En México, más de mil ejidos están completamente abandonados; ya no hay ejidatarios ni gente con derechos para trabajar la tierra en estas localidades, señalan las autoridades.
Señalan que México requiere una nueva legislación agraria
Más de mil ejidos en el país están completamente abandonados, es decir, existe la superficie bajo el esquema ejidal, pero ya no hay ejidatarios ni gente con derechos para trabajar la tierra en estas localidades, por lo cual deben disolverse.
Así lo dijo el magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario del país, Ricardo García Villalobos Gálvez, durante el Foro Nacional Agrario “Evolución y trascendencia de la justicia agraria en México”, que se desarrolla en esta ciudad.
Por ello dejó claro que México requiere una nueva legislación agraria que permita reorientar el esquema jurídico y práctico conforme al que funcionan actualmente las propiedades colectivas del sector social, como son los ejidos y las comunidades.
El magistrado denunció que en muchos de los casos son ex funcionarios del Registro Agrario Nacional, de la Procuraduría Agraria o de la Secretaría de la Reforma quienes rearman problemas resueltos o asesoran el inicio de nuevos conflictos de tierras.
“Nunca falta un grupito, normalmente auspiciado por ex funcionarios del Registro Agrario Nacional, de la Procuraduría Agraria o de la Secretaría de la Reforma, que rearman los problemas y meten a los inversionistas en conflictos de carácter legal”, dijo.
Por ello se pronunció en favor de promover en la justicia agraria la reconversión de tierras a pleno dominio, pues a pesar de que se hacen las reconversiones de los ejidos surgen este tipo de casos que inhiben la inversión en el campo.
“Entonces, tenemos que buscar los mecanismos para darle mayor seguridad a la tenencia de la tierra”, reiteró, pues admitió que en muchas regiones del país la figura del ejido ya no es funcional ante la nueva dinámica del campo en el contexto global.
“El tema agrario es el tema histórico del país, entonces no tiene por qué partidizarse o politizarse. Fue una divisa de la Revolución Mexicana el reparto agrario y todas las estructuras, pero la realidad es otra hoy en día. La globalización, lamentablemente, nos ha impactado”, subrayó el magistrado presidente del TSA.
Dijo que en diferentes foros se ha desarrollado el análisis y la discusión sobre esta temática, donde participan tanto representantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo y Judicial, como de las propias comunidades ejidales y otros sectores.
“Tenemos ejidos que no tienen ejidatarios; hay 30 mil en términos generales, pero de ellos hay muchos que se han hecho pequeñas propiedades, y se estima que hay mil ejidos sin ejidatarios, entonces, hay que cancelarlos”, expresó.
“Lo inquietante es que proliferen los ejidos sin ejidatarios y que prevalezca esta incertidumbre sobre la tenencia de la tierra”, manifestó, al precisar que si ya concluyó el reparto agrario quedan algunos temas por resolver.
Uno de ellos es el amparo en materia agraria, porque la Ley de Amparo es contra autoridades administrativas y es un amparo indirecto, mientras que en la Ley Agraria se contempla un amparo directo contra autoridades judiciales, lo cual genera una incongruencia y abre el camino a quienes quieran iniciar conflictos de tierras.
Indicó que hay estados que por su propia conformación tienen una problemática más aguda, como es el Sureste del país, con arraigados problemas por las antiguas comunidades indígenas, y con temas delicados porque son conflictos de límites.
“Otra zona muy conflictiva podremos decir que es el Estado de México, Michoacán y Morelos, por la conformación de múltiples ejidos; entonces, en esa zona se dan conflictos muy delicados, mientras en el resto del país la conflictiva no es tan intensa”.
Señaló que en el caso de Durango, el Gobierno del Estado ha puesto atención a los asuntos que plantean como temas agrarios inquietantes, para lo cual se mantiene una coordinación del Tribunal Agrario con el Gobierno para desactivar los conflictos antes de que se compliquen.
Tópicos
La oralidad del juicio agrario es uno de los temas que se tocan en el marco del Foro Nacional Agrario “Evolución y trascendencia de la justicia agraria en México”, que se desarrolla en esta ciudad capital.
El destino que tiene la justicia agraria y las perspectivas que se avizoran por delante en este contexto es otro de los tópicos que analizarán estos dos días los participantes del foro.
El Tribunal Superior Agrario (TSA) señala que desde hace 15 años hace uso de los juicios orales en México con resultados satisfactorios. Sin embargo, se busca que la conciliación de las partes pueda ser contemplada en la legislación agraria.
Y es que 30 por ciento de los asuntos que llegan al Tribunal Agrario se resuelven por conciliación y por eso se van hasta la sentencia, lo cual garantiza que no habrá conflictos posteriores porque las partes se pusieron de acuerdo.
Provocan conflictos agrarios millonaria erogación
Cerca de mil millones de pesos destina este año la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a la solución
de conflictos de tierras a lo largo y ancho del país, informó el titular de la dependencia, Abelardo Escobar Prieto. El funcionario manifestó que en el año 2003 se dirigió la atención del Gobierno Federal -a través
de la Reforma Agraria- a la solución de 14 conflictos agrarios considerados “focos rojos” a nivel nacional,
de los cuales, dijo, sólo queda vigente uno.
Hay otros conflictos agrarios que los lineamientos de trabajo de la SRA consideran “focos amarillos”, de los cuales en el año 2003 se inventarió a alrededor de 700 y se ha avanzado en alrededor de 500, por lo cual actualmente se trabaja en el resto.
Y en el caso del estado de Durango refirió que se contabilizan siete conflictos de consideración, aunque ninguno se percibe de preocupación, como en su momento lo fue el de Bernalejo de la Sierra en los límites con el estado de Zacatecas.
