Germán Martínez, Secretario de la Función Pública. (El Universal)
Su titular, Germán Martínez, sostiene que las auditorías deben hacerse sin prisas para que den resultados ciertos.
La pesca no parece ser el deporte favorito de Germán Martínez Cázares, el secretario de la Función Pública.
Desde diciembre de 2006, cuando inició la actual Administración del presidente Felipe Calderón, al menos 13 casos que atrajeron la atención mediática, sólo en dos de ellos hubo ya una sanción, pero los casos aún se ventilan en tribunales.
Incluso, uno que heredó la Administración del ex presidente Vicente Fox, la inhabilitación y multa de Guido Belsasso, ex titular del Consejo Nacional Contra las Adicciones, en los últimos meses se ha venido cayendo y de cinco amonestaciones, al menos cuatro ya las venció, sólo le falta la que le inhabilita 10 años a volver a ocupar un cargo en el Gobierno.
Un cercano colaborador de Germán Martínez sostiene que hay labor de prevención y sanción que la dependencia no publicita.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene la responsabilidad de velar la actuación de los servidores públicos y el manejo de los recursos federales.
El universo a vigilar es de este tamaño: 246 dependencias de la Administración pública federal (secretarías de Estado y dependencias como Pemex, IMSS o ISSSTE), que en conjunto tiene a poco más de un millón y medio de burócratas.
No está sola en esta tarea, pues le acompaña como ente externo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados.
La labor auditora del Gobierno Federal nació con el Gobierno del ex presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), quien ante la crisis económica y de imagen por corrupción, resolvió crear la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef), como parte de lo que llamó “renovación moral”. Pero no pasó de ahí. A lo largo de los años la Contraloría General no sirvió más que de instrumento político a los Gobiernos en turno.
Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sostiene que la Secogef tuvo un origen positivo, pero a lo largo de la historia se desvirtuó “desgraciadamente por las visiones distintas de los diferentes Gobiernos. Se cambió su naturaleza y diseño hasta terminar en lo que actualmente es, una institución que promueve y presenta denuncias, pero hasta ahí, porque ya hasta se le quitó la facultad de la sanción, con la creación del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa”.
A su llegada a la Presidencia de la República en el 2000, Vicente Fox vendió la idea de un “zar anticorrupción”. Encomendó esa tarea a un hombre que se enredó en sus propias declaraciones. Francisco Barrio Terrazas, ex gobernador de Chihuahua, lanzó el anzuelo de que iba “por peces gordos”. Pero no. El caso más importante del sexenio, el desvío de mil 500 millones de Pemex a la campaña presidencial del PRI en 2000 no tiene hoy a nadie en prisión y uno de los principales acusados, el ex director de Pemex, Rogelio Montemayor, aún litiga para lograr su exculpación total. El PRI pagó una multa millonaria al IFE por este motivo.
El 18 de junio de 2007, Martínez Cázares se enfrentó al fantasma de la frase acuñada por Barrio.
-¿Peces gordos o pececillos?, lanzó un periodista.
-Yo creo que lo que no debe hacerse es dar declaraciones grandilocuentes, respondió serio Germán Martínez.
González de Aragón sugiere “repensar el deber ser de la Secretaría de la Función Pública”.
En su opinión, ahora que se debate la reforma fiscal-hacendaria del presidente Felipe Calderón Hinojosa, se debe valorar la pertinencia de que en lugar de un consejo de evaluación de políticas públicas, si ya se cuenta con infraestructura y presupuesto de la SFP “por qué no aprovechar lo que ya se tiene y se dé esas atribuciones a la SFP y efectúe las evaluaciones correspondientes”.
Esto, además, obedecería al principio fundamental del control: que es que no sea la misma dependencia la que asigne, autorice y evalúe (la Secretaría de Hacienda), es decir, debiera ser otra dependencia. “La una debiera ser Hacienda y la otra (que evalúe) la SFP”.
Martínez Cázares asegura que “se está haciendo un trabajo conforme a derecho, apegado a calidad y a profesionalismo, a prueba de resoluciones que después la ASF avale y que después el Tribunal (Fiscal de justicia Administrativa) y la Corte respalde, que no resistan un amparo posterior. Lo que debe hacerse es un trabajo de calidad para que los ciudadanos no se vean defraudados en la confianza que han depositado en nosotros”, defendió.
El secretario de la Función Pública, a quien muchos ven como fuerte sucesor de Manuel Espino en la presidencia nacional del Partido Acción Nacional, sostiene que “las auditorías deben hacerse sin prisas, pero sin pausas para que den resultados ciertos. Para que no se toleren impunidades, pero para que tampoco se cometan injusticias”.
Sin embargo, la exigencia de resolución en casos como las irregularidades que mantienen cerrada desde marzo la megabiblioteca José Vasconcelos; la responsabilidad de funcionarios en la tragedia de la mina de Pasta de Conchos, el año pasado y las licitaciones poco claras del programa Enciclomedia, son parte de los pasivos que arrastra la SFP.
Juan Antonio Fernández, ex titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, y ex miembro de Amigos de Fox, fue inhabilitado y multado por irregularidades en el Seguro Popular, pero se defiende en tribunales.
Dolores Creel, hermana del senador panista Santiago Creel, también se defiende de multas e inhabilitaciones por su paso en Conaculta en el sexenio pasado. La temporada de pesca, al parecer, no ha comenzado o no es el deporte favorito de Germán Martínez.
