La exoneración decretada por un Juez de Los Ángeles, California, a favor del cardenal Norberto Rivera Carrera, acusado de encubrir a un sacerdote presunto pederasta, constituye un acto de elemental justicia.
En las ocasiones en los que los litigios judiciales trascienden a los medios de comunicación, es frecuente que se aventuren juicios temerarios y que los procesos culminen en linchamientos virtuales que vulneran la honra de los involucrados y en ocasiones acaban con ella.
El caso que nos ocupa tiene lugar en un ambiente hostil a la Iglesia Católica, como resultado de un indebido tratamiento de los casos de abuso sexual presentados durante años no sólo en los Estados Unidos sino en otras partes del mundo.
El propio Juan Pablo II en las postrimerías de su existencia terrenal, gestionó la dimisión del cardenal Bernard Law, obispo de la arquidiócesis de Boston y lo designó curador de una pequeña capilla frente a la plaza San Bernardo de la ciudad de Roma en donde permanece hasta el presente.
El cardenal Law ni siquiera se encontraba en lo personal implicado en un caso de abuso sexual, pero se le consideró negligente en el tratamiento del problema durante el tiempo en que permaneció al frente de la arquidiócesis referida, considerada como una de las más importantes de la Unión Americana.
En forma simultánea, Juan Pablo II reunió a los obispos norteamericanos a los que reprendió en público diciéndoles que ellos deberían ser los primeros interesados en detectar los casos de abuso sexual de sacerdotes y darles la solución correspondiente, respondiendo a una obligación de elemental justicia y atención a las víctimas.
La investigación dirigida por el juez californiano que implicaba al cardenal Norberto, se basa en una simple carta de recomendación que en forma genérica habría dado años atrás el prelado duranguense al sacerdote inculpado, cuando este último se trasladó de nuestro país a la ciudad de Los Ángeles.
La sospecha lastimó a muchos católicos que siguen a Rivera Carrera como su líder espiritual y le reconocen el mérito de haber transitado desde su modesto origen en el pueblo de La Purísima de la Sierra de Durango, hasta la más alta posición en la jerarquía de la Iglesia en México.
El día de ayer, el juez que conoce del asunto declara que no existen indicios de los que se desprenda que Rivera Carrera hubiera extendido la carta con el propósito de encubrir el ilícito o propiciar que el acusado de pederasta eludiera la acción de a justicia.
Se entiende que el juez californiano siguiera todas las líneas de investigación y solicitara una declaración formal que por cierto obtuvo del cardenal primado de México, sin embargo, el dar por hecho en forma prejuiciosa que Rivera Carrera tuviera alguna responsabilidad sin existir mayor evidencia, propició una campaña de linchamiento en contra del cardenal que culminó con una agresión física que sufrió a las afueras de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México hace apenas dos semanas.
El cardenal culpó a militantes del Partido de la Revolución Democrática de estar detrás del ataque sufrido, porque en efecto, el año pasado el asunto que nos ocupa cobró un ímpetu adicional llevado a niveles de escándalo, en el entorno del conflicto posterior a la más reciente elección presidencial.
Desde el momento en que se asentó el plantón perredista en el Zócalo de la Ciudad de México, elementos radicales presionaron para que el cardenal Rivera se pronunciara a favor de su causa y al no obtener el apoyo deseado, suscitaron una tensión creciente que derivó en manifestaciones ofensivas en el interior del Templo que incluso provocaron la interrupción de los oficios de culto religioso.
Ojalá que la exoneración decretada a favor del cardenal Norberto Rivera por el juez que en la Ciudad de los Ángeles conoce del caso, ponga fin al linchamiento mediático sufrido por el cardenal y abra espacios al entendimiento y a la tolerancia de la que estamos tan necesitados los mexicanos.
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