Hace un par de semanas comentamos sobre las conclusiones generales que el Banco Mundial (BM) deriva de la actual situación económica, política y social de nuestro país, particularmente en lo documentos: La trampa de la desigualdad y su vínculo con el bajo crecimiento en México y Gobernabilidad democrática en México, más allá de la captura del Estado y la polarización social. Sobre el inexistente ejercicio de autocrítica del organismo financiero ya hemos comentado y no vamos a abundar en ello, por el momento.
Los títulos de los documentos describen claramente el panorama del país y no tienen desperdicio, por lo que su pertinencia y actualidad seguirán por un buen rato, a menos que las estructuras reales cambien. Veamos, a cada momento se anuncian ajustes a la baja en las proyecciones del crecimiento, Felipe Calderón dice que aquí en México manda el Estado no los poderes de facto, la férrea disputa por la Ley Televisa, y así por el estilo transcurre la circunstancia mexicana.
En este espacio hemos insistido que en un país con enormes desigualdades sociales, por lo tanto injusto, y con una ostentosa concentración de poderes económicos, y por ende políticos, la democracia electoral es solamente un dato, importante, pero hasta ahí. Para sustanciarla falta mucho.
El Banco Mundial lo frasea en el sentido de que nuestro país “necesita transitar hacia un gobierno democrático efectivo”. Por si alguien dudara que es innecesario adjetivar a la democracia. A lo que hace referencia el BM, sin mencionarlo, es a los poderes fácticos que obstaculizan la democracia, y a los que tanto se han referido los analistas y comentaristas en los últimos meses, sobretodo con mayor intensidad a partir de julio pasado. Estamos hablando de las empresas trasnacionales; los grandes grupos de comunicación; monopolios u oligopolios de producción de bienes y servicios, grupos criminales organizados, organizaciones corporativas, los partidos políticos y la iglesia. Todos ellos factores de poder real que se traducen en poder económico, del dinero pues.
De manera que el BM, después de haber promovido esta concentración, con sus prescripciones de política económica y orientación ideológica, dice que “si México desea mejorar la gobernabilidad, impulsar la democracia y lograr un crecimiento sostenido, deberá deshacerse de los grupos de interés y los monopolios poderosos”. En síntesis, “fortalecer la independencia del Estado de los grupos de poder para dar la imagen de neutralidad”.
En efecto, tanto el BM como el FMI han promovido desde hace más de dos décadas recetas de política económica (con su correspondiente carga ideológica), sin considerar la realidad política, social e histórica de los países, ya que aquellas supuestamente están apoyadas en análisis económicos científicos, por lo que son atemporales y ahistóricas.
Ahora, además de reconocer, pero sin hacerse cargo de ello, que los resultados han sido todo lo contrario a las bondades prometidas, sale con que “la presencia de monopolios y oligopolios que restringen la competitividad de la economía del país y la debilidad de las agencias regulatorias no son una coincidencia o un resultado natural del proceso de desarrollo económico de México. Esto es resultado de formas específicas en las que México ha sido gobernado desde principios del siglo XX”.
Desde luego, las recetas no se pueden aplicar a rajatabla, (para lo cual adiestraron, y siguen adiestrando, tecnócratas locales), a los países ignorando los aspectos históricos y formas particulares en que se han estructurado el Estado y la sociedad.
Remata diciendo que los “los casos ilustrativos de las privatizaciones sugieren la utilización de cálculos políticos para favorecer a grandes empresas (y sindicatos) establecidas (o emergentes) más que a los consumidores o a las posibles nuevas empresas de los sectores”.
El reconocimiento del BM, además de tardío, es inconsecuente, porque sigue promoviendo la política económica, (y orientación ideológica insistimos), favorable a esos grupos que concentran los poderes económicos y políticos que menciona, reforzando esa carencia de “incentivos para cambiar”, como dice el organismo.
El gabinete económico, con la SHCP a la cabeza, es el fiel representante y escudero del organismo internacional, y como para que “la cuña apriete tiene que ser del mismo palo”, ahí está el secretario de Hacienda como viva personificación de ello. Esperemos pues más documentos del BM donde se da “golpes de pecho”.
En estas circunstancias, habría que hacer notar enfáticamente que la reforma del Estado que actualmente se está cocinando deberá poner el acento en su fortalecimiento, es decir que el Estado asuma su papel garante de la unidad y cohesión sociales y de promotor del desarrollo económico y social, haciendo a un lado a los poderes fácticos y de los mercados trasnacionalizados. En una palabra, democratizar al estado, y arrancarlo de esa privatización que han hecho de él las corporaciones económicas y los grupos de poder fáctico, aunque Calderón diga que ellos no mandan. Ese es el enorme reto. Hay tareas, muchas tareas.
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