Jueces y fiscales que han tenido a su cargo complicados casos de corrupción resolverán el caso Fujimori.
Alberto Fujimori será juzgado en Perú por un grupo de jueces y fiscales que ha tenido a su cargo complicados casos de corrupción y drogas vinculados incluso al propio extraditado y que por su profesionalidad nadie cuestiona.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema encargada del proceso estará presidida por César San Martín Castro, un limeño de 52 años que regresó al Alto Tribunal en 2004 tras doce años alejado de la Magistratura.
Su salida del Supremo la decidió el propio Fujimori tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, que supuso la disolución del Poder Judicial.
En ese periodo, San Martín trabajó en el bufete de abogados Ugaz, desde donde defendió en 1999 a las familias Martínez y Baraka en el “caso Hayduk”, relativo al hallazgo de 353 kilos de droga en un barco que llevaba harina de pescado a Colombia.
Ya como magistrado del Supremo, en 2005, San Martín absolvió a Fujimori y algunos de sus ex ministros en el juicio por la supuesta adquisición irregular en 1993 de helicópteros M-17 y camiones a la empresa Mobetek.
A lo largo de la investigación y posterior juicio oral no se pudo acreditar la responsabilidad del ex mandatario, quien logró así su primera victoria legal cuando aún estaba prófugo en Japón.
En el juicio por el autogolpe de 1992, que se inició el año pasado y aún continúa, San Martín fue asignado juez, pero fue apartado del caso tras la recusación presentada por el abogado de Fujimori, César Nakazaki.
Este letrado, que seguirá defendiendo a Fujimori en los próximos juicios, ahora sí confía en el magistrado al considerar que “existe la garantía de imparcialidad”.
En la Sala Especial que procesará a Fujimori, San Martín estará acompañado por los magistrados Hugo Príncipe Trujillo, de 57 años y originario del departamento de Ancash, y Víctor Prado Saldarriaga, nacido en Lima hace 52 años, mientras que el juez instructor será el vocal Guillermo Urbina Ganvini.
Príncipe, profesor de Derecho en la Universidad Mayor de San Marcos, acogió en 2003 la denuncia contra diez ex funcionarios fujimoristas involucrados en el manejo irregular de ropa donada.
También investigó en 1985 al capo peruano de la droga Reynaldo Rodríguez López, alias “El Padrino”, que fue sentenciado a 25 años.
En diciembre pasado falló a favor de condenar a 20 años de prisión al empresario Fernando Zevallos, por tráfico de drogas y “lavado” de dinero.
Prado Saldarriaga es consultor de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad Andina en prevención y control de drogas, “lavado” de activos y crimen organizado.
Vocal superior titular desde 1992, Saldarriaga es presidente de la Quinta Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima, que se encarga de casos de corrupción.
Urbina, por su parte, será el encargado de tomar declaración a Fujimori en el primer caso por el que va a ser juzgado, el allanamiento de la vivienda de la esposa de Vladimiro Montesinos, Trinidad Becerra, para supuestamente deshacerse de pruebas incriminatorias.
Este proceso quedará visto para sentencia tras la toma de declaración, ya que se trata de un proceso sumario y por el que el ex mandatario podría ser condenado a siete años.
Por último, el encargado de revisar las apelaciones de la defensa en los juicios será el fiscal Pablo Sánchez, artífice de la acusación a Fujimori por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos.
Estas matanzas, que provocaron la muerte de 25 personas, fueron supuestamente cometidas por el grupo militar encubierto “Colina” y el extraditado deberá responder por ellas.
Sánchez proveyó testimonios y evidencias de que el ex presidente conocía a los cabecillas de ese escuadrón de la muerte porque antes de los asesinatos los había condecorado y ascendido de grado.
Este fiscal también investigó la venta de armas jordanas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), operación por la que el que fuera asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, cumple una condena de 20 años de prisión.
En manos de este equipo de profesionales está el futuro del ex presidente peruano, extraditado el pasado sábado desde Chile por dos delitos de lesa humanidad y cinco de corrupción.
