De acuerdo a un informe de la PGR, cada organización delictiva realiza diariamente al menos 15 intentos de extorsión. (El Universal)
Aproximadamente 4 de cada 10 defraudados pagan el rescate cuando se trata de supuestos plagios; las extorsiones dejan ganancias por cerca de 14 millones de dólares anuales.
MÉXICO, DF.- A pesar de los esfuerzos de las autoridades federales y locales por erradicar las extorsiones por teléfono, los delincuentes intensifican sus operaciones para obtener jugosas ganancias que se calculan en 14 millones de dólares anuales y recurren también a supuestos plagios de familiares con la ayuda de grabaciones con las voces de niños o adultos que piden desesperadamente auxilio.
Tan sólo en los últimos dos años, según el Libro Blanco de la Agencia Federal de Investigación (AFI), se registraron 5 mil 198 llamadas de este tipo, lo que representó un incremento del mil 650 por ciento respecto al periodo 2001-2005, pero sólo una de 400 llamadas es denunciada ante las autoridades competentes.
La sorpresa, el azoro, la impotencia y hasta cierto punto el descontrol hacen que las personas caigan presas de las 10 bandas extorsionadoras que realizan sus operaciones desde penales de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana y ofrezcan valiosas joyas, dinero en efectivo y hasta vehículos a cambio de no ver muertos a sus hijos o parientes.
La Procuraduría General de la República (PGR), dio a conocer en un estudio reciente que cada organización delictiva realiza diariamente al menos 15 intentos de extorsión, en negociaciones “relámpago” pues obtienen el dinero del rescate y del fraude en menos de 24 horas.
Las amas de casa, según la investigación, son presas fáciles de este tipo de delincuentes.
La tarde del lunes 20 de agosto en una de las tantas colonias del Distrito Federal, una madre -cuyo nombre se reserva por seguridad- recibió una llamada de advertencia en su vivienda desde un teléfono celular. Al otro lado del auricular, emulando gritos desesperados, la sorprendió una voz parecida a la de su hijo:
“Mamá, ayúdame me van a matar, me tienen secuestrado, dales lo que sea para que no me maten”, decía el supuesto plagiado.
Al no poder contactar a su hijo, creyó que era verdad y les entregó su automóvil, pero no la factura, pues ésta sería canjeada a la liberación del menor.
Más tarde su hijo llegó a la casa sin ningún rasguño y la mujer sorprendida le preguntó cómo lo habían liberado y si estaba bien.
- “Por qué lo dices, no me ha sucedido nada, estaba en casa de mis amigos”, le dijo.
La mujer supo entonces que había sido extorsionada, pero recordó que el vehículo contaba con un sistema de rastreo satelital y lo reportó a la Policía, la cual detuvo a cuatro delincuentes en la colonia Guerrero.
De esta manera cientos de personas son extorsionadas diariamente no sólo en el Distrito Federal sino en el resto del país, según el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos A.C., pues diariamente se afecta a 200 personas vía telefónica tan sólo en el área metropolitana.
Aproximadamente 4 de cada 10 defraudados pagan el rescate cuando se trata de supuestos plagios. El organismo argumenta que las entidades más afectadas, además del Distrito Federal, son: Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Jalisco y Tlaxcala, donde 95% de las llamadas se realizaron vía celular y el resto en teléfonos públicos, la mayor parte generadas desde el interior de algún reclusorio.
La Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), dice en su Informe de Labores 2006, que 6 de cada 10 reos recluidos en penales de la capital usan celulares.
De ahí que desde finales del año pasado se implementó un sistema de bloqueo de señales telefónicas en las cárceles de la ciudad, pero fue dado de baja por deficiencias técnicas.
José Ángel Ávila Pérez, secretario de Gobierno del DF, aclaró el mes pasado en la sesión del Consejo de Seguridad Pública que la instalación de bloqueadores de llamadas desde celulares será implementado en 2008.
Sin embargo, Fernando Ruiz Canales, dirigente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos reveló que los 20 millones de pesos empleados por las autoridades penitenciarias para la compra del sistema de bloqueo de celulares es dinero tirado a la basura, porque los delincuentes encuentran nuevas formas de extorsión y por medio de contactos la realizan desde teléfonos públicos.
Pero la PGR aseguró que las extorsiones van a la baja, según el informe “Resultados de Alto Impacto”, en donde se menciona que del primero de diciembre de 2006 al 31 de mayo del 2007 se registraron 423 extorsiones vía telefónica por día, con amenaza de secuestro, aunque reconoció que la mayor parte de las víctimas prefieren no denunciar.
El problema ha llegado a tales niveles, que el Congreso de la Unión está buscando reducir fraudes y extorsiones vía celulares. El senador priista Mario López Valdés presentó el pasado 16 de agosto una iniciativa para tener un registro de todos los usuarios del servicio de telefonía celular, para que las autoridades identifiquen a quien cometa un ilícito con uno de estos equipos.
El legislador indicó a través de un informe, que la idea es adicionar una fracción del Artículo 64 de la Ley Federal de Telecomunicaciones que establezca la obligatoriedad de los concesionarios de llevar un registro, con nombre, dirección y otros datos personales utilizando identificación oficial de los usuarios al momento de contratar el servicio.
“La falta de regulación que rige la compra-venta de líneas telefónicas celulares de prepago y chips, hace que pongamos en manos de los delincuentes 59 millones de celulares que circulan en todo el país, aparatos que se convierten en verdaderas armas de extorsión”, añadió.
