El Gobierno de México anunció la expulsión del presunto miembro del grupo separatista Patria Vasca y Libertad (ETA), Andoni Aspiazu Alcelay, quien fue “detectado” en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que al momento de la diligencia, el ciudadano español no tenía en su poder documento migratorio alguno que acreditara su legal estancia en el territorio nacional, por lo que el Instituto Nacional de Migración (INM) determinó su expulsión.
“El Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, expulsó hoy (ayer) del país al extranjero Andoni Aspiazu Alcelay, de nacionalidad española, debido a que no pudo comprobar su legal estancia en el país”, aclara el boletín.
Explicó que conforme a las atribuciones que le confiere la Ley General de Población y su Reglamento, las autoridades del INM realizaron una visita de verificación con motivo de una denuncia anónima en contra de Aspiazu, quien fue detectado en Cuernavaca, Morelos.
Antes, en breve entrevista, la comisionada del INM, Cecilia Romero Castillo explicó el procedimiento para la expulsión y advirtió de lo que era la aplicación de este inminente procedimiento contra el ciudadano español.
“Lo que tengo conocimiento es que cuando alguna corporación detiene a un extranjero cuyos documentos no están al corriente, tiene que ponerlo a disposición del Instituto Nacional de Migración para que resuelva lo conducente”, anotó la funcionaria.
Refirió que “si esta persona ha sido puesta a disposición de Migración y no tiene sus papeles en regla, tendrá su orden de expulsión del país”.
Previamente, de acuerdo con un cable de esta agencia, el Ministerio del Interior de España había informado de la detención del presunto miembro de ETA y de que podría ser entregado en forma inmediata, al tener una orden de búsqueda y captura emitida por la Audiencia Nacional Española.
Piden juicio civil para soldados
Amerigo Incalcaterra, alto comisionado de las Naciones Unidas en México, se pronunció por que los 19 militares detenidos por la muerte de cinco integrantes de una familia, entre ellos tres niños, en Sinaloa, deben ser sometidos a la justicia civil y no militar, debido a que se trata de violaciones a derechos humanos.
Se pronunció a favor de que impere la justicia civil y no la militar, porque este último método genera violaciones de derechos humanos, tal y como ha sucedido en Sinaloa y Michoacán.
Abundó que se requiere un mayor control de los métodos con los cuales se quiere combatir la delincuencia organizada (Ejército Mexicano), pero que también deben garantizar la seguridad de los ciudadanos.
“Consideramos que la justicia que debe imperar es la justicia ordinaria. La militar se utiliza normalmente para asuntos estrictamente militares cuando (en este caso) estamos hablando de violaciones a derechos humanos, así que el órgano que debería atender este problema y de acuerdo a las distintas recomendaciones y los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y la distinta jurisprudencia internacional, son los tribunales civiles”.
Por otra parte, Incalcaterra dijo que en todo caso se debe preservar la vida humana en alusión a la posible pena de muerte de Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”. Pidió abolir en cualquier país, la pena capital.
