Exigen revisar caso de proveedores de Gómez
Diputado local del PAN pide que se ventile en el Congreso y Colegio de abogados solicita un análisis
GÓMEZ PALACIO, DGO.- Según el diputado local Julio Castañeda del PAN, el caso de las empresas que son propiedad de los hermanos del alcalde Ricardo Rebollo y que son proveedoras del Municipio debería ventilarse ante el Congreso del Estado de Durango. El Colegio Regional de Abogados del Estado de Durango (CRALED) pide que se analice el caso y la Canacintra solicita respetar la Ley.
Castañeda comentó que otra opción sería esperar a abril del año próximo cuando la Auditoría del estado revise la Cuenta Pública. “Sin duda es la Comisión de Hacienda del Municipio quien debe revisar y el síndico que es el responsable de la fiscalización lógicamente no va a actuar en contra del alcalde pero los regidores también deben buscar mayor transparencia en estos procesos”.
El diputado dijo que para que el caso “se ventile” en el Congreso basta con que un ciudadano, regidor o diputado lo solicite y de esta forma se agende para la lectura del Pleno del Congreso del Estado donde se turnaría a la comisión de diputados correspondiente para su análisis.
Para Alberto Montes Rodríguez, presidente del CRALED, la situación debe analizarse, cómo es que las empresas se convirtieron en proveedores del Municipio siendo que esto infringe la Ley.
“Si de verdad el presidente quiere que la gente tenga confianza no debe haber situaciones como ésta que es ilegal ni tampoco que sus regidores se lo permitan”, dijo Montes, “yo también soy priista pero obviamente hay cosas que uno no puede pasar por alto, sería interesante que se promueva en el Cabildo una revisión de este asunto”, acotó.
Gerardo Ibarra, presidente de Canacintra, señaló que sin importar cargo, todos los ciudadanos deben ser respetuosos de la normatividad vigente para evitar malas interpretaciones. “Todos debemos ser respetuosos de la Ley sea cualquier funcionario, desafortunadamente en Gómez Palacio ha habido muchas cosas reprobables, esto se tiene que remediar”.
Aunque los funcionarios de Gómez Palacio no han iniciado un escrutinio sobre dicha situación y prácticamente la han evadido, la Ley de Adquisiciones del Estado sí contempla sanciones para ellos en estos casos. Según el Artículo 67 de la citada Ley “los Servidores Públicos de las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o las disposiciones que de ella deriven, deberán comunicarlo a las autoridades que resulten competentes. La omisión a lo dispuesto en el párrafo anterior será sancionada administrativamente conforme a la Ley aplicable”.
