La calma chicha que había vuelto a la Comarca parece que se ha desvanecido. Luego de varios avisos y hechos consumados donde era ya una realidad que La Laguna habría pasado a ser parte de la geografía del crimen organizado como Nuevo Laredo, Culiacán, Monterrey, Tijuana, además de prácticamente toda la franja fronteriza y muchas otras ciudades de la República. Los levantones y el atentado perpetuado contra el empresario Carlos Herrera Araluce y su señora esposa fue el clímax de la nueva era de inseguridad y violencia extrema que se establecía en la región.
Los rumores se dispararon por todos lados, las casas de juego dejaron de operar por semanas, supuestamente porque los malosos los habían amenazado, y las anécdotas de miles de enfrentamientos corrían en todas las mesas de café, de cantina, de comida o de familia de la sociedad entera.
Afortunadamente para ese entonces comenzaron a pasar los días y la tranquilidad volvía a la vida cotidiana, pero jamás se volvió a los tiempos de antes.
Los levantones inventados y reales continuaron en el imaginario colectivo, y las suposiciones sobre las nuevas acciones que tomarían las personas que habían llegado a cometer los actos delictivos, tomaban las dimensiones de la imaginación de quien las contaba.
Muy en silencio, sin embargo, cuchicheando se empezó a correr el rumor de que existían filtraciones del crimen dentro de la Policía Municipal. Inclusive, mandos medios fueron removidos de sus cargos con los que siguiendo en murmuro la tesis de la infiltración tomaba fuerza.
Ocurrió entonces la ejecución el pasado miércoles de dos elementos asignados a la custodia del director de la Policía Municipal, Alfredo Castellanos, y el hervidero por el clima que se vive se ha vuelto a crispar al máximo nivel.
Pero viene lo peor, la Administración Municipal y las autoridades estatales se han enfrascado en guerra de declaraciones para deslindarse de la responsabilidad del terrible hecho que culmina con el asesinato de dos servidores públicos.
Jesús Torres Charles, procurador de Coahuila y Fausto Destenave, secretarios de seguridad, acusan que el alcalde de Torreón, José Ángel Pérez, ya había sido informado de que la Policía local estaba ya infectada del flagelo de la corrupción, mientras tanto el Municipio recrimina a las autoridades estatales que nada hicieron para reaccionar de manera inmediata al atentado, y la activación del código rojo, que está diseñado para que las policías de los tres órdenes de Gobierno se pongan en máxima alerta cuando ocurren hechos de la naturaleza del miércoles pasado.
Destenave suelta un declaración en particular en medio de la conferencia que nada ayuda a resolver el asunto, es más, acusa de una limitación intelectual preocupante del secretario al preguntar qué estaban haciendo los agentes ejecutados en la colonia Aviación -lugar del asesinato-, vaya desde la óptica del responsable de la seguridad a nivel estatal, quizá si los escoltas hubieran transitado por algún otro lado, tal vez los señores sicarios no hubiesen realizado su cometido.
Los focos rojos nuevamente se han encendido, el que se cometa un atentando de esa magnitud, donde se vacían cargadores de ametralladores sobre un auto, es de profunda preocupación, y lo es más la respuesta que tanto el Estado como el Municipio han dado hasta ahora.
José Ángel Pérez tiene que enfrentar algo a lo que seguro no estaba preparado, porque para las personas promedio no es sencillo meterse al embrollo del combate a la delincuencia organizada. Pérez es un alcalde testarudo y terco, no se deja ayudar normalmente, y hasta eso, los torreonenses deben ya estar acostumbrados a su presidente, pero el asunto hoy es el más peliagudo de todos, hay que hacer votos para que el edil hoy abra más allá su mente y sepa manejar esta crisis que por supuesto, él no es responsable que suceda, pero su puesto lo obliga a enfrentar.
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