La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció por que se aclaren las agresiones contra migrantes ocurridas el primero de mayo pasado en Los Ángeles, California, cuando se manifestaron para exigir respeto a sus garantías.
El organismo refirió que en otras ocasiones la discusión sobre la reforma migratoria ha sido motivo para la polarización de posiciones, además de dar pie a diversas expresiones de agresión contra la comunidad migrante en la Unión Americana.
En un comunicado, consideró que deben enviarse señales claras en el sentido de que no se permitirán acciones violentas contra los trabajadores migrantes y sus familias.
Recordó que en una carta el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, expresó al alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, su preocupación por los hechos, así como su confianza en que la voluntad política del alcalde hará posible su esclarecimiento y el castigo a los responsables.
Si bien Villaraigosa removió de sus cargos a dos altos mandos de la Policía local hace unos días, no se ha informado de otras medidas como producto de la investigación de los hechos, expuso.
Ello, añadió, a pesar que en su momento se dijo que las indagaciones podrían desembocar en eventuales sanciones a otros responsables y en la reasignación de un indeterminado número de agentes.
La institución sostuvo que el total esclarecimiento de lo sucedido y en su caso la aplicación de las sanciones correspondientes, constituiría un precedente significativo para desalentar que se produzcan incidentes similares, que representan un riesgo para la integridad de los migrantes.
Además, consideró que hechos de ese tipo provocan un clima de tensión desfavorable para la discusión legislativa y enrarecen el entorno social y laboral de los migrantes.
Por ello, la CNDH indicó que es determinante que se concluyan las investigaciones sobre el incidente y se den a conocer sus resultados.
Desmantelan red
de ‘polleros’
Por otra parte, una de las principales redes de traficantes de personas en Arizona fue desmantelada tras la detencion de 11 de sus integrantes y la confiscación de más de 150 mil dólares en efectivo y nueve vehículos, informó una fuente judicial.
La fiscalía del fuero federal para Arizona dijo que la banda criminal tenía su centro de operaciones en la ciudad de Tucson y es acusada de ayudar a internar cada semana más de 500 indocumentados a Estados Unidos por el área de Sasabe, fronteriza con Sonora.
Los inculpados, incluidos siete mexicanos, enfrentan cargos relacionados a tráfico de personas (“polleros”) sancionables con hasta diez años de cárcel y/o una multa máxima de 250 mil dólares.
