Gobernadores limitan el accionar de Comisiones de Derechos Humanos al elegir su presidente.
México, DF.- En opinión de diversos especialistas las Comisiones Estatales de Derechos Humanos no cumplen cabalmente con su función, debido a que su accionar está coartado por la intervención de los gobernadores.
En Coahuila, el gobernador Humberto Moreira nombró a Luis Fernando García Rodríguez como titular de la Comisión Estatal.
En el ámbito federal existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en el local hay 30 comisiones y dos procuradurías estatales que hacen de México el país con el sistema público de derechos humanos más grande del mundo.
Sin embargo, los especialistas en la materia ponen en entredicho su efectividad porque no todas las comisiones estatales de derechos humanos poseen autonomía formal, independencia e imparcialidad.
Édgar Cortez, secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”, dijo que el modelo con el que fueron creadas las comisiones estatales está agotado, pues entre más crecen, son más burocráticas y menos eficientes.
Agregó que tampoco hay mecanismos de transparencia y rendición de cuentas ni órganos externos de evaluación “y eso ha hecho que muchos de los titulares no sean los más idóneos ni los que garanticen una mejora”.
“México tiene el sistema público de derechos humanos más grande del mundo, pero también el más costoso”, dijo.
A nivel estatal, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es la que tiene mayor presupuesto con alrededor de 700 millones de pesos. Le siguen la del Estado de México y Jalisco con 50 millones de pesos cada una.
Un comparativo hecho de las legislaciones locales de derechos humanos permite conocer que en nueve estados de la República todavía hay una intervención de los gobernadores para la elección de los presidentes de las comisiones. Ése es el caso de Coahuila, Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas.
Guerrero es un caso que merece ser destacado porque el cargo de presidente de la comisión estatal es vitalicio y sólo puede ser sustituido por jubilación, lo que ha permitido a su titular, Juan Alarcón Hernández, permanecer en ese puesto durante 16 años.
Estudios hechos por los investigadores de la asociación civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Graciela Rodríguez y Luis Miguel Cano López, aseguran que en ninguna comisión de Derechos Humanos estatal se garantiza el distanciamiento de los ombudsman con el poder público.
Esa situación propicia que, por ejemplo, los dos últimos presidentes de la Comisión Estatal en Veracruz hayan ejercido cargos públicos nada compatibles con los Derechos Humanos.
Ellos son José Luis Rivera Huesca, ombudsman para el periodo 2001-2003 y quien fuera director de la Policía Judicial y Noemí Quirasco, quien es desde 2003 la presidenta de la comisión estatal y fue funcionaria en la Administración de Miguel Alemán.
Además las funciones de las comisiones son limitadas porque no pueden conocer de asuntos laborales ni electorales.
