La Procuraduría General de la República (PGR) ha fracasado ante los tribunales para castigar a los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) que presuntamente colaboran en las redes dedicadas al tráfico de indocumentados: de 60 detenidos sólo ha obtenido sentencias contra seis, los demás han quedado en libertad, ya que la dependencia no comprobó sus acusaciones.
Este es el resultado de las investigaciones que realizó la dependencia entre 2000 y 2006, sobre la supuesta participación de funcionarios migratorios en las organizaciones criminales de “polleros” que operan en el país, de acuerdo con un informe obtenido. La lista de sospechosos que según la PGR colaboraban con estas organizaciones incluye servidores públicos del INM de todos los niveles: delegados regionales, subdirectores migratorios, jefes de inspección, supervisores, agentes de migración y personal administrativo.
Sin embargo, la actuación del Ministerio Público de la Federación para castigar a estos presuntos delincuentes ha sido deficiente, en particular en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), pues 57 de los inculpados fueron consignados ante juzgados por esta área de la PGR.
El caso emblemático es el de una red de traficantes de indocumentados desmantelada en marzo de 2004. El entonces procurador de justicia federal, Rafael Macedo de la Concha y el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, en una conferencia conjunta anunciaron de forma espectacular la captura de 44 servidores públicos y ex funcionarios del INM que operaba en 12 estados.
A partir de la investigación realizada en la SIEDO, se aseguró que los funcionarios migratorios facilitaban a sus cómplices documentos falsos, para que los migrantes pudieran ingresar a Estados Unidos, a cambio de dos o tres mil dólares.
En los tribunales el caso se derrumbó. Para noviembre de 2005, un total de 37 de los acusados habían quedado libres, ya que en el Juzgado 17 de Distrito en Materia de Procesos Penales la PGR no se comprobó su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, tráfico de indocumentados y lavado de dinero, sólo siete quedaron en prisión por ese último cargo, pero eventualmente también abandonaron la cárcel.
El fracaso de la SIEDO ante los tribunales en el combate a estas redes es evidente, de acuerdo con el documento: “en tres averiguaciones previas se ejerció acción penal en contra de 57 servidores públicos de nivel operativo (del INM), de los cuales 53 fueron absueltos en sentencia firme y los cuatro restantes con sentencias condenatorias”.
Mientras que otros tres casos fueron consignados en la delegación estatal de Quintana Roo, donde se procedió contra agentes migratorios, dos de ellos fueron sentenciados a sólo dos años de prisión e inhabilitados por el mismo periodo para trabajar en el servicio público; otro inculpado más fue liberado bajo caución y está en espera de sentencia.
El reporte de la PGR indica que en Quintana Roo otros diez funcionarios están bajo investigación por su posible participación en las redes de polleros, entre ellos un subdelegado y nueve agentes migratorios, y solo cuatro han sido detenidos, pero no se indica cuál es su situación jurídica.
Mientras que en Tabasco, una entidad cuya frontera es centro de operaciones de estas organizaciones criminales, la delegación estatal reporta sólo un caso consignado contra un agente migratorio, aunque el responsable no ha sido detenido.
