Las personas con capacidades diferentes reclaman la aplicación de la ley en el cobro de las tarifas del transporte público.
El Siglo de Durango
Reprochan a la autoridad estatal el hecho de que no se aplique la ley para que las personas con capacidades diferentes gocen de un 50 por ciento de descuento en el transporte público. Jaime Pérez Calzada, presidente del Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales, recrimina que no se les tome en cuenta.
El ex diputado local –quien es invidente- discute que los sindicatos de transportistas no pueden escudarse en el argumento de que no hay un padrón de personas con discapacidades para evadir la obligación que se marca en la legislación local, negándose a dar una tarifa preferencial.
“A nosotros sólo nos interesa que se cumpla la ley”, subraya el entrevistado, quien descubre que buscan un acercamiento con el secretario general de Gobierno, Oliverio Reza Cuéllar, para discutir este tema.
El Consejo Consultivo del Transporte aprobó en días pasados incrementar la tarifa para este servicio de traslado. La propuesta del Gobierno Estatal era que tanto estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores pagaran la cuota de 2.50 pesos, es decir, que no sufriera alteraciones.
Sin embargo, tanto la Confederación de Trabajadores de México (CTM) como la Alianza de Camioneros se opusieron a esta medida con el dicho de que no es obligación de ellos dar el servicio a los discapacitados, sino que le compete a la autoridad estatal.
El acuerdo final al que se llegó fue que se hará un estudio para conocer los impactos que tiene este sector de la población en el transporte público para volver a analizar el punto dentro del Consejo.
Dicho panorama genera el rechazo de las personas que tienen alguna discapacidad. “Hay tres leyes que nos respaldan y se pueden exhibir, se nos dota de un descuento del 50 por ciento”, reclama Pérez Calzada.
El abogado de profesión recalca que se trata de una situación injusta que en estos momentos no se aplique la tarifa preferencial. “Las autoridades deben poner oído y atención”, solicita para después señalar que no piden dádivas sino a lo que tienen derecho por ley.
Cavila que a las personas con discapacidad no las toman en cuenta porque no son un grupo que acostumbre cerrar calles e ir a protagonizar manifestaciones en las dependencias; no obstante, hacen pública su demanda.
Insiste en que la ley no cita que deben existir padrones para que se aplique el descuento y lamenta que en la actualidad no haya respuesta por parte del Gobierno. “No ha imperado el uso de la ley, la autoridad no ha obligado a los sindicatos a cumplirla”, esclarece.
Letra muerta y enterrada
Conforme lo dicta el artículo 46, fracción 14 de la Ley de Transportes para el Estado de Durango, los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte tienen dentro de sus obligaciones otorgar a los estudiantes, que se identifiquen con credencial expedida por la institución educativa respectiva, un 50 por ciento de descuento.
Pero también poseen el mismo beneficio los adultos mayores -sin necesidad de identificación- y las personas con discapacidad, o sea que deben pagar tan sólo la mitad del importe de la tarifa autorizada para los vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas, en las zonas urbanas y suburbanas.
