Homologan criterios sobre contabilidad en los tres niveles de Gobierno.
El apartado de transparencia de la reforma fiscal obliga a estados y municipios del país a rendir cuentas de sus finanzas y a homologar informes sobre ejercicio de recursos federales.
Las reformas constitucionales y a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, obligan a las entidades a seguir los mismos lineamientos de gasto, fiscalización e incluso evaluación establecidos para la Federación.
“La reforma es necesaria para crear bases jurídicas, obligatorias para todos, que sustenten la construcción de un sistema nacional de fiscalización que, sin menoscabo de la soberanía de las entidades federativas, establezca principios rectores de la fiscalización.
“También que asegure la autonomía de los organismos fiscalizadores y mediante la homologación de normas y criterios contables entre la Federación y las entidades federativas y de éstas entre sí, asegure una rendición más responsable y rigurosa de toda la gestión pública del país”, indica el dictamen aprobado por el Congreso la semana pasada.
Las reformas a la fracción 28 del Artículo 73 constitucional otorga facultades al Congreso para expedir leyes que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera -ingresos y egresos-, para aplicarse en los tres niveles de Gobierno.
El Artículo 134 de la Constitución establece que los resultados del ejercicio de los recursos federales serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan la Federación, estados y el Distrito Federal.
La reformas a los artículos 116 y 122 obligan a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del DF a crear entidades de fiscalización autónomas.
Además, en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se crea un tercer capítulo titulado “De la Transparencia e Información sobre el ejercicio del gasto federalizado”, en el que se precisa que las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal informes sobre ejercicio, destino y resultados de la aplicación de recursos federales transferidos.
Ajustes contra corrupción
En el Senado, las bancadas del PRD y el PAN acordaron impulsar cambios legales para combatir la corrupción.
Al debatir el último dictamen de la reforma fiscal, el senador perredista Pablo Gómez advirtió que los mecanismos previstos en la reforma enviada por el Ejecutivo son insuficientes.
El panista Fernando Elizondo reconoció que la actual estructura de auditorías, contralorías y los órganos de fiscalización estatales es insuficiente para combatir la corrupción.
“Coincido con Pablo Gómez, hace falta un órgano adicional que se dedique a identificar, perseguir y asegurar que se castigue la corrupción, porque esa tarea no la pueden hacer las contadurías, auditorías ni las contralorías ni ninguno de los órganos que tenemos”, dijo Elizondo.
La reforma constitucional aprobada ayer y enviada al Ejecutivo para su publicación, incluye la homologación de la contabilidad gubernamental; la posibilidad de hacer erogaciones multianuales en el Presupuesto de Egresos de la Federación y disposiciones para mejorar la presentación de la Cuenta Pública.
Advierten impacto de IETU en inversión
La reforma fiscal aprobada por el Congreso afectará la inversión de las empresas debido a restricciones en el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) para deducir los intereses derivados del financiamiento, advirtieron fiscalistas.
Luis Liñero, socio fiscal de la firma Deloitte, declaró que el nuevo impuesto impide deducir los costos de financiamiento, como sí permite el ISR hasta cierto monto, lo cual representará un obstáculo para aquellas empresas que adquieran deuda para crecer.
También criticó que al reconocerse sólo la mitad de inversiones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor al impuesto, se crean condiciones inequitativas para las empresas que ya destinaron recursos.
“Se entiende, por la exposición de motivos de la Ley, que se pretende estimular la inversión, sin embargo, desconoce la inversión ya real que realizó un sinnúmero de empresas en los últimos años, castigando su aplicación”, dijo.
“¿Por qué premiar la inversión futura y no reconocer el valor que tiene la inversión pasada? No tiene sentido, más que recaudatorio”, agregó.
La nueva Ley permite deducir las inversiones que realicen las empresas a partir de 2008 en su totalidad, así como amortizar en un tercio por los siguientes 3 años los recursos destinados entre septiembre y diciembre del presente año.
En el marco de un análisis de Deloitte a la reforma fiscal recién aprobada, Liñero destacó que las restricciones para acreditar inversiones, así como inventarios, pueden dejar en situación de desventaja a empresas que ya realizaron sus procesos de inversión.
En su planeación financiera, una empresa que espere tributar por IETU debe considerar los intereses como costo, ya que a diferencia del Impuesto al Activo (Impac), al cual sustituye como gravamen de control, no se puede recuperar, explicó.
Urgen ajustes a presupuesto
Tras la aprobación de la reforma fiscal, las comisiones de Hacienda y de Presupuesto de la Cámara de Diputados esperan una readecuación del paquete económico de 2008.
Consideran legisladores que la Secretaría de Hacienda debe precisar el aumento de los ingresos y definir el destino de los recursos adicionales que se obtendrán el próximo año.
El priista Horacio Garza, secretario de la Comisión de Hacienda, señaló que el monto adicional podrían llegar a los 200 mil millones de pesos, casi el doble a lo que esperaba el Gobierno.
Según el paquete presupuestal de 2008, Hacienda fijó en 115 mil millones de pesos el ingreso adicional.
Garza añadió que el reajuste de cifras a la Ley de Ingresos, así como la reorientación del gasto, deberán ser enviados cuanto antes, para iniciar la revisión del paquete económico.
