La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cámara de Diputados espera que el órgano fiscalizador actúe penalmente en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Raúl Muñoz Leos, por el mal manejo de mil 400 millones de pesos, que fueron trasladados al sindicato petrolero.
La ASF que encabeza Arturo González de Aragón deberá entregar en los próximos días un reporte a la comisión legislativa en el que señale qué instancias pudieron comprobar el manejo de recursos observados en la Cuenta Pública 2005 y cuáles no, para entonces proceder penal o administrativamente en contra de los responsables de esas irregularidades.
“Yo puedo adelantar en este momento que no va a haber manera de que Muñoz Leos satisfaga la legalidad de esa transferencia y por ello se iniciarán los procesos penales en su contra, aún cuando la Secretaría de la Función Pública tenga un proceso en su contra”, dijo el presidente de la comisión, Antonio Ortega.
El diputado del PRD sostuvo el ex funcionario de Pemex dispuso de manera irregular por medio de un convenio con el sindicato de más de mil millones de pesos.
“La Auditoría ya solicitó el resarcimiento por este monto de recursos y de no hacerlo, se fincarán denuncias penales contra él”, dijo.
-¿Entonces iría a la cárcel?
-A la cárcel.
Otro funcionario que está en la mira, aunque ya tiene una inhabilitación por diez años en la administración pública por irregularidades en la administración de 60 millones de pesos, es Juan Antonio Fernández, ex comisionado nacional del Seguro Popular.
“Tenemos conocimiento de que la Auditoría está a punto de terminar el pliego de fincamiento de responsabilidades administrativas, penales o resarcitorias. Yo espero que la Auditoría, en los próximos días, a los medios y a nosotros nos haga entrega del documento para darle seguimiento”, apuntó Ortega Martínez.
Ayer, en su reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la ASF se aprobaron las conclusiones generales del Análisis al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de a Cuenta Pública 2005, en el que se incluyeron 40 recomendaciones al órgano fiscalizador.
