La Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad señala que todas las unidades deberá adaptar elevadores y rampas, pero no ha pasado nada, aseguró Jaime Pérez Calzada.
La población discapacitada ya muestra su preocupación por un posible incremento a las tarifas del transporte público en enero, porque el descuento del 50 por ciento que les aplican quedaría en buenas intenciones.
Inclusive, Jaime Pérez Calzada, presidente del Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), aseguró que antes de pensar en incrementar el precio del pasaje debería aplicarse la ley a cabalidad.
NORMATIVIDAD SIN APLICAR
“La Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad señala que todas las unidades de servicio público deberán adaptarse con elevadores y rampas, da un plazo de 18 meses a partir de la publicación de la ley de hace cinco o seis años pero no ha pasado nada”.
... “Hasta ahora no hay un solo autobús del servicio público que traiga rampas o elevadores para personas con discapacidad, pero no ha sido tema de polémica porque no le afecta al sector estudiantil”, reclamó.
Manifestó que actualmente se están peleando por el respeto a los estacionamientos, “pero es un tema contra el universo inmenso de las personas con discapacidad que todavía no pueden movilizarse en el transporte”.
“Por ejemplo las adaptaciones al transporte público como rampas y elevadores porque el universo de personas que se transportan en los camiones, es nada en comparación a los que en sillas de ruedas no van a poder acceder a un autobús, a ellos cuándo se les va aplicar un descuento”.
Ahora con el riesgo de incrementar las tarifa en enero, Pérez Calzada solicitó la participación de los discapacitados en el Consejo Consultivo del Transporte, que presuntamente se reunirá en enero, para que sean tomados en cuenta.
GOLPE A ECONOMÍA FAMILIAR
“La comunidad vio cómo batallamos para que se aplicara el descuento y no tanto una canonjía, sino el derecho que se tiene desde hace años, pero ahora incrementar el precio de pasase será un golpe duro, aun cuando sean pocas las personas que usan el transporte público”, insistió.
Señaló que en Durango, de acuerdo a los censos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y otras dependencias, existen alrededor de 37 mil personas con capacidades diferentes.
En esta población se avanza, pero no tanto de acuerdo a lo que falta por recorrer, principalmente en aquellas personas –niños-jóvenes y adultos- que aún no hacen uso de un servicio como de salud, capacitación, entre otros por estar oculto, encerrado o sobreprotegido por la familia.
Limitado, Seguro Popular
El sistema del Seguro Popular no ha beneficiado ampliamente a la población discapacitada, principalmente en aquellos con problemas visuales o motores, porque el cuadro básico de medicamentos no cubre sus necesidades.
Lo anterior fue manifestado por Jaime Pérez Calzada, presidente del Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), quien añadió que en este sistema creyeron que iban a avanzar pero no alcanzaron su cometido.
... “Lamentablemente no tiene algún cuadro básico de medicamentos que cubran las necesidades de los discapacitados, sobre todo de personas con discapacidad visual, motora, que son lo que más requieren, pero no están incluidos”, concluyó.
