Impide jueza federal control de indocumentados mediante el número del Seguro Social.
Una jueza federal impidió que la Administración Bush ponga en marcha la próxima semana un control de los inmigrantes indocumentados mediante el número del Seguro Social, en respuesta a una demanda de la central sindical de Estados Unidos, informaron ayer medios locales.
La jueza Maxine Chesney, del Distrito Federal en San Francisco (California), prohibió que el Departamento de Seguridad Nacional envíe notificaciones a unos 140 mil empleadores acerca de los “números sospechosos” del SS, informó el The Washington Post.
El presidente de EU, George W. Bush, anunció el 9 de agosto pasado varias iniciativas contra los inmigrantes indocumentados y la principal era la exigencia, a partir del 4 de septiembre, de que los empleadores exigieran números del Seguro Social válidos a sus empleados.
El Seguro Social, que es el sistema gubernamental de jubilaciones, otorga a cada trabajador un número de cuenta y a esa cuenta los empleadores envían las deducciones que se hacen de contribuciones jubilatorias sobre los sueldos de los trabajadores.
Muchos trabajadores indocumentados emplean números falsos para obtener empleo. Cuando la Administración del Seguro Social encuentra una discrepancia, la notifica al empleador, pero durante décadas los empleadores no han tomado medidas al respecto.
En EU hay entre 12 y 20 millones de inmigrantes indocumentados, en su mayoría gente joven y trabajadora, que contribuye casi con el 10 por ciento de los fondos para el plan federal de jubilaciones y que no tiene derecho a percibir el beneficio.
La contribución de los indocumentados ha crecido a un promedio de 57 mil millones de dólares por año entre 2000 y 2004, acumulando 585 mil millones de dólares, según la Liga de Ciudadanos Mayores.
En los sesenta y tres años desde su creación en 1937 hasta 1999, el Fondo Fiduciario del Seguro Social había acumulado 301,800 millones de dólares en “ganancias no acreditadas” , que es como el SS denomina a las contribuciones que no pueden vincularse con un número válido de identificación.
La central sindical de EU, la AFL-CIO y la Unión de Libertades Civiles (ACLU por sus sigla en inglés) habían iniciado una querella con el argumento de que el Departamento de Seguridad se había excedido en su autoridad para aplicar las leyes de inmigración y pretendía usar de manera ilegítima los bancos de datos del Seguro Social.
Los demandantes añadieron que tal medida perjudicaría a ciudadanos estadounidenses e inmigrantes documentados: hay errores en los datos del SS de unos 12.7 millones de personas nacidas en EU, 250 mil personas nacidas en otros países y que se han hecho ciudadanos estadounidenses y unos 4.8 millones de inmigrantes documentados.
La orden de Chesney es temporal y la jueza fijó una audiencia para el primero de octubre en la que se analizará el asunto.
Encarcelan a 3 mujeres por introducir ilegalmente a niños en EU
Tres mujeres fueron sentenciadas a más de un año de prisión, por tratar de introducir ilegalmente a niños en Estados Unidos a través de la frontera entre México y Arizona, de acuerdo con un diario local.
Agripina Rey Carrasco, de 46 años y originaria de Phoenix, fue sentenciada el viernes por un juez federal a 15 meses de prisión y tres años de libertad condicional, informó el Arizona Daily Star.
Su hija de 18 años, Aracely Carrasco Rey, fue sentenciada a 18 meses y tres años de libertad bajo vigilancia.
El jueves, Aracely Ayala Gómez, de 18 años y originaria de la ciudad de Nogales, fue condenada a 15 meses de prisión y tres años de libertad condicional.
Los fiscales dijeron que Rey Carrasco y su hija entraron a territorio estadounidense por Nogales, Arizona, el 18 de agosto de 2006, con un niño.
Rey Carrasco afirmó que el menor era su hijo pero las autoridades determinaron que el niño había nacido en México y que las dos mujeres habían accedido a introducirlo en el país.
Ayala Gómez trató de entrar por Douglas, el 24 de abril, con una niña de 4 años y una visa láser que no pertenecía a la menor, dijeron las autoridades, citadas por el rotativo.
Los fiscales dijeron que la niña era ciudadana mexicana y que Ayala Gómez obtendría 200 dólares por cruzar con ella la frontera.
