Don Roberto, un viejo amigo preguntó: ¿por qué algunos países no tienen corrupción? y me puso a estudiar.
A principios de los años noventa, el Banco Mundial buscaba formas útiles para atacar la pobreza, cuando todo esfuerzo y fórmula propuesta caminaban sistemáticamente al fracaso. Peter Eigen, funcionario del Banco, pensó que seguramente habría una constante; así empezó a analizar los incidentes y coincidencias, hasta definir lo que llamo “Factor C”: la corrupción.
Convencido que atacar la corrupción era una buena forma de incidir en la pobreza, renunció a su trabajo y fundó “Transparencia Internacional”. Así el mundo inició un análisis del fenómeno, poco estudiado, provocando que otros se sumaran al esfuerzo.
El Banco Mundial tomó el reto y aceptó el impulso propuesto; su presidente, James D. Wolfensohn, reconoció que debían estudiar la existencia del “factor C” y aplicar recursos para medir el fenómeno, ya que como había enunciado Peter Eigen: “si queremos mejorarlo hay que medirlo”.
Los investigadores del tema publicaron hipótesis, pensamientos y estadísticas; entre otros, Francis Fukuyama con su libro “Confianza”, exponiendo su planteamiento: los países de mayor corrupción, pobres, los identifica la desconfianza; en contrario: los ricos muestran menos burocracia, agilidad y efectividad en trámites, basándose en la confianza de personas e instituciones. Otros más, como Robert Putnam, concluyeron que las organizaciones intermedias influyen disminuyendo la práctica viciosa.
Los datos recabados hablan por sí solos: los países ricos presentan bajos índices de corrupción en relación a los pobres; los más transparentes —Finlandia, Islandia, Dinamarca, etcétera.-, son poco afectados, comparados con los “obscuros”, que presentan pobreza.
Hay relación entre el PIB y la corrupción: a mayor ingreso, menor abuso. Finlandia tiene sólo el uno por ciento de insolventes y sus servidores públicos trabajos seguros, en tanto cumplan con sus responsabilidades, aunque cambien las autoridades, siendo evaluados con base al desempeño y no a recomendaciones o compadrazgos. ¿Qué le parece?
En los países pobres, entre los servidores públicos, es mayor el índice de corrupción y las naciones industrializadas lo favorecen promoviendo costumbres corruptoras. También la libre expresión y de prensa tienen relación: menos libertad genera corrupción. En naciones donde la denuncia tiene seguimiento efectivo y se aplican estrictamente las leyes, es menor el índice del abuso; cuando las libertades civiles se ven disminuidas, hay aumento de ilícitos, sea por permisividad o impunidad.
Generalmente los países que se consideran “opacos”, sin adecuada disposición para ofrecer información al público, son más corruptos; hay una relación perceptible que se conoce como “tasa premio” otorgada a la inseguridad del dinero de inversionistas extranjeros en esas naciones.
El caso mexicano es desalentador: el 25% de los ciudadanos pensamos son naturales las prácticas ilegales y en los demás hay sentimiento de resignación; la mitad de nuestros compatriotas afirmó respetar la ley, sólo si hay una concreta amenaza a sus personas y curiosamente consideran correcto el castigo al delincuente, cuando se trata de los otros conciudadanos ajenos a ellos. Somos tolerantes a la mentira y más de 76 de cada 100 encuestados piensan que únicamente deben obedecer leyes justas y razonables, según su particular criterio.
En el año 2001, la corrupción en México representó un gasto equivalente al 0.36% del Producto Interno Bruto, 23,400 millones de pesos, que bien pudieron aplicarse en programas de salud, vivienda, educación o ataque a la pobreza. Lo peor es que el costo continúa aumentando, de tal suerte que si sólo tuviera un incremento de 1%, para el año 2030, representaría un desperdicio de la economía nacional equivalente a 700 mil millones de pesos. ¿Imagina qué podríamos hacer con ese dinero?
Otras conclusiones preocupantes: la corrupción de los países en desarrollo los empobrece más y en contrapartida los ricos se enriquecen. Para nuestro caso, la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno dice que afecta doble a las familias pobres y que las “tasas premio” que reciben los inversionistas extranjeros, son pagadas por los que menor tienen. Por si fuera poco, el crédito mexicano es muy caro, ocasionando su bajo uso para impulsar el desarrollo nacional. La burocracia extrema también ha sido medida y calculan que representa un costo de casi 30,000 millones de pesos anuales. La solución está planteada con base a la participación ciudadana en la vida nacional. A mayor cantidad de organizaciones intermedias —ONG´s, clubes sociales y de asistencia, colegios de profesionistas, etcétera.— más denuncia, más exigencia de transparencia y menor corrupción.
La mala noticia es que los mexicanos no tenemos práctica filantrópica: sólo 15 de cada 100 ciudadanos declararon haber sido o forman parte de alguna organización civil. La fórmula es simple: las libertades políticas generan más denuncia y persecución de delincuentes; la participación ciudadana y exigencia de transparencia obliga al Gobierno a mayor apertura de los funcionarios y eso, consecuentemente, hace decrecer la corrupción. Usted decide: ¿Ya le entramos al problema?
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