lo que ocurre cuando uno permite que 12 millones de personas vivan ilegalmente en su país. Van a casarse, tener empleos y familias, como todos y uno acabará en este tipo de situación”.
ALIENTAN A ILEGALES
El Gobierno Federal alienta a los inmigrantes a alistarse en las Fuerzas Armadas, al agilizar sus solicitudes de ciudadanía, eliminar tarifas y facilitarles la presentación de documentos mientras prestan servicio fuera del país.
Además, la oficina federal de aduanas y vigilancia fronteriza ha ordenado que los agentes suspendan la deportación de los inmigrantes que participan activamente en las Fuerzas, en tanto no sean dados de baja.
Los nuevos reclutas responden. Desde el 11 de septiembre de 2001, 33 mil 750 miembros de las Fuerzas Armadas han prestado juramento como ciudadanos. Y unos 35 mil poseedores de la tarjeta verde, que los acredita como inmigrantes legales aunque sin ciudadanía, prestan servicio en las Fuerzas Militares, dijo el mayor Stewart Upton, portavoz del Departamento de la Defensa.
Pero a medida que crece el número de inmigrantes -particularmente hispanos- que prestan servicio en filas, aumentan las probabilidades de que sus familias sean capturadas en operaciones contra la inmigración ilegal.
Una mayor vigilancia ha derivado en un incremento en las detenciones de indocumentados que habían vivido en el país sin ser detectados.
El Pentágono no respondió a la solicitud de comentarios sobre el trato que se da a los familiares indocumentados de los soldados. Funcionarios del Departamento de Seguridad Interna dijeron que cada caso de inmigración se maneja de manera distinta.
SIN EXCEPCIÓN
Los abogados de inmigración dicen que los indocumentados que son familiares cercanos de miembros de las Fuerzas Armadas no reciben consideraciones especiales, y que las autoridades federales les dan el mismo trato que a otras personas.
“No hay excepciones”, señaló Margarita Silva, abogada de González y de su esposa en Phoenix, donde su caso está pendiente.
En junio, durante una audiencia de inmigración, Mildred González recibió un plazo de 60 días para abandonar el país voluntariamente. Tras saber que su esposo estaba a punto de ser emplazado de nuevo, el juez, quien fue militar, le otorgó una prórroga de un año.
Eduardo González partió en julio, para su tercera misión en el Golfo Pérsico, donde coordina un equipo de mecánicos de helicópteros en un portaaviones. Espera volver a tiempo para la audiencia de deportación de su esposa, prevista ahora para junio de 2008.
“La única forma en que puedo irme y cumplir mi trabajo es sabiendo que mi esposa y mi hijo están seguros y bien”, dijo.
Los militares han reconocido durante mucho tiempo que la vida de los soldados puede generar tensión en sus familias y que garantizar el bienestar de éstas representa una parte muy importante para mantener en alto la moral de las fuerzas.
Con ayuda en varios aspectos, desde salud hasta la planificación de una mudanza, los militares proporcionan servicios legales gratuitos a los miembros de las fuerzas. Pero estos asesores no están capacitados en los vericuetos de la Ley de inmigración, dijo Stock.
“Damos alivio a los soldados frente a todo lo demás -los préstamos asfixiantes, un casero que trata de desalojar a sus familias mientras ellos están emplazados-. Pero un aspecto en el que no han recibido alivio es la inmigración”, añadió. “Alguien de arriba necesita decidir lo qué es más importante, mantener juntas a las familias de los soldados -porque sabemos que ello es importante para la moral- o dividirlas en aras de hacer cumplir la ley de inmigración”.
